Mónica Camacho
La Jornada
Los pobladores de las Cholulas hicieron sentir su inconformidad con cada paso que dieron y con cada consigna que lanzaron durante una marcha que se extendió desde sus ciudades de origen hasta la capital poblana, donde exigieron la liberación de los cuatro habitantes que se encuentran encarcelados por oponerse al proyecto turístico parque de las siete culturas.
Los participantes en la movilización dejaron constancia del riesgo que representa alzar la voz contra las autoridades, pues a lo largo de la caminata se pudieron ver en mantas, pancartas y hasta en sencillas impresiones en hoja tamaño carta las imágenes de la violencia que distintos gobiernos han desatado contra estudiantes, campesinos y activistas sociales, tanto en Puebla como en Guerrero.
De esa forma una madre de familia evocó la pérdida de José Luis Tehuatlie Tamayo, de San Bernardino Chalchihuapan: exhibiendo durante la protesta una fotografía del menor de edad segundos después de ser herido de muerte por la Policía Estatal en el operativo del 9 de julio.
Otro de los participantes en la marcha mostró en una pancarta la saña con la que asesinaron a Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa que perdió la vida tras ser atacado por elementos de seguridad pública municipal de Iguala, quienes además son señalados como responsables de la desaparición de 43 estudiantes más.
La crudeza de las imágenes, lejos de atemorizar, atizó la indignación de los cholultecas, quienes exigieron por igual la revocación de mandato del edil de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, la destitución del secretario general de ese ayuntamiento, Jesús Zaldívar Benavides, así como juicio político contra el gobernador Rafael Moreno Valle, a quien identificaron como el principal responsable de las detenciones.
“A nivel nacional nos está pegando fuerte la represión; solo basta recordar lo de Ayotzinapa. ¿Qué vamos a esperar, que sucedan estas cosas en Puebla para organizarnos?”, cuestionó una de las tantas voces anónimas de la protesta a través del equipo de sonido que se puso a disposición de todo ciudadano que quiso expresarse.
“¡Cholula no se vende!”
Los habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula no marcharon solos. A la movilización se sumó el Frente de Organizaciones Sociales Contra la Represión que se conformó este año a raíz de la detención de activistas y ejidatarios que participaron en la resistencia contra la construcción del gasoducto Morelos y el Libramiento Poniente.
Forman parte del frente la diputada federal Roxana Luna Porquillo y líderes locales de los partidos de izquierda, así como el Movimiento Nacional Los de Abajo, la Organización 28 de Octubre y el Movimiento Alternativa Social (MAS), quienes se incorporaron a la protesta en el Paseo Bravo, poco antes de que el contingente ingresara con ímpetu al Centro Histórico de la capital.
Al frente de la movilización se ubicaron los habitantes de las Cholulas, cuya urgencia por apostarse frente a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno, y la rabia que imprimieron en cada consigna dio por momentos un aire amenazante a la marcha.
“Libertad, libertad, a los presos por luchar” y “Moreno Valle entiende, Cholula no se vende” clamaron al unisón los inconformes mientras recorrían a paso veloz el tramo de la avenida Reforma comprendido entre el reloj El Gallito y el zócalo de Puebla, donde exhibieron a manera de estandartes las fotografías de los cuatro pobladores detenidos.
Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi y Albino Tlachi fueron aprendidos la madrugada del 7 de octubre pasado por participar en un plantón frente a las oficinas del ayuntamiento de San Andrés, contra la expropiación de los terrenos contiguos a la zona arqueológica en los que el gobierno del estado y las autoridades municipales pretende construir el parque de las siete culturas.
El miércoles pasado la Procuraduría General de Justicia (PGJ) fincó a los cuatro pobladores los delitos de ataques al orden constitucional, a las vías de comunicación, motín, despojo y daño en propiedad ajena, por lo que podrían pasar hasta 54 años en prisión.
“En vez de diálogo fuimos violentamente desalojados (…) por granaderos del estado y del municipio, golpearon a hombres y mujeres que pacíficamente se encontraban en el plantón.
“Exigimos alto a la represión y a la persecución en contra de ciudadanos sanandreseños, libertad a los detenidos y la cancelación a las órdenes de aprehensión, los responsables de la represión que hemos sufrido deben ser castigados”, demandó uno de los afectados a través de altoparlantes.
Denuncian terrorismo de Estado
En menos de 10 minutos la marcha desembocó en el zócalo de la ciudad donde se improvisó un mitin frente al ayuntamiento de Puebla, lugar en el que despacha el presidente municipal y ex secretario de Infraestructura del estado, Antonio Gali Fayad.
Los líderes del Frente de Organizaciones Sociales Contra la Represión desistieron de continuar la protesta hasta Casa Aguayo, al acusar que el perímetro de ese inmueble público era custodiado por granaderos, lo que podía desencadenar en un enfrentamiento.
Desde el corazón de la metrópoli los habitantes de San Pedro y San Andrés se solidarizaron con sus pares de Chalchihuapan en la lucha contra la represión y repudiaron el homicidio de Tehuatlie.
“Esa muerte de un niño inocente pesa sobre Moreno Valle (…) sigue la lucha y estamos con ella porque Chalchihuapan no se olvida y a Cholula la vamos a defender hasta donde más se pueda”, clamó uno de los pobladores que pidió el uso de la palabra.
Jorge Sosa Pérez del Consejo Ciudadano de Agua Santa fue otro de los oradores en el mitin y durante su intervención calificó a la administración estatal de despótica y autoritaria que “encarcela a quien se le opone”.
Así lo hizo, dijo, con Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero por luchar contra el gasoducto Morelos y al Libramiento Norte, de los cuales los dos últimos fueron excarcelados a inicios de este mes, aunque la primera se encuentra en arraigo domiciliario y el segundo fue puesto en libertad provisional bajo caución.
Rubén Sarabia Reyna, representante de la 28 de Octubre que habló en nombre del Frente de Organizaciones Sociales Contra la Represión, acusó que el caso de Chalchihuapan en Puebla, de Ayotzinapa en Guerrero y de Tlatlaya en el estado de México forman parte de un “terrorismo de Estado”.
Agregó: “El Estado mexicano hoy se lanza con sus fuerzas armadas, con los policías y paramilitares; quiere someter al pueblo mexicano y dominarlo para entregarlo en bandeja de plata al imperialismo estadunidense”.
Los estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa, prosiguió el líder de comerciantes, son resultado de una concertación de elementos de seguridad pública y grupos paramilitares que intentan disfrazar de narcotraficantes.
