Liz Vilchis
La Jornada
A la llegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, pobladores y testigos de los hechos acontecidos el miércoles por la tarde mostraron los artefactos con los fueron agredidos.
Vecinos del lugar se organizaron la noche de ayer, para llevar a la presidencia municipal de la comunidad, costales de yute que cargaban cascos de gas lacrimógeno, balas de goma, granadas de gas y una suerte de proyectiles de plástico, para denunciar ante la CNDH los abusos de los que fueron víctimas por parte de los granaderos en el enfrentamiento suscitado la tarde del miércoles.
Ante el organismo, las personas afectadas, entre las que se encontraban familiares de personas lesionadas, así como de los cinco detenidos, contaron que el llevarse el Registro Civil de las comunidades atenta contra la identidad de sus pueblos y exigen al gobierno del panista, Rafael Moreno Valle Rosas, que respete su derecho a expresarse.
Hasta el momento, el gobierno estatal se mantiene hermético ante las protestas de las juntas auxiliares. Sin embargo, el representante del Poder Ejecutivo en el estado dijo ayer a la televisora TV Azteca dijo lo siguiente:
“Lo lamentable es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma. El gobierno tiene que responder y, sobre todo, con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad. Pero, insisto: el punto fundamental son los ciudadanos que tienen que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados (por el cierre de vías de comunicación), ellos son los que están violentando el Estado de Derecho”.
