Jorge Arturo Hidalgo
Reforma
Cd. de México (25 mayo 2014).- Los estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos, con un sinnúmero de razones, de los castigos que promueve la Auditoría Superior de la Federación.
Nueve de cada 10 expedientes que la ASF envió a las contralorías estatales para aplicar sanciones administrativas contra funcionarios quedaron en la impunidad.
En un extenso reporte de 2 mil 591 páginas enviado a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la Auditoría detalla caso por caso las respuestas que dan los estados a las promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para quienes cometen irregularidades en el manejo de fondos federales, o sea, el dinero de los mexicanos.
Con corte al 31 de marzo, los expedientes que tienen «resolución definitiva» por parte de las contralorías locales suman 750, los cuales corresponden a observaciones a las cuentas públicas de 2008 a 2011.
De esos casos, en 678 los estados determinaron que no había castigo que aplicar por diferentes motivos.
Argumentaron, entre otras razones, evidencias insuficientes, que no se encontraron anomalías, que era improcedente la petición de la Auditoría y que, aunque sí había irregularidades, ya había prescrito el plazo legal para sancionar.
Otros motivos invocados fueron que se habían reintegrado los recursos (aunque sin especificar de dónde los habían obtenido) y que hubo incumplimiento a la ley, aunque no dolo ni mala fe.
En sólo 48 casos, la sanción determinada fue una amonestación pública o privada.
Solamente 24 expedientes concluyeron con la inhabilitación de funcionarios; 22 de ellos son de Guerrero por la cuenta pública de 2009.
Los ejemplos de cómo los estados protegen a sus funcionarios sobran.
El Edomex pagó indebidamente a 5 mil 848 trabajadores de la educación, de los que 973 estuvieron comisionados al sindicato sin razón legal y los otros 4 mil 875 estaban adscritos como «personal homologado».
Sin embargo, la entidad respondió que no existían elementos para iniciar procedimiento de sanción alguno y que, además, había prescrito el tiempo para un eventual castigo.
Otro ejemplo: funcionarios de Veracruz adjudicaron directamente, sin justificación legal, tres contratos en el Puente Coatzacoalcos I por un monto total de 87.4 millones de pesos.
La Contraloría local respondió a la ASF que sobreseyó el expediente «al no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el resultado».
En Baja California se entregó, de manera extemporánea, la comprobación de recursos transferidos por la Conade por 25 millones de pesos.
El «Gobierno» aceptó la anomalía, pero dijo que no había responsabilidad de la encargada del Instituto del Deporte y cerró el caso.
Como resultado de la revisión de 2008, la ASF pidió que en Chiapas la Secretaría de la Función Pública local fincara responsabilidades a los funcionarios que ejercieron recursos de fondos federales para la salud en pagos para servidores públicos que contaban con plaza en área pero hacían labores administrativas, lo que violaba la ley.
El Estado respondió, en octubre de 2011, que encontró responsables a Jorge López Ríos, Gabriel Flores Cancino, Gerardo Hiram Díaz Solís y Raúl Paniagua Pérez, pero determinó «abstenerse de sancionar por única ocasión a los responsables antes mencionados, tomando en consideración que los hechos que derivaron la irregularidad no revisten gravedad ni constituyen un delito».
En Guanajuato, se pidió castigar a los funcionarios que al iniciar la auditoría se negaron a darle a la ASF las nóminas que se pagan con Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB).
Aunado a ello, al final de la revisión dieron otras nóminas con salarios más que los establecidos en las nóminas entregadas al inicio de la revisión.
La Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, entonces encabezada por el actual Gobernador Miguel Márquez Márquez, contestó que entregaron la información referente a las nóminas, así como toda la información solicitada, «por lo cual no existen elementos para dar inicio a un procedimiento», y cerró el caso.
