Luis Hernández Navarro
La Jornada
Escándalo sobre escándalo, 16 meses después de expedida la orden de aprehensión en su contra fue detenido el secretario de la tribu yaqui Mario Luna Romero. Policías vestidos de civil, a bordo de cuatro vehículos no oficiales, lo apresaron el pasado 11 de septiembre.
El arresto y encarcelamiento del líder indígena, que según el procurador del estado, el panista Carlos Alberto Navarro, es una persona “inmersa en una lucha contra la autoridad estatal”, fue ejecutada en pleno pulso entre el gobierno federal y el gobernador Guillermo Padrés por el envenenamiento de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte del Grupo México. También, de la denuncia de que el mandatario construyó en su ranchito familiar, con superficie de 3 mil 600 hectáreas, una presa con una cortina de más de 100 metros de ancho y capacidad para almacenar más de 4 millones de metros cúbicos de agua.
Mario Luna es traductor y representante de los yaquis en Vicam, uno de los ocho pueblos que integran la tribu. Ha encabezado protestas y demandas legales para frenar la construcción y el funcionamiento del acueducto Independencia, que toma agua del río Yaqui, en la represa El Novillo. El acueducto amenaza directamente la sobrevivencia, cultura tradicional y medios de vida de la tribu. Apenas el 4 de septiembre, el hoy detenido había viajado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso.
Luna Romero está acusado por la procuraduría de “privación ilegal de la libertad agravada y robo de vehículo”, en contra de Francisco Antonio Delgado Romo y Deonicio Luzania Valencia, ambos yaquis.
Francisco Antonio Delgado Romo es un maestro indígena conocido como operador político del gobernador Padrés dentro de la tribu. Desde las primeras horas del 8 de junio de 2013, comenzó a beber y a buscar pleito en Vicam. Horas después, junto a otro sujeto, completamente ebrios, a bordo de un automóvil negro, embistieron una protesta en la Carretera Internacional en contra la construcción del acueducto Independencia, y casi arrollan a una mujer y a su pequeño hijo. Los torocoyis (traidores a su pueblo) trataron de huir, pero, después de una persecución, fueron arrestados y juzgados según las leyes yaquis.
La audiencia fue conducida por los gobernadores tradicionales de la tribu, hombres mayores encargados de ejercer justicia. Las autoridades regañaron severamente a Francisco frente a su hermana mayor y el auto fue decomisado hasta que quienes lo conducían paguen los daños causados tras su fuga.
Días después Francisco levantó una denuncia contra varios integrantes de la tribu yaqui por robo, secuestro, agresiones y tortura, entre ellos Mario Luna y Tomás Rojo, a pesar de que ninguno de ellos dos estuvo presente ni en el juicio ni en la conminación.
La tribu yaqui tiene una historia de más de 2 mil 500 años. Cuenta con sus propias instituciones, sus propias leyes, sus propias normas de convivencia. Para garantizar una sana coexistencia entre sus integrantes, la armonía dentro de la comunidad, la integridad de su gente y el respeto, tienen medidas de apremio para cuando se infringe la norma. Y cuando esto sucede, las autoridades tradicionales –las únicas con la venia para ejercer justicia– aplican la ley interna. Mario Luna es secretario de la tribu, y los secretarios no tienen facultades para aplicar medidas de apremio a Francisco Antonio Delgado Romo.
Esta historia y permanencia de los yaquis como pueblo indígena ha tratado de ser cuestionada por la autoridad. En pleno conflicto contra el acueducto, la PGR panista pretendió negar la existencia de la tribu yaqui, utilizando mañosamente un dictamen del INAH. Autoridades e investigadores de la institución se vieron obligados a dirigir un oficio al agente del Ministerio Público de la Federación, supervisor de juicios agrarios, Augusto Lezama González, aclarándole que “es posible constatar no sólo su existencia (de la tribu yaqui), sino también la permanencia contemporánea de los tradicionales ocho pueblos, así como su muy conocida reivindicación territorial”.
El gobernador Guillermo Padrés Elías ha hecho de la construcción y operación del acueducto Independencia una cruzada personal. Ha querido justificar la obra como una medida justiciera para abastecer de agua a Hermosillo, la capital del estado. Lo cierto es que, antes de robar el agua de los yaquis, el mandatario pudo resolver el abasto del líquido de otra manera. Casi 40 por ciento del agua potable en la ciudad se desperdicia por el pésimo estado del sistema de distribución del líquido. Habría bastado con reparar las redes. De la misma manera, era perfectamente factible construir plantas desalinizadoras para saciar la sed de la capital sonorense.
Pero el gobernador, ganadero él mismo y aliado de la cúpula empresarial en la entidad, prefirió despojar a los yaquis de su oro azul, mientras él construía una presa en su rancho. Y es que, más que dotar del líquido vital a los habitantes de Hermosillo, lo que busca hacer el acueducto es surtir a las grandes empresas que se han establecido en la región: Ford Motor Company (cada automóvil producido requiere entre medio y un millón de litros de agua), Holcim Apasco, Heineken, Big Cola, Coca Cola y Pepsico.
Mario Luna Romero es un preso político más. Su lucha es la de una tribu que busca conservar su territorio, sus recursos naturales, su agua, su existencia como pueblo. Mario Luna Romero debe ser liberado ¡ya!
Posdata: un video muestra a La Tuta dando dinero al corresponsal de Televisa en Michoacán y al director de la agencia Esquema. ¿Estará la filtración relacionada con la noticia del supuesto “suicidio” del hermano del líder de los templarios?
