Marcela Turati
Proceso (Imagen de archivo)
TIXTLA, Gro. (proceso.com.mx).- El sábado, a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero escenificaba en Iguala, ante la prensa, una teatral reunión con su gabinete en crisis por la desaparición de los 43 normalistas y presumía su colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal que a partir de ayer tomó el mando de la búsqueda.
El equipo conformado por expertos independientes llegados de varios países a petición de los estudiantes normalistas y las familias de los desaparecidos, ha tenido que enfrentar diversos obstáculos por parte de autoridades estatales y federales, como había denunciado Amnistía Internacional y ahora denuncia el centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó el abogado Vidulfo Rosales, de “Tlachinollan”, quien menciona que el último incidente ocurrió ayer.
El bloqueo fue al mediodía, cuando el gobernador anunciaba en el Museo de la Bandera que se inauguraba una segunda etapa de búsqueda de los jóvenes y daba la palabra a los miembros de su gabinete para que informaran el trabajo realizado hasta el momento.
“Tengo fe de que a nuestros jóvenes los encontraremos con vida y esa es y sigue siendo mi prioridad. No descansaremos hasta que regresen cada uno a sus hogares (…) Tengo esperanza y fe que algunos de los cuerpos encontrados en esas fosas no pertenezcan a esos jóvenes”, dijo el gobernador ante los medios.
Al final de la reunión que duró 15 minutos, y para no recibir preguntas de la prensa, sus colaboradores cerraron las cortinas del auditorio, como se hace al final de una función de teatro.
“Estuvo bueno el show”, se escuchó el grito de algún periodista. “Ya se acabó la función de títeres”, gritó uno más. “Qué bueno que ya acabó el circo”, fue otro de los gritos.
Este domingo, un día después de la escenificación, el abogado Montes, en entrevista con Proceso, informó lo que sobre terreno ocurría en realidad.
“No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”, dijo en entrevista con Proceso. El EAAF no ha querido dar declaraciones al respecto.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones a derechos humanos masivas, como Argentina en tiempos de la dictadura, Bosnia y en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad les han impedido hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia y cuando se destrabó no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, hasta el tercer día se normalizó”.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
El defensor señaló que el gobierno estatal perdió mucho tiempo para comenzar la búsqueda de los estudiantes. Primero se enfocó en detener a los policías municipales acusados de los asesinatos y la desaparición, y en sus declaraciones, luego encabezó un operativo de búsqueda en la que puso a los padres a preguntar, casa por casa, por el paradero de sus hijos y después mandó a todos los burócratas –desde el barrendero hasta el director de área y los secretarios— a hacer lo mismo.
Pero la búsqueda nunca fue seria, coordinada y con labores de inteligencia. Y a partir del hallazgo de las primeras cinco fosas el gobierno se dedicó a la identificación de cadáveres y dejó la búsqueda en vida. En ese tiempo el gobierno federal se mantuvo omiso.
“Fue su estrategia política anunciar: ‘Ya se encontraron los cuerpos para acabar con la inconformidad de las familias, para decir ‘se acabó el tema Ayotzinapa, se acabó el problema’, pero es una válvula de escape. Ni el gobierno federal ni el estatal saben si los restos son de ellos o no”, dijo en la entrevista.
Criticó también que algunos ministerios públicos no fueron sensibles con la gente. Mencionó el caso de Elizabeth López Peña, titular dentro del estado del área encargada de búsqueda de desaparecidos, por su insensibilidad con la gente –por ejemplo, les negó copia de sus propias declaraciones– y por haber hecho los trámites más tardados para extender el tiempo de la toma de muestras.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El 10 de octubre pasado, Amnistía Internacional denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
Aunque la desaparición de los estudiantes ocurrió la noche del 26 de septiembre, el día de hoy un enviado de la Secretaría de Gobernación anunció a las familias reunidas en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el gobierno federal empezó a hacerse cargo de las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos. La tardanza de 16 días desató la indignación de los familiares.
