Enrique Méndez
La Jornada
El estado de Guerrero registra el primer lugar nacional de desaparición de personas, y aun así el gobierno de la entidad no tiene actualizado su registro de ciudadanos que se encuentran en esa situación, explicó el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.
En una reunión con la comisión especial que investiga la desaparición y asesinato de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ocurridos en Iguala, Rochín ofreció revisar si el ataque armado a los normalistas puede considerarse como una agresión a la comunidad estudiantil y en ese caso, como señalaron diputados federales, encuadrarse en un delito de odio con objeto de afectar a un grupo poblacional determinado.
“No lo había considerado pero voy a revisar el tema de la comunidad de Ayotzinapa y responderé sobre ese punto”, dijo.
Debido a que la información que el funcionario presentó a los legisladores fue de carácter general, éstos le solicitaron un nuevo encuentro para el jueves. En tanto, el presidente de la comisión especial, Guillermo Anaya (PAN), anunció que los legisladores se entrevistarán la tarde de este martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el procurador Jesús Murillo Karam.
Durante el encuentro de esta tarde en la Cámara de Diputados, Jaime Rochín afirmó en su reporte que de acuerdo con la información conocida hasta ahora “agentes de la policía municipal, presuntamente en colusión con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado a los estudiantes de manera indiscriminada con armas de fuego de grueso calibre”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) le preguntó si de esta expresión puede concluirse que los policías actuaron en colusión con el crimen organizado o si los agentes municipales eran miembros del crimen organizado. En cualquier caso, anotó, los estudiantes y sus familias deberían de contar con protección especial.
Rochín del Rincón indicó que aun cuando la comisión ejecutiva ha podido revisar la averiguación previa del caso, no puede revelar información de la indagatoria en curso. Sin embargo, expuso que ya se ha solicitado la protección específica para los familiares de las víctimas.
Sostuvo que la agresión a los normalistas se volvió de mayor gravedad cuando se encontraron las fosas clandestinas en las cercanías de Iguala y planteó que a partir de este hecho “debemos aprender la lección como Estado mexicano y asumir la responsabilidad de que hechos como éste no vuelvan a suceder”.
