Jesusa Cervantes
Proceso (Imagen de archivo de las detenciones en el zócalo el 20 de noviembre)
MÉXICO, D.F. (apro).- La comisión de diputados chilenos que arribó a México para promover la liberación de su compatriota, Laurence Maxwell, detenido el jueves 20 durante las manifestaciones de apoyo a normalistas de Ayotzinapa, calificó de “desproporcionadas” las acusaciones y sostuvo la inocencia del estudiante de doctorado en Letras por la UNAM.
Ante legisladores de PT, PRD y PRI, los diputados chilenos Daniel Núñez Arancibia y Jorge Insunza Gregorio de las Heras dijeron estar “conmocionados” y “preocupados” por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerreo.
Maxwell fue compañero de secundaria del diputado Núñez Arancibia en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, y agregó que desde entonces ambos pugnaron por la libertad de presos políticos y la defensa de los derechos humanos.
Los legisladores chilenos aclararon a sus pares de México que el Parlamento de su país los comisionó para que busquen la liberación de su compatriota y se respete “el debido proceso”.
A su vez, Gregorio de las Heras dijo que la participación de Maxwell fue justamente en ese contexto, “en la defensa de los derechos humanos que son universales y no privativos de ningún país.
“Fue en ese carácter y no de ningún otro”, insistió luego de llamarse “sorprendido” por los delitos que se le imputan a Maxwell, junto con otros 10 estudiantes, entre ellos asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio.
“Cuando vemos los cargos, éstos no nos cuadran, pues conocemos su vida, su trayectoria” comentó el legislador chileno ante diputados de PRI, PT y PRD.
Núñez Arancibia recordó que cuando cursaban la secundaria ambos formaron parte del movimiento estudiantil en contra de la dictadura de Augusto Pinochet.
También dijo que los hechos de Ayotzinapa se han seguido de cerca en Chile y han “conmocionado” a la sociedad chilena, pues la forma en que la autoridad dice que se les secuestró, ejecutó y pretendió desaparecer sus restos, “nos remontan a la época de la dictadura de Pinochet”.
Gregorio de las Heras acotó:
“Cuando escuchamos el relato nos viene el recuerdo de la dictadura pinochetista porque son las mismas prácticas. Incluso, hubo un caso similar en donde los desaparecidos y sus restos fueron quemados en los hornos de una localidad cercana a Santiago”.
Entre Chile y México, comentaron ambos, “hay una conexión de dolor y solidaridad”. E insistieron en que Maxwell participó en la movilización en ese sentido, por eso “el delito de asociación delictiva nos parece demasiado.
“A partir de nuestra experiencia, la vigencia de los derechos humanos y su defensa es algo que nosotros siempre pugnamos; si no hubiera sido por la solidaridad internacional en Chile no hubiéramos podido enfrentar la situación que se vivió durante la dictadura. La reacción de Maxwell es el reflejo de la reserva moral para terminar con la violencia. Laurence fue parte de ese sentimiento y no otra cosa”, sentenció Núñez Arancibia.
Los legisladores chilenos aclararon que no pretenden violentar las leyes mexicanas y que su presencia en el país es por Maxwell, “porque para nosotros la defensa de los derechos humanos, y para toda América Latina que hemos vivido situaciones traumáticas como fueron las dictaduras militares, o la guerra civil en Guatemala, la defensa de los derechos humanos es fundamental, es un principio que debemos siempre respetar”.
La diputada del PT, Lilia Aguilar, y quien promovió la presencia de los chilenos en San Lázaro, comentó que le preocupaba que los hechos de Ayotzinapa remontaran a la dictadura de Augusto Pinochet, pues el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comentó en otra reunión con legisladores que los 11 detenidos sí participaron en “asociación delictuosa” y “tenían el plan de desestabilizar al país”.
En tanto la diputada del PRI y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Esther Garza, dijo a los legisladores chilenos que “ojalá y este sábado liberen” a los 11 jóvenes y, si ello no ocurre, les garantiza que el gobierno mexicano seguirá “el debido proceso”.
Roberto López Suárez, diputado del PRD y quien ha estado promoviendo puntos de acuerdo para la liberación de los 11 detenidos e internados en penales de alta seguridad, exhibió a lo legisladores del PRI.
Ante los chilenos, López Suárez dijo que el partido en el gobierno se ha negado a la liberación de los detenidos y a exhortar a las autoridades judiciales para que ello ocurra.
También aclaró que a Maxwell y a los otros diez jóvenes los tienen en cárceles junto con “reos de alta peligrosidad”, junto a gente del crimen organizado. Por ello, observó, PRD, PT y MC consideran “presos políticos” a los 11 detenidos.
Incluso, puntualizó que en penales similares se encuentran recluidos Nestora Salgado, dirigente de policías comunitarias en Guerrero, y el doctor José Manuel Mireles, promotor de estas mismas policías en Michoacán. “Todos son presos políticos”, subrayó.
El perredista informó a los chilenos que están requiriendo al gobierno de Miguel Ángel Mancera la entrega de los videos sobre los acontecimientos del 20 de noviembre, pues ahí se puede apreciar que ninguno de los 11 detenidos participó en los hechos violentos.
“Por eso estamos demandando, no libertad bajo caución, sino libertad porque el gobierno debe retirar todos los cargos”, concluyó.
Luego del encuentro con diputados, los legisladores chilenos Núñez y Gregorio de las Heras se reunieron con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y la subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez, para conocer a detalle los cargos que pesan sobre su compatriota. Después se trasladarán a Veracruz para entrevistarse con Maxwell en el penal de Perote y escuchar la determinación del juez que lleva el caso.
