Sara Pantoja
Proceso
Omar Sánchez Cutis, secretario de Organización del Comité Estatal del partido Morena. Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 18 de agosto, Omar Sánchez Cutis, secretario de Organización del Comité Estatal del partido Morena en esta entidad, recibió una llamada del dirigente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José María Chacón, quien le pidió apoyo para liberar a dos compañeros acusados de sabotaje mientras protestaban por el aumento a la tarifa del agua.
Al día siguiente, el abogado de 32 años de edad interpuso en Chetumal un amparo en contra de la detención de Teresita Peña Brito, secretaria de Finanzas del partido, y de Alfredo Esquivel y Cab, asesor de la Comisión de Colonias Populares (Cocopo).
Por la tarde, de regreso a Felipe Carrillo Puerto, Omar Sánchez actuó como mediador para evitar un choque entre granaderos y manifestantes indígenas que exigían la liberación de los dos “presos políticos” afuera del palacio municipal.
Cuando las autoridades, flanqueadas por cientos de policías y hombres encapuchados, entraron a las oficinas bloqueadas sin la oposición de los manifestantes, llegó un hombre vestido de rojo identificado como “provocador” –pues nunca participó en la manifestación— y comenzó el desalojo.
De pronto, se escuchó un grito: “¡Al abogado, detengan a abogado!”.
Enseguida, Omar Sánchez Cutis corrió. Durante unas horas pudo refugiarse en una iglesia y más tarde salió del lugar. Desde entonces se ha ocultado en distintos lugares del país.
En entrevista con Apro, cuenta la situación de represión que enfrenta:
“Tengo una orden de aprehensión por sabotaje, delito que no cometí y lo puedo probar, pero en Quintana Roo existe un monopolio tanto del Poder Legislativo como del Judicial que está al servicio del Estado. Y eso pone en peligro mi vida, mi seguridad personal, mi libertad. No es posible que un juez lleve mi caso de manera limpia y justa como marca la ley, por eso me fui. Soy un perseguido político del gobierno del PRI de Quintana Roo”.
Antes de afiliarse al Movimiento de Regeneración Nacional, Omar Sánchez Cutis participó en la asociación civil Avanqroo, en la que apoyaba a los grupos vulnerables y la defensa de manglares; también promovió 58 amparos en Cancún en defensa de maestros desalojados el 14 de octubre de 2014. Por eso conoce las entrañas del sistema judicial en el «gobierno» del priista Roberto Borge Angulo.
“Se ha desatado una persecución política contra todos los luchadores sociales, incluso a los partidos políticos y las organizaciones sociales”, acusa.
“Desde hace dos años hay muchos problemas en el estado; los maestros sufren, el despojo en Holbox, la Cocopo… No hay libertad para protestar, para manifestarse. No hay garantías de los derechos humanos en Quintana Roo, se fabrican delitos para silenciar y perseguir a los que protestan o los que quieren alzar la voz. Estamos en una dictadura completa”.
Sánchez Cutis destaca que estos actos represivos han aumentado a partir de que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, –conocido porque en su administración se desató el conflicto magisterial con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)– fue designado en diciembre de 2013 como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Quintana Roo.
Pide ayuda a AMLO
Preso del temor por su seguridad y la de su familia –su casa y su negocio están sitiados–, Omar Sánchez Cutis, envió una carta a Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, cuya copia tiene esta agencia, para denunciar la situación de represión en la entidad.
En el texto le explica que la tarde del 19 de agosto, el director de la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Gerardo González Espinosa, la subprocuradora de Justicia de la zona centro del estado, Blanca Imelda Ávila Varguez, y el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) cobijados por decenas de policías, desalojaron el plantón frente a la Comisión y violaron las garantías individuales de los manifestantes.
Cuenta que aquella movilización derivó en la detención de nueve personas, entre ellas, José David Cauich Adrián, secretario de Jóvenes del CEN de Morena en el municipio Benito Juárez.
Ese día, continúa, “se nos fabricó el delito de sabotaje a mí y al periodista independiente Pedro Canché Herrera, en la causa penal número: 96/2014, ese delito es considerado grave, por lo que no se tiene derecho a fianza”.
El 30 de agosto, cuenta, el periodista y activista maya fue detenido mientras estaba en una gasolinería. Agrega que éste recibe apoyo jurídico de asociaciones defensoras de periodistas. En tanto, él logró presentar un amparo indirecto en contra del auto de formal prisión para liberar a Alfredo Esquivel y a Teresita Brito, cuyos hijos fueron llevados al DIF estatal ya que su padre es albañil y no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de ellos.
También logró interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos estatal y reunir ayuda económica para las dos personas presas.
Por último, Sánchez Cutis aclara que por la persecución “injusta (en su contra) por el gobierno del PRI, ya no podré apoyar más a los compañeros”. Luego pide apoyo a López Obrador para continuar la defensa por la liberación de los dos presos.
Y es que, en el caso de Teresita, han tenido que pagar “cuotas” para poder tener acceso a una hamaca y no dormir en el suelo y tener “protección” para que no sea violada al interior de la cárcel municipal.
Plan político
En un comunicado difundido este viernes, Omar Sánchez Cutis, informó que comenzó una nueva lucha, ahora por su libertad y su seguridad personal.
“En el estado de Quintana Roo ha comenzado una dictadura en donde el poder lo ejerce el Gobierno del PRI, en donde lo tiene monopolizado el poder legislativo y judicial, que son utilizados para hostigar, encarcelar, perseguir, silenciar a cualquier persona, asociación o partido político que se atreva a levantar la voz por cualquier injusticia social”, dijo.
Anexó una copia de la orden de aprehensión en la que también aparecen los nombres del activista Pedro Celestino Canché que ya fue detenido y “Marco Antonio López y/o Manuel Chan N”, aparentemente un activista de Consejo de Colonias Populares (Cocopo) de Felipe Carrillo Puerto.
En la entrevista con Apro, asegura que los acuerdos a los que se comprometieron las autoridades aquel 19 de agosto para solucionar las demandas de los manifestantes “nunca tuvieron la intención de cumplir”.
Comenta que aquel momento fue aprovechado para quitarle fuerza a la representación de Morena en el estado, con miras a las elecciones de diputados federales en el 2015. Sin embargo, dice que abogados del CEN de Morena, especialistas en derecho penal ya analizan su caso y preparan acciones legales en su defensa.
El gen de Díaz Ordaz
El presidente del CEN de Morena, Martí Batres, afirma que la represión de los movimientos sociales en distintos estados del país ha sido inducida “desde el centro del país y por orden del gobierno federal desde el 1 de diciembre de 2012”.
En entrevista, hace un recuento de los estados en los que se han presentado los más recientes hechos de represión: Nayarit, Sinaloa, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Estado de México, Yucatán…
“Ahora se han multiplicado los presos políticos y las legislaciones que presionan la lucha social y a los defensores de derechos humanos. Mario Luna, José Manuel Mireles, Nemesio Hernández, por mencionar a algunos”, dice.
Lo que pasa en Quintana Roo, con el caso de Omar Sánchez Cutis y las personas presas, es, dice, “una muestra del endurecimiento silencioso, de las medidas de fuerza para lo que no pueden resolver con el diálogo. Se quiere generar un clima de miedo”.
Batres Guadarrama hace un “doble llamado” a respetar los derechos constitucionales de libertad de reunión, asociación y expresión. “La protesta social es completamente legal, lo que es ilegal es reprimir. En el ADN del gobierno de Peña Nieto está el gen de (Gustavo) Díaz Ordaz”, concluye. (Con información de Sergio Caballero)
