Elizabeth Rodríguez Lezama
La Jornada
Ajalpan. No pagar la sanción económica que se asigna a través del programa de fotomulta sugirió en esta ciudad Roxana Luna Porquillo, diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien acudió para dialogar con personas afectadas e iniciar la organización para poder defenderse.
La diputada destacó que en ese caso sí procede el amparo, porque el gobierno del estado incumplió con notificar de la puesta en marcha de dicho programa, por lo cual los ciudadanos pueden lograr que la ley les proteja de esas sanciones, pero agregó que también están fuera de la ley las multas, ya que no fueron determinadas tomando en cuenta el salario mínimo que se tiene asignado para Puebla, lo cual se puede comprobar con las sanciones que superan los 20 mil pesos, en algunos casos, de modo que ahí hay otra razón para oponerse al programa.
Luna Porquillo expresó que es un exceso del gobierno de Rafael Moreno Valle imponer ese tipo de programas en zonas donde la pobreza lastima a la población, como es el caso de las sierras, ya que en muchos de los casos los vehículos que portan sus habitantes son producto de las remesas que envían los migrantes indocumentados, por lo que las familias no tienen para entregar tanto dinero al gobierno, solo por una falta vial.
Destacó la importancia de que la ciudadanía se organice para mostrar su inconformidad con esas acciones gubernamentales, pues resaltó que se deben generar las condiciones para “decirle al gobierno que su alternativa no es viable”.
Advirtió que si los poblanos no recurren al amparo podrían sufrir embargos de sus vehículos, debido a que así lo establecen las reformas, razón por la que insistió en la necesidad de que los pueblos se organicen para defender sus derechos y frenar los abusos que se puedan cometer en nombre de la legalidad.
La diputada estuvo en esta ciudad para reunirse con los alcaldes auxiliares con el objetivo de iniciar el trabajo en defensa de las víctimas de la foto multa, ya que varios de los afectados destacaron que tienen que pagar más de 100 mil pesos por la cantidad de sanciones acumuladas, lo que les resulta imposible de cubrir.
Roxana Luna también se reunió con ediles auxiliares de esta región para abordar el tema del registro civil, pues dijo que la defensa de ese servicio va a seguir porque no se trata solo de ello, sino de una intención del gobierno morenovallista de despojar de identidad a las juntas auxiliares y sumirlas en la indefensión al quitarles también las agencias subalternas del Ministerio Público y el derecho a contar con policías auxiliares.
