Mónica Camacho
La Jornada (Foto: La Jornada)
Los dirigentes del Movimiento Nacional Los de Abajo acusaron que el gobierno del estado se encuentra detrás de la campaña negra contra la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, que avivaron integrantes del sol azteca el domingo pasado al amenazar a la legisladora con iniciarle un proceso de expulsión dentro de ese partido de izquierda.
El posicionamiento se fijó durante una conferencia de medios donde el dirigente estatal de la organización, Hilario Alonso Flores, reprobó que integrantes del PRD acepten el papel de “personeros” de una administración que es investigada por incurrir en violaciones a los derechos humanos.
En la rueda de prensa también estuvo presente Roxana Luna Porquillo, quien anunció que promoverá una demanda por daño moral contra los militantes del sol azteca que encabezaron la ofensiva en su contra, ya que las irregularidades que le imputan carecen de sustento.
Movimiento Nacional Los de Abajo responsabilizó de la campaña negra a los consejeros estatales Alejandro McGregor Lara, Juan Carlos Carmona y Enriqueta Sánchez, quienes encabezaron el domingo una conferencia de medios para repudiar la participación de la diputada en movilizaciones sociales contra el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
Asimismo, imputaron a la legisladora supuestos actos de extorsión contra ediles de los que no ofrecieron pruebas y la criminalizaron por permitir la presencia de niños en las protestas ciudadanas.
Chalchihuapan, razón de los ataques
Roxana Luna afirmó que los actos de difamación en su contra son producto del respaldo que ha brindado a diversas causas sociales como líder del Movimiento Nacional Los de Abajo, a las que ha dado voz en la Cámara de Diputados.
La campaña de desinformación se volvió sistemática, prosiguió la representante popular, desde que se exigió a la administración estatal respetar el derecho de los pueblos a ser consultados sobre los megaproyectos
“En particular a los que se refieren a la construcción de la autopista Arco Poniente, la del gasoducto Plan Integral Morelos (PIM), la conversión de los mototaxistas en taxis locales, la privatización del agua, las concesiones mineras, la expropiación de tierras, así como la aprobación de la #LeyBala”, expuso.
No obstante, aseguró que la razón principal de los ataques que ha recibido es el respaldo que brindó a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan para denunciar a nivel nacional la represión de la que fueron víctimas sus pobladores el 9 de julio pasado, durante un operativo que efectuó la Policía para dispersar una manifestación y que ahora es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En el operativo se aplicó la #LeyBala y tuvo como saldo la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, lesiones imborrables contra nueve ciudadanos y el encarcelamiento de cuatro personas”, refirió.
La segunda causa que identificó en la animadversión del gobierno hacia su persona fue la integración de la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), la cual exige que sea restituido el servicio del registro civil como facultad de los presidentes de las juntas auxiliares.
En el caso de los perredistas que el domingo pasado se sumaron a la campaña negra, la representante popular, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, lamentó que respaldaran “la intensión del gobierno de debilitar los movimientos sociales”.
A su parecer, el comportamiento de sus correligionarios obedece a un objetivo de “ganar puestos” durante la renovación de los órganos internos del PRD, proceso en el que pretende influir la administración estatal.
Democratizar al estado, el objetivo
Roxana Luna hizo un llamado a las organizaciones sociales y políticas del estado a firmar un pacto por la democracia y los derechos humanos en Puebla, con el fin de impulsar una reforma constitucional y la creación de una Ley de Participación Ciudadana en la que se establezca el derecho de todos los poblanos a participar en la toma de decisiones.
Al respecto, agrego: “Ante la campaña negra propongo una acción positiva: los poblanos tenemos derecho a opinar en consulta popular la legitimidad de las leyes y medidas gubernamentales que han alterado la convivencia pacífica y que obstaculizan la democracia en Puebla”.
La diputada enlistó entre los temas a consultar las reformas en materia de expropiación, las que permitieron la privatización del agua y las que prohibieron el servicio de mototaxis, así como la creación de la #LeyBala y de la nueva Ley Orgánica Municipal. Todas impulsadas y aprobadas en los tres años y medio que lleva el sexenio.
