Fernanda García Cruz
Sinembargo
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– La empresa Industrial Minera de México, mejor conocida como Grupo México, ha sido la protagonista de los accidentes más grandes que el sector minero en el país ha tenido en los últimos años.
Grupo México es quizá, de todas las empresas mineras del país, incluyendo las compañías transnacionales, la que mayor número de terrenos en el país tiene, añadiendo las propiedades que forman parte de Ferromex y otras empresas del mismo Germán Larrea Mota Velasco, considerado el tercer hombre más rico de México y el número 79 del mundo –según el ranking 2013 de la revista Forbes– con una fortuna personal de 13 mil 300 millones de dólares.
La compañía minera es, sin importar el compromiso tanto social como ambiental que su hegemonía le da, responsable de importantes delitos contra la salud de los obreros y el medio ambiente, acusan con diversas pruebas activistas en favor del medio ambiente y de los derechos humanos.
LOS CASOS RECIENTES
Derrame de ácido sulfúrico del pasado 7 de agosto en Sonora, que afectó al Río Sonora. Foto: Twitter @Pulsar592
El pasado 7 de agosto, Grupo México fue el culpable de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, dejando sin agua a siete municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo, y afectando a aproximadamente 22 mil personas.
“A la población de esos lugares, las autoridades ambientales y de protección civil no alcanzaron a avisarles sino cinco días después del derrame. La empresa ocultó deliberadamente la falla”, informó el Sindicato de Mineros por medio del boletín informativo publicado el 14 de agosto.
Sin embargo, éste no es el primer problema en el que se ha involucrado la empresa minera. Además de ser el responsable de daños ambientales, también ha sido acusada de la muerte de cientos de mineros que por falta de medidas de seguridad, han perdido la vida en derrumbes y otro tipo de accidentes relacionados con las minas.
El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila. La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.
Los mineros fallecidos se encontraban trabajando a 490 metros, dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. De acuerdo con los peritos, quedaron a 150 metros bajo tierra y únicamente se lograron extraer dos cuerpos de los 65 mineros que murieron sepultados. A ocho años del siniestro, las familias aún reclaman los cuerpos que permanecen en el fondo de la mina.
El último accidente fue el que se registró el pasado 12 de febrero en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí, en donde cinco trabajadores mineros perdieron la vida a causa de la ruptura de los cables guías de una calesa que transportaba 8 toneladas de carbón.
Otro incidente registrado, aunque no precisamente bajo el nombre de Grupo México, fue el caso de un pozo donde murieron dos trabajadores en una de las minas de carbón de la empresa minera Alva Ram de Agujita SA de CV, la cual estaba trabajando una concesión de Grupo México.
Sobre este caso, Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, declaró: “Esta empresa dijo que ellos no eran los que lo trabajaban, sino que era un tipo de nombre Valdemar, apoderado legal de la empresa. Grupo México simuló que se habían metido a su lote sin ellos saber, como si fuera delincuencia organizada, y lo que hicieron fue mantener la concesión cuando era una empresa contratada por ellos para extraer carbón”.
El deslinde de responsabilidades se vuelve un tema complicado ya que “Grupo México tiene aquí en la región un tajo o mina no muy grande, pero evidentemente está comprando el carbón de pozos y está dando sus concesiones a trabajar a pozeros. Hemos encontrado concesiones de ellos donde mueren mineros y aparentemente no pasó nada”, agregó.
Todo esto sin agregar a la lista las enfermedades, accidentes (como pérdida de partes del cuerpo y amputaciones) y complicaciones médicas que los mineros contraen y de las cuales son víctimas a causa del incumplimiento de las normas internacionales de seguridad, higiene y salud, además de no implementar las recomendaciones que surgen a partir de las inspecciones que se puedan llevar a cabo por las autoridades correspondientes, denunció la activista.
“Donde quiera que va Grupo México, lo único que lleva es destrucción y muerte, tanto en México como en el extranjero”, agregó en su comunicado el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
SANCIONES E INDEMNIZACIONES
A ocho años de la tragedia, familiares de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos aún esperan justicia. Foto: Cuartoscuro
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por el derrame de ácido sulfúrico contra el complejo minero Buenavista del Cobre del Grupo México, y buscará aplicar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y le levantará una multa de 40 millones de pesos a la empresa.
Sin embargo, el Sindicato de Mineros destacó que “el derrame es un nuevo ‘homicidio industrial’’, por lo que la multa que se quiere aplicar a la compañía de sólo 20 mil salarios mínimos, que en total significa 1 millón 380 mil pesos, “resulta irrisoria, cuando tan sólo en el primer semestre de este año este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares, es decir, unos 17 mil millones de pesos”, destacó la organización.
Antes del accidente ocurrido en Pasta de Conchos, la empresa debió de haber pagado aproximadamente 1 millón de pesos de multa por minero muerto. Por el accidente ocurrido en la mina de Charcas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) impugnó una multa por más de 13 millones 445 mil pesos. Se indemnizaron 400 mil pesos por cada minero fallecido, cifra a la que se sumará las pensiones de los hijos de los trabajadores. La cifra cobrada por la multa aunque sea “histórica”, en realidad equivale al 0.22 por ciento de las utilidades de un trimestre de la empresa.
“A las familias de San Luis Potosí les ofrecieron 400 mil pesos pero no sé como tasaron eso, mientras que los de Pasta de Conchos estuvieron en 750 mil pesos. Las cifras es de acuerdo a la buena voluntad de la empresa, que por cierto es muy poca”, informó Cristina Auerbach.
Grupo México con el caso de San Luis Potosí iba a tener una multa chica; sin embargo, el gobierno federal determinó que la multa que se debería imputar tenía que ser superior a 7 millones de pesos. Ante esta noticia la empresa minera con ayuda de sus abogados consiguieron las influencias suficientes y un amparo en contra de esta multa que actualmente evita el pago de las indemnizaciones.
Acerca de esto, José Ángel Hernández Puente, secretario tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, declaró que “en lo ocurrido en San Luis Potosí el gobierno le dio una multa grande de varios millones y lo que hace Grupo México es ampararse para no pagar.”
“Se siente muy arrogante por la ayuda que recibió de parte gobiernos anteriores, que fueron los de Fox [Vicente Fox Quesada] y Calderón [Felipe Calderón Hinojosa]. Ya se necesita un castigo ejemplar”, agregó.
Asimismo, Cristina Auerbach afirmó que “no es un asunto de dinero, es un asunto de dignidad como país y de respeto de la vida de los ciudadanos. Cuando las cosas sabes que están mal y te suceden, se llaman siniestros porque hay un acto deliberado ahí”.
La empresa Grupo México ha bajado un poco el perfil después del accidente de Pasta de Conchos. La integrante de la organización Familia Pasta de Conchos informó que en los reportes financieros de Grupo México “no aparece esta mina, ni contempla la minería del carbón, desaparecieron esto de sus reportes para protegerse de las críticas”.
Actualmente los registros de los accidentes ocurridos dentro de las minas que pertenecen a esta compañía han sido menores porque permanecieron paradas por mucho tiempo gracias a las huelgas de los trabajadores mineros. Por ello, es sabido que también gracias a las huelgas que mineros de la región han realizado, Grupo México se ha encargado de traer y “contratar” gente de todo el país, así como de Centroamerica, a trabajar a las minas después de lo ocurrido en Cananea.
ASARCO DE GRUPO MÉXICO
En los países donde opera Grupo México hay un sinfín de violaciones a los derechos de los trabajadores, dice José Ángel Hernández Puente, secretario tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Foto: Cuartoscuro
Antes de la privatización del sector minero, la empresa que ocupaba el lugar de Grupo México en la región carbonífera era la compañía norteamericana llamada Asarco, que actualmente es filial y subsidiaria de la compañía mexicana.
Hoy en día esta empresa también ha sido sancionada por el gobierno norteamericano y organizaciones ambientales con multas de millones de dólares por daños ecológicos, además de que posee un historial brutal de muertes que se ha hecho evidente con los años.
De acuerdo con un artículo publicado en el American Metal Market (AMM), el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) informó que Asarco acordó pagar una multa de 40 mil dólares para resolver las acusaciones que recibió en el año 2012 por haber descargado ilegalmente más de un millón de litros de agua mezclada con residuos de tratamiento de su mina de cobre en el Río Gila causados por rupturas de las tuberías.
Asarco, unidad de Grupo México con sede en Tucson, Arizona, sancionada por haber violado la ley federal de aguas limpias, paró sus actividades en abril de este año para solucionar los problemas ocasionados en la unidad de Belgravia.
“Ya hay una práctica de la empresa la cual las autoridades no pueden con ella. Este es con el tema de privatización de energéticos. Grupo México acaba de anunciar que le interesan 10 campos y lo que acaba de ocurrir gracias a ellos da un mal mensaje respecto a la promoción de la privatización y la entrada de empresas privadas. El caso de Grupo México en este país con Asarco a sido desastrosa”, aseguró Cristina Auerbach.
“En los países en donde radica Grupo México se rompen las leyes, se afecta al medio ambiente, hay violaciones y no hay ningún compromiso entre el patrón y el obrero”, concluyó José Hernández.
