Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Senadores de PAN, PRD y del PT criticaron con todo la iniciativa del Peña Nieto para reformar siete artículos de la Constitución con el objetivo de crear un “nuevo sistema policial” y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales.
Para los legisladores de oposición se trata de cambios “anticonstitucionales” que violan la autonomía municipal, son “poco serios” y una “serie de sandeces”.
Durante el debate de esta jornada, el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, afirmó que tres de las siete propuestas de Peña Nieto ya habían tenido “oposición explícita” de los gobernadores del PRI: cédulas de identidad, mando único policiaco y estado de excepción.
Crítico, Gil Zuarth reprochó al Peña que ya cuenta con mecanismos para impedir la infiltración del crimen organizado, no sólo a nivel municipal sino estatal y federal, pero que no se han aplicado.
“¿Por qué no instruir a la Sedena a revisar licencias colectivas de armas de fuego antes que desaparecer las policías municipales?”, cuestionó el excolaborador en el gobierno de Felipe Calderón.
Manuel Bartlett, coordinador del PT y exsecretario de Gobernación, afirmó que las propuestas de Peña Nieto “no debieran dar risa si no fuera por lo dramático de la situación. Son una serie de sandeces que no atacan el problema principal. Parece que Peña Nieto no se da cuenta de que está en una verdadera crisis”.
El exgobernador poblano también afirmó que, de aprobarse estas reformas, constituirán un “camino a la dictadora”.
“Es ridículo que se culpe al municipio. Es mentira que el problema principal sea municipal”, fustigó Bartlett Díaz.
Argumentos similares esgrimieron los senadores del PRD.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, coincidió con Gil Zuarth al señalar que el problema de la infiltración del crimen organizado no es sólo a nivel municipal.
Lo que propone la iniciativa de Peña Nieto, sostuvo Encinas, es “darle la puntilla final al municipio”. En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Luis Sánchez, expresidente de la asociación de gobiernos municipales; Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada, y Armando Ríos Pitter.
“No es un fenómeno exclusivo del municipio. Es un problema del Estado mexicano. De los tres poderes de la Unión”, sentenció Encinas.
E ironizó el exjefe de Gobierno capitalino: “El Chapo Guzmán no se le escapó a un alcalde”.
Los perredistas, panistas y petistas, ante el silencio de las bancadas de PRI y PVEM, insistieron en que las iniciativas de Peña Nieto implicarán decretar el “estado de excepción” y hay confusiones entre conceptos como el “mando único” o “policía única”.
La iniciativa de reforma del Ejecutivo federal plantea modificaciones a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución para establecer la posibilidad de que la Federación asuma “total o parcialmente” las funciones municipales cuando éstas se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
La reforma al artículo 115 precisa que el Fiscal General de la República deberá comunicarle a la Secretaría de Gobernación cuando advierta “indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado”.
De estimarse procedente, la Segob pedirá su aprobación al Senado para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.
La iniciativa también propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.
