Rosa Rojas
La Jornada
México, DF. La Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) estudia interponer un amparo para detener la votación del dictamen de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones por considerar que son violatorias de los derechos de los pueblos indígenas a ejercer la comunicación, además de que esas disposiciones no han sido previamente consultadas con estos pueblos, como se establece en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó Franco Gabriel, dirigente esa organización.
Gabriel criticó que en los trabajos preparatorios para la realización de la Conferencia mundial de Pueblos Indígenas, organizada por la ONU a efectuarse en septiembre de este año, México con su discurso da una cara de buena voluntad y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas pero eso no es congruente con lo que ocurre en la realidad, como está sucediendo con el referido dictamen.
Al mismo tiempo, la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) -en la que participa AIPIN- llamó a diputados y senadores a respetar el derecho de los indígenas a acceder a medios de comunicación, así como sus derechos lingüísticos y solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que a través de los relatores sobre libertad de expresión y sobre los derechos de los pueblos indígenas, de seguimiento y se pronuncie respecto al citado dictamen para que se permita el pleno ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la comunicación.
Por su parte Eugenio Bermejillo, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, que impulsa proyectos de comunicación entre los pueblos indígenas y organizaciones campesinas, señaló que en el dictamen aprobado en comisiones del Senado, los pueblos indígenas «vuelven a ser tratados como menores de edad» con «estaciones de juguete» de 20 watts bajo tutela del gobierno.
En su artículo 90, el dictamen de las leyes que regularán la reforma en telecomunicaciones propone “El Instituto (IFETEL) únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operación de 20 watts» a concesionarios comunitarios e indígenas, cuando el promedio de los transmisores que se están instalando en las zonas indígenas está entre los 300 y 500 watts. Con estaciones permisionadas que operan legalmente a diez mil watts, ofrecer veinte es una burla, agregó, recordando que el senador Javier Corral declaró que eso es “una absoluta saña”.
Bermejillo enfatizó que las comisiones del Senado reservan parte del espectro de FM para las concesiones sociales de un diez por ciento. Una «reserva de juguete» si la comparamos con las que se han legislado en Argentina del 33 por ciento o en Ecuador de 34 por ciento.
Además, para que los pueblos indígenas no hagan travesuras con sus mini estaciones el dictamen prevé la mano paternal del gobierno: la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que desarrollará entre otras tareas la de “Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia y para que trasmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde no existan concesiones”.
Además, las estaciones sociales no podrán vender publicidad, únicamente, de acuerdo al dictamen, la de “los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos”. La publicidad comercial está vedada para indígenas y comunitarias.
En general, la reforma en telecomunicaciones es «confusa en sus disposiciones y atrabancada en su puesta en marcha, pero tiene un punto de claridad frente a las concesiones indígenas y comunitarias: estas serán pequeñas y pobres. Es muy posible que la vigorosa corriente indígena que está luchando por su autonomía, y que se apoya fuertemente en sus medios de comunicación, no se conforme con los 20 watts», aseveró Bermejillo.
En su pronunciamiento el CNCI informa que durante las semanas que siguieron a la presentación del dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, a través de miembros de su Comisión de Seguimiento, así como del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de Oaxaca y otros sectores, contactaron a algunos senadores para señalar las omisiones y disposiciones contrarias a derecho que aparecían en dicho proyecto, e imposibilitaban el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación y a participar en medios no indígenas sin discriminación.
En estos señalamientos, se consideraron como esenciales dos puntos: contar con principios en la planeación del espectro que permitieran asegurar disponibilidad de frecuencias para concesiones sociales «sin limitaciones», y establecer claramente la obligación de los concesionarios de radiodifusión de incorporar programación indígena en sus transmisiones
«Lo anterior constituye el establecimiento de mecanismos para operar los derechos con los que ya contamos, es decir, solo se les pide a los senadores cumplir con su responsabilidad de legislar de acuerdo con la Constitución, los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país y en un marco de respeto a la legislación en materia indígena», anota.
«Tenemos conocimiento de que hay una franca oposición de quienes se encuentran elaborando el dictamen, para establecer disposiciones en la nueva legislación que incorporen estos elementos esenciales y que incluso, se ha buscado incorporar mecanismos que las limiten, como el establecimiento de porcentajes raquíticos en una banda y bajo condiciones de baja potencia».
Agrega que la experiencia muestra la importante contribución que la asignación de espectro para fines sociales conlleva, así como la incorporación de programación indígena que algunos concesionarios comerciales ya realizan, y que ha permitido difundir la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.
Por ello solicita también a la sociedad en general demandar de los legisladores el apego a la constitución y en consecuencia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la comunicación y de la sociedad en general de contar con programación diversa acorde con la realidad pluricultural de la nación mexicana.
