Redacción E-consulta
La iniciativa preferente que el Peña Nieto envió el 1 de septiembre al Senado de la República para crear la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, incluye artículos que establecen límites al derecho a la libertad de expresión y tiene ambigüedades que, de no subsanarse durante el debate legislativo, podrían abrir la puerta para amenazas a directivos y editores, y al control de la Secretaría de Gobernación sobre la agenda de los medios masivos de comunicación, advirtieron la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con una nota del periódico El Universal, la SIP identificó en la propuesta de los artículos 78, 80, 87 y 137 una vía “para coartar la libertad de prensa y expresión, con el agravante de condenar a prisión a periodistas, editores y directores de medios de comunicación”.
Manifestó su “preocupación” por un intento de criminalizar su labor, a través de una misiva que envió a los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, los perredistas Luis Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, respectivamente.
Según una radiografía de la SIP, en Venezuela, Ecuador, Colombia y Uruguay se utilizaron reformas de protección a los menores frente a contenidos y publicidad como “caballos de Troya” para avanzar en restricciones a los medios en otras leyes.
Ernesto Villanueva, experto en derecho a la información, consideró que la iniciativa plantea una regresión muy grave en la materia “encapsulada” en un tema positivo para los menores del país. “Es una ley que bajo su espíritu loable está metiendo restricciones a los medios, está introduciendo candados como de contrabando”.
El artículo 137 de esta iniciativa establece que al empleado de un medio de comunicación que tenga concesión para dar el servicio de radiodifusión o de medios impresos que publique nombre, imágenes, voz o información de menores sin autorización, se le castigará con pena de dos a cuatro años de prisión y multas de hasta 600 mil dólares.
“Imagínate una multa de esta naturaleza para un medio de comunicación pequeño o mediano, lo quiebras; acabas con él”, dijo Villanueva.
Adicionalmente, la SIP resalta la ambigüedad en el fraseo del artículo que derivaría —de no modificarse— a una incertidumbre jurídica para los representantes de medios.
El investigador consideró que el Congreso debe instalar mesas internas para dialogar con representantes, directivos y editores, y dijo que las sanciones de tipo penal —prisión— no están planteadas ni aun en la Ley de Imprenta ni estuvieron a ese nivel para castigar difamación y calumnia, tipos penales que ya no existen.
En contraste, Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró exagerada la posición de la SIP: “¿desde cuándo el derecho de libertad de expresión está por encima de derechos a la no violencia o salud de menores?”
Aunque también identificó ambigüedades en el fraseo presentado en la iniciativa y propuso que en la ley se aclare que la barra de programación a menores se amplía de las 19:00 a las 21:00 horas, que coincidiría con otros países.
“Me parece que el artículo 82 no viola la libertad de expresión, siempre y cuando se establezca dentro de este mismo artículo que se habla de la barra de programación dedicada a los niños. El problema es que nuestra barra se ha fijado como una programación que termina a las 7 de la noche, eso no sucede”, explicó Issa Luna Pla.
La iniciativa del Ejecutivo federal busca crear un instrumento acorde con el contexto internacional sobre protocolos de protección para menores.
Dicen que se dará marcha atrás a la propuesta de imponer cárcel
El «Senado», «Cámara de Diputados» y la «Presidencia» de la República dieron marcha atrás a la propuesta del PRI de castigar con cárcel a los editores o empleados de un medio de comunicación que publiquen, difundan el nombre, imágenes, voz o información de niñas, niños o adolescentes sin autorización de sus padres y lo dejaron únicamente como una sanción administrativa.
Según otra nota del periódico Excélsior, los senadores que analizan los cambios a la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que ahora se llamará oficialmente Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes decidieron también hacer cambios a la redacción referente al contenido de los medios en materia de niñez, a fin de no abrir la puerta a un intento de censura, sino dejar en claro la responsabilidad de los medios de respetar los derechos de la niñez en todo momento.
Las presidentas de las comisiones de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García; de Grupos Vulnerables, Linda Flores; de Derechos Humanos, Angélica de la Peña; de Igualdad de Género, Diva Gastélum, así como la diputada Verónica Beatriz Juárez, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados junto con los senadores presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, y de Estudios Legislativo Segunda, Alejandro Encinas, trabajan con Humberto Castillejos, consejero Jurídico de la «Presidencia de la República» las modificaciones a la iniciativa Presidencial.
Entre algunos de estos cambios está dejar en claro que los menores de edad no serán rehén de sus padres en procesos de divorcio, así como la creación de un Sistema Nacional de protección a los menores de edad, que tendrá un perfil similar sugerido al Unicef, encabezado por el «presidente» de la República e integrado por todos los gobernadores del país y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal; de igual forma se amplía en el capítulo de niños migrantes los derechos de los menores nacionales que buscan ir a Estados Unidos o aquellos que están en constante tránsito entre un estado y otro, como los jornaleros.
La redacción en el tema de las sanciones será trabajada por el equipo técnico para encontrar la mejor, y ya sin la disposición de encarcelamiento.
En conferencia de prensa las senadoras, la diputada y el senador Romero Hicks precisaron que hubo cambio en el 80% el contenido de la iniciativa del PRI y reconocieron la disposición de la «Presidencia» de la República a estas modificaciones, que recogen las propuestas de especialistas y que dejan en claro que el Estado es el que principal responsable de proteger a la niñez.
Pese a trabas del PAN, el dictamen estará en breve: Gamboa
Ante el rompimiento con el gobierno federal que anunció la bancada del PAN por presuntos ataques mediáticos a sus liderazgos, el PRI en el Senado salió al paso y reconoció que podrán registrarse diferencias entre las diferentes bancadas pero “de ninguna manera” una ruptura, por lo cual anunció que en los próximos días estará listo el dictamen de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
“En el Senado podrá haber diferencias e incluso debate intenso pero de ninguna manera ruptura ni cerrazón”, aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, según otra nota del periódico Crónica.
El político yucateco se comprometió a que el tricolor seguirá por el camino de la construcción de acuerdos a través de la política pues está consciente que solo a través del diálogo y el cumplimiento de la palabra se logrará sacar adelante los acuerdos y reformas que requiere el país en beneficio de los mexicanos.
Gracias al diálogo –agregó— hemos logrado acuerdos, aún desde las distintas posiciones partidistas en una cámara plural y se han podido entregar los resultados históricos que están a la vista.
En ese sentido, Gamboa anunció que en los próximos días, con las aportaciones de los senadores de todos los partidos, la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —la cual está siendo procesada por seis comisiones en el Senado— se traducirá en dictamen conforme al plazo que marca la ley.
El 1 de septiembre el Peña Nieto envió al Senado la iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se procese en los primeros 30 días de este periodo ordinario de sesiones.
El líder tricolor aseguró que su bancada en el Senado mantendrá la construcción de un puente entre el crecimiento económico y el desarrollo social, que detonen mayores condiciones de prosperidad para ampliar los derechos de los mexicanos, fortalecer nuestras instituciones democráticas y alcanzar así el país que reclama nuestra gente.
