Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales alertaron que la llegada de Jesús Rodríguez Almeida a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla representa un riesgo de que la represión recrudezca en esta entidad; por ello, anunciaron el inicio de una colecta de firmas para exigir su destitución.
Apenas nombrado ayer domingo 9 por el [des]gobernador Rafael Moreno Valle para sustituir a Facundo Rosas Rosas, la designación de Rodríguez Almeida originó la inconformidad generalizada de organizaciones y movimientos sociales por sus antecedentes como procurador general de Justicia y secretario de Seguridad en el Distrito Federal.
El Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la representación en Puebla de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Central Campesina Cardenista, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), manifestaron su preocupación por este nombramiento.
Más que para combatir la problemática de inseguridad que afecta a los poblanos, dijeron que su llegada tiene el mismo perfil de sus antecesores Rosas Rosas y Ardelio Vargas Fosado, quienes se distinguieron por operativos violentos contra las manifestaciones sociales.
Recordaron que Rosas Rosas renunció a la SSP en medio del escándalo de que los mandos policíacos a su cargo fueron detenidos por estar involucrados en el tráfico de combustibles robados a Pemex y por brindar protección a otras bandas delictivas.
Marco Mazatle, representante del MAS, informó que las agrupaciones decidieron conformar un Observatorio Ciudadano de Justicia Social para estar al pendiente de la actuación de Rodríguez Almeida y denunciar la inseguridad que priva en Puebla y afecta a todas las clases sociales.
“El propósito es buscar una solución desde la ciudadanía y tejer una red con grupos de autodefensas que cuentan con información directa”, explicó.
El activista añadió que “los poblanos tenemos que organizarnos con las guardias comunitarias, con grupos de vecinos vigilantes, para crear el primer observatorio que denuncie públicamente los problemas de inseguridad que a diario se viven”.
Con Rodríguez Almeida, consideró, existe un mayor peligro para los poblanos, luego de que como funcionario del DF, su gestión estuvo fue marcada por la represión contra participantes en las marchas por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y contra los integrantes de la CNTE.
“Queda comprobado que el perfil de Moreno Valle es la represión. No es posible que haya jalado (a su gabinete) a este tipo de personas que está demostrado que es un represor. ¿Qué podemos esperar los poblanos, los movimientos sociales, los activistas? Pues que continúe esta represión o que aumente”, vaticinó.
[¿Y ENTONCES QUÉ ESPERAN PARA CORRER AL REPRESOR? ¿POR QUÉ PIDEN SÓLO LA DESTITUCIÓN DEL ESBIRRO Y NO DE LOS JEFES MAFIOSOS, EN ESTE CASO MORENO VALLE Y PEÑA NIETO?]
Marco Mazatle recordó que actualmente 241 activistas poblanos enfrentan procesos penales. De ese total, 171 están en prisión por haber participado en marchas, movimientos sociales o por haberse opuesto a políticas impulsadas por la administración morenovallista.
No es sólo la persecución contra los movimientos populares, dijo, sino que el gobierno de Rafael Moreno Valle deja sin atender la inseguridad, la corrupción y los nexos que mantienen los cuerpos policíacos con el crimen organizado.
Para Israel Sampedro, vocero de la REDDH, la llegada de Jesús Rodríguez Almeida implica la continuidad de la política de represión y criminalización de la protesta que ha prevalecido en la administración del panista Moreno Valle Rosas.
Los antecedentes del ahora secretario de Seguridad del Estado, señaló, hacen suponer que en los últimos años del sexenio podrá haber más perseguidos y presos políticos en esta entidad.
Esa misma preocupación fue externada por Jorge Cabrera, representante de la CNTE en Puebla, quien recordó que los maestros en la entidad se han sumado a la serie de protestas contra la reforma educativa, por lo que al menos tres dirigentes enfrentan acusaciones judiciales.
Guadalupe Mejía, de los trabajadores de la BUAP, consideró que con la llegada de Rodríguez Almeida se puede esperar que la represión contra los grupos que protestan en esta entidad, por ejemplo, los universitarios, pueda agravarse.
Ricardo Jiménez, del MAS, demandó que los diputados se opongan al nombramiento del exfuncionario del DF. “Les pedimos que dejen de comportarse como cobardes, porque no hay clase social que esté a salvo del hampa en Puebla”, expresó.
Según el Movimiento, estadísticas oficiales aseguran que en el sexenio de Moreno Valle se han disparado los homicidios dolosos, secuestros, robos de auto con violencia y extorsiones.
“Sostenemos que Moreno Valle miente al presumir que Puebla se mantiene como uno de los estados más seguros de la zona, en comparación con entidades como Veracruz, Morelos o Guerrero”, concluyeron.
Irene Herrera, de la Central Cardenista Campesina, dijo que lo que hace falta es una reestructuración del sistema judicial y de seguridad en Puebla, pues igual que el procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, en vez de buscar la justicia, se ha dedicado a perseguir y apresar luchadores sociales.
“El problema de todo es que no hay resultado con este gobierno, y lejos de darnos más seguridad, nos está generando miedo con el nombramiento de este personaje”, expresó.
