Elio Henríquez
La Jornada
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Más de 20 organizaciones, pueblos, colectivos, medios libres, individuas y redes de solidaridad con Chiapas exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre.
En un documento aseguraron que “la masacre de Iguala corresponde a un plan diseñado estratégicamente e implementado para reprimir a quienes se organizan y están inconformes con las políticas gubernamentales, que responden a intereses de tipo político-económico neoliberales”.
Dijeron que “lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre pasado se da en un marco de represión y criminalización por parte del gobierno mexicano y del estado de Guerrero contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y demás luchadores sociales”.
Manifestaron que este tipo de hechos “se han incrementado exponencialmente en los últimos años con una escalada de violencia: amenazas de muerte, hostigamientos, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos con la participación directa y anuencia de funcionarios municipales, estatales y federales”.
Las agrupaciones, entre ellas Comité para la Defensa de la Libertad Indígena, Xi’inich, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, el Colectivo Radio Zapatista, Maderas del Pueblo del Sureste, el Centro de Derechos de la Mujer, Chiapas AC, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Colectivo Koman Illel y El Paliacate Espacio Cultural, entre otras, expresaron que “el crimen de lesa humanidad perpetrado el 26 y 27 de septiembre de 2014, no representa un hecho aislado como las autoridades gubernamentales quieren presentarlo a la población y a la comunidad nacional e internacional, sino que es una actuación que confirma la planeación de la estrategia de acabar con los movimientos sociales”.
Afirmaron que “e gobierno federal es responsable de este crimen de Estado y de mantener en la impunidad la masacre”, además de que “resulta de extrema gravedad e irresponsabilidad que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) no haya atraído inmediatamente el caso sino 9 días después, evidenciando un cálculo político y de interés, lo que representa una grave falta de responsabilidad, constituyéndose en un Estado criminal”.
Sostuvieron que “a través de la misma PGR ha demostrado, hasta el momento, poca eficacia, ineficiencia, incompetencia, falta de voluntad en esclarecer los hechos y dar con la aparición con vida delos 43 estudiantes”.
Lo anterior, aseguraron, “muestra su interés en mantener el caso en la Impunidad como lo evidencian las recientes declaraciones del Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, con la clara intención de concluir el caso, con una descarada falta de respeto a los familiares de las víctimas”.
