Redacción La Jornada
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTA) demandó públicamente al edil de San Andrés Calpan, Leonardo Lázaro Jiménez, que mantenga su compromiso hecho con el pueblo de no dar ningún permiso de cambio de uso de suelo ni de cualquier otro tipo para el paso del gasoducto por sus comunidades, obra que forma parte del Proyecto Integral Morelos.
En rueda de prensa, Miriam Vargas Teutle, del Frente de Pueblos, exigió también que Lázaro Jiménez lleve a cabo la sesión de cabildo extraordinaria de manera pública, para que en dicha reunión cumplan no dar ningún permiso para la construcción de la obra en el territorio de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala.
De lo contrario, el Frente de Pueblos amagó con realizar protestas permanentes, de manera pacífica y con base en el derecho que los asiste de manifestarse, como última vía para que el presidente y su cabildo escuchen y dialoguen con los pobladores que se verán afectados por la obra.
Vargas Teutle hizo responsable al alcalde Leonardo Lázaro de todo lo que pueda pasar a los campesinos que encabezan la lucha social y legal en contra del proyecto, pues explicó que a pesar de que han buscado el diálogo, la autoridad desde hace meses se niega a escucharlos e incumple con su función de trabajar por y para el pueblo.
“Nosotros, los pueblos del Popocatépetl, San Andrés Calpan y San Lucas Atzala, manifestamos nuestro rechazo al gasoducto y a todos los proyectos que solo buscan quitarnos la tierra de la que vivimos y comemos”, declaró.
A nombre de los afectados, dijo que las comunidades dicen un rotundo no al gasoducto por ser un proyecto que pone en riesgo la vida de los pobladores de esta región del estado de Puebla.
El Frente de Pueblos también manifestó su preocupación por las declaraciones hechas por el presidente municipal a medios de comunicación, en el que admite haberse reunido dos veces con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que está a la espera de que la comunidad apruebe el proyecto.
En junio pasado, Miriam Vargas recordó que el presidente municipal de Calpan argumentó a reporteros que la obra es de “beneficio social”, y que a cambio del derecho de vía solicitará obras para su comunidad.
Además, refirió que Lázaro Jiménez declaró que “la totalidad de los propietarios de predios por donde pasará el gasoducto ya vendieron sus terrenos”, lo cual, refutó, es una mentira absoluta.
“Es mentira que todas las personas ‘directamente afectadas’ ya vendieron o rentaron sus tierras, y los pocos que lo han hecho ha sido a base de engaños y amenazas por parte de las empresas involucradas e interesadas en instalar el gasoducto, como Bonatti SPA”, denunció a los medios de comunicación.
Por último, recordó al edil Lázaro Jiménez que él mismo fue quien se comprometió a convocar al pueblo de San Andrés Calpan y San Lucas Atzala para llevar a cabo, el día 6 de junio de 2014, una sesión de cabildo extraordinario, en donde se manifestaría por parte del pueblo y del ayuntamiento el rechazo al proyecto del gasoducto.
