Rolando Herrera
Reforma (Foto: Oceanografía, una de sólo cuatro empresas que han sancionadas por corruptas)
Cd. de México (09 julio 2014).- A dos años de haber entrado en vigor, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (LFACP) ha tenido pobres resultados, pues sólo cuatro empresas contratistas de Pemex han sido sancionadas con base en esa norma.
Las sanciones, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP) a una solicitud vía la ley de transparencia, fueron impuestas por los Órganos Internos de Control (OIC) de Pemex corporativo y Pemex Exploración y Producción (PEP), pero no reveló el nombre de las empresas ni las irregularidades en las que incurrieron.
Sin embargo, públicamente se conoce que en el caso del OIC de PEP, la empresa sancionada es Oceanografía S.A. de C.V., a la que se le impuso una multa de 24 millones de pesos y un año 9 meses de inhabilitación por incumplir con las pólizas de garantía en diversos contratos.
Otras empresas sancionadas con base en la ley, que no fueron reportadas por la SFP debido a que las sanciones se dieron posteriormente a su respuesta, fechada el pasado 10 de abril, son Seesa Comunicaciones, S.A. de C.V., proveedora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como Constructora Universitaria de Morelos, S.A. de C.V. y Valentín Pérez Barrios, contratistas del Instituto Nacional de Pediatría.
La Ley Federal Anticorrupción entró en vigor el 12 de junio de 2012 y fue presumida por el entonces titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos, como un instrumento que serviría para ponerle «punto final» a la corrupción en la que incurren las empresas para conseguir los contratos gubernamentales.
Esa norma, a diferencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, tipifica las conductas irregulares en las que incurren los particulares, sean personas físicas o morales, en el País o en el extranjero, al participar en las contrataciones públicas, e impone inhabilitaciones de hasta 8 años y multas de hasta 2 millones de salarios mínimos, equivalentes a 134.5 millones de pesos.
La SFP indicó que en el caso de Pemex y sus subsidiarias ha iniciado 29 investigaciones por presuntas violaciones a la ley anticorrupción, en tanto que en el resto de la administración pública federal se han iniciado otros 46 expedientes.
El hecho de que a la fecha se hayan impuesto pocas sanciones, consideró la dependencia, se debe a que las denuncias no se hicieron inmediatamente después de promulgada la ley, sino que se han ido formulando al paso de los meses.
«Se puso a disposición del peticionario la información correspondiente; puntualizando en esa tesitura que los datos proporcionados incluyen solamente aquellos Órganos Internos de Control que tienen al menos un expediente de investigación abierto, por lo que todos los demás Órganos Internos de Control cuentan con cero expedientes», indicó la SFP.
