Rolando Herrera
Reforma
Cd. de México, México (26 noviembre 2014).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tendrá para el próximo año un aumento en su presupuesto de 46 por ciento y creará 138 plazas nuevas.
En 2014, el organismo ejerció una partida de 611.7 millones de pesos, pero para 2015 dispondrá de 893.2 millones, es decir, 281.5 millones más.
Cada uno de los cinco comisionados que tenía el IFAI hasta este año ganaba 3.1 millones de pesos anuales antes de impuestos. Ahora, cada uno de los siete recibirá 3..4 millones.
El Instituto pasará de tener 441 plazas a 579. Tan sólo en nómina, en 2015, pagará 534 millones de pesos.
A partir de 2014, mediante una reforma constitucional, el IFAI se transformó en organismo autónomo con nuevas facultades.
En ese contexto, los nuevos comisionados acordaron modificar la estructura orgánica y crear seis coordinaciones generales con sus correspondientes direcciones de área.
Del 15 de mayo, fecha en la que tomaron posesión los nuevos comisionados, al 31 de octubre pasado, 84 funcionarios presentaron su renuncia y fueron sustituidos, en su mayoría, por personas cercanas a dichos comisionados. Esta cifra representa 19 por ciento de la plantilla total del IFAI.
La mayoría de las renuncias en el IFAI se han dado en los primeros niveles de la estructura orgánica después de los comisionados, así como en la ponencias de cada uno de ellos, encargadas de elaborar los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos.
En el caso de las cinco ponencias de los anteriores comisionados, que en promedio tenían 16 plazas, el personal era de libre designación, es decir, no estaban sujetos al servicio profesional de carrera, circunstancia que se conserva.
Entre las renuncias más relevantes están las de la secretaria de Acceso a la Información y Protección de Datos, Cecilia Azuara; el secretario de Protección de Datos, Santiago Oñate; y el director general de Asuntos Jurídicos, Ricardo Salgado.
La Secretaría General, que es el puesto administrativo más importante, ya estaba vacante al 15 de mayo, tras la renuncia de Juan Pablo Guerrero.
Miguel Treviño, quien hace más de 10 años formó parte del grupo ciudadano promotor del IFAI, dijo que el creciente presupuesto para el Instituto lo está transformando en un elefante blanco que convierte la transparencia en un artículo caro sin razón justificada.
En otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ejemplificó, los órganos garantes de la transparencia funcionan de manera más eficiente y con muchos menos recursos.
«El instituto de Texas, por ejemplo, tiene oficinas sencillas, nada comparado con el edificio del IFAI, que funciona con una fracción de los recursos de cualquier órgano estatal mexicano, pero de manera mucho más eficiente», señaló.
Esta institución, dijo, es la Open Records División, adscrita a la Fiscalía General de Texas, que, de acuerdo con la legislación estatal, es la encargada de determinar qué información está abierta al público y de implementar las medidas para que se cumplan estas decisiones.
El tema del acceso a la información pública en el País adquirió mayor relevancia a partir de que el Presidente Enrique Peña tomó las riendas de la Alianza para el Gobierno Abierto de la ONU, que tiene como objetivo la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.
Defienden cambios
Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI, aseguró que los cambios de personal están orientados a mejorar el funcionamiento del organismo que, por mandato de la reforma constitucional del 7 de febrero pasado, incrementará sustancialmente sus atribuciones y facultades.
«Aproximadamente el 15 por ciento del personal de confianza (ha renunciado), pero estos cambios son necesarios para esta reingeniería institucional que estamos emprendiendo para cumplir las disposiciones que tenemos mandatadas por la Constitución», señaló.
El nuevo pleno del IFAI, que asumió su responsabilidad el pasado 15 de mayo, acordó en su sesión pública del 9 de octubre suspender por 10 meses el servicios profesional de carrera que normaba la política de ingreso a la institución, por considerar que estaba mal diseñado y que hubo simulaciones en su aplicación.
«Les pido que revisen, y muchas ternas, aquí se sabía, eran ternas de uno; ya antes del concurso se sabía quién iba a ocupar la dirección», indicó en esa sesión el comisionado Óscar Guerra Ford.
Puente de la Mora insistió en que la suspensión del servicio profesional es temporal y, que una vez transcurrido el plazo fijado, todo aquel personal que fue contratado durante ese tiempo, será evaluado ya bajo las nuevas reglas.
La comisionada aseguró que sólo quienes cumplan con los perfiles diseñados permanecerán en sus cargos.
«Hay que hacer hincapié, es solamente por este periodo de reajuste de 10 meses… y posteriormente entrarán dentro de estas reglas del servicio civil ya en una evaluación (sobre) cómo se ha realizado y cómo se tiene mandatado también que se realice», señaló.
Llegan al pleno y colocan a su gente
Algunos de los funcionarios que han llegado a ocupar nuevas plazas en el IFAI o en sustitución de los 84 ex servidores que hasta octubre habían presentado su renuncia, fueron colaboradores o coincidieron en sus anteriores puestos con los actuales comisionados.
Ejemplo de ello es Haydee Samantha García, secretaria de Acuerdos y de Datos Personales en la Ponencia de la comisionada presidenta, Ximena Puente, con quien se graduó en 2000 en la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima.
También están los casos de Irlaene Alaciel Galván, Yolanda Victoria Vicencio, Carlos Alberto Pacheco, Edgar Loaeza y Juan Carlos Carrasco, todos ellos adscritos a la Ponencia de Rosendoevgueni Monterrey, con quien colaboraron en el Instituto de Transparencia del Estado de México, del que era presidente.
Lo mismo ocurre con Daniel Atalo Navarro, Omar Cortés, Gabriela Inés Montes, Jorge Barrera y Teresa Martínez, adscritos a la Ponencia de Óscar Guerra Ford, con quien colaboraban en el InfoDF cuando él lo presidía.
Y esa circunstancia se repite en las ponencias del resto de los comisionados: Areli Cano, Francisco Javier Acuña, Joel Salas y Patricia Kurczyn, cuyos puestos, al igual que en el caso de los tres primeros, son de libre designación.
Entre los nuevos funcionarios hay también otros que fueron aspirantes a ocupar un lugar en el pleno, como el panista Gustavo Parra, quien ha sido diputado federal y se desempeña como secretario de Protección de Datos, y Héctor Fernando Ortega, quien es director general de Administración.
