Carlos García
La Jornada
León, Gto. Por «obstruir las vías de comunicación», 200 recolectores de basura que marcharon sobre el bulevar Adolfo López Mateos, fueron denunciados penalmente por el «gobierno» priísta de León.
La fracción parlamentaria del PRD reprochó que por intolerancia la presidenta municipal, Bárbara Botello Santibáñez, quiera criminalizar la protesta social.
La autoridad local acusó a los manifestantes de obstruir las vías de comunicación, sin embargo, fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la que bloqueó la principal arteria de la ciudad con patrullas y grúas para impedir que la marcha llegará al centro de la ciudad.
El secretario del Ayuntamiento (aspirante a candidato a alcalde por el PRI), Martín Ortiz García informó que el Ministerio Público (MP) integró la averiguación previa 21120/14. “Esperamos que el Ministerio Público actúe con prontitud y esclarezca los hechos”, externo el funcionario, quien adelantó que actuarán para “minimizar” las afectaciones que provocan las protestas de los recolectores de basura, pepenadores y ex permisionarios.
Los ex trabajadores de limpia han realizado múltiples manifestaciones, desde el 12 de julio tienen un plantón frente a la presidencia municipal para protestar contra la licitación que lanzó el ayuntamiento, a la que califican de “amañada”, por otorgar una concesión a las empresas Red Recolector y GISA para que presten el servicio de limpia por 20 años.
La medida dejó sin empleo a mil 200 familias y a los 118 pequeños permisionarios que durante 35 años recogieron los residuos sólidos de León. En el plantón han recaudado cerca de 50 mil ciudadanos que apoyan su movimiento de lucha.
“El uso de la fuerza pública y la denuncia penal puesta contra los ex trabajadores de limpia muestran el autoritarismo de la alcaldesa de León”, lamentó la coordinadora de los diputados del PRD, Guadalupe Torres Rea.
El dirigente del PRD en León, Rodrigo González Zaragoza cuestionó que la administración de Bárbara Botello intente criminalizar un movimiento social y calificó como una “payasada” que interpusiera una denuncia penal contra los pepenadores.
