Magdalena Gómez
La Jornada
Uno de los saldos del «retorno» príista a Los Pinos es la reanudación del activismo en el sistema de Naciones Unidas. De esta manera la esquizofrenia del Estado mexicano se profundiza, pues hoy más que nunca se pregona afuera, incluso se compromete, sin ninguna referencia a lo que pasa en el ámbito interno. El espejo de los pueblos indígenas ofrece un retrato fiel; basta leer las declaraciones emitidas recientemente en la compartición del EZLN con el Congreso Nacional Indígena para dar cuenta de la política de criminalización y despojo que no guarda relación alguna con los derechos y principios que discursivamente se promueven en la ONU.
Hace cuatro años se acordó celebrar una Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI) para “intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre la realización de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del los Pueblos Indígenas” (A/RES/65/198). Como saldo triunfal de la política de simulación, Peña Nieto participará como orador. Nada dirá de los casos de criminalización a la policía comunitaria de Guerrero con Nestora Salgado en un penal de alta seguridad, así como el líder opositor a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, y también han encarcelado a Mario Luna, vocero de la tribu yaqui en la oposición al acueducto Independencia. Los tres casos reflejan una política de Estado, no son decisiones locales ni tampoco se trata de delincuentes comunes; involucran de nueva cuenta al Poder Judicial como fiel seguidor de la utilización de la ley para promover la injusticia, como se viene denunciando en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
En el caso de los yaquis, el agravio se potencia, pues han logrado diversos triunfos jurídicos en tribunales que no se han respetado; tal parece que los Tres Poderes del Estado se reparten los roles para supuestamente conceder unos y golpear otros, pero en conjunto el saldo se llama impunidad. Tampoco habrá voces ni carteles que en la ONU den cuenta de los presos políticos indígenas mexicanos mencionados, no es el estilo de la autodenominada diplomacia indígena. Además de anotar lo que no se dirá en Naciones Unidas tendremos que analizar el resultado de la CMPI.
Hoy concluye dicha conferencia en la sede de la ONU en Nueva York, y se espera como resultado un documento final “conciso y orientado a la acción”. Tal es su mandato. Por lo pronto circuló un texto denominado “borrador cero” que puede entrañar la entronización a escala internacional de la política de los derechos permitidos, es decir, de aquellos que no cuestionan la esencia neoliberal y es el eje en México del supuesto cumplimiento a derechos de los pueblos indígenas, cuyo trasfondo son los derechos individuales sin referencia a la autonomía, la libre determinación, el acceso a recursos naturales en sus tierras y territorios. En junio de 2013, como parte de la preparación de la CMPI, se celebró una reunión en Alta, Noruega, para desarrollar un documento preparatorio de recomendaciones; participaron representantes de los pueblos y naciones indígenas de las siete regiones geopolíticas del mundo, así como representantes de los grupos de mujeres y jóvenes. Su documento final fue entregado a la ONU y abordó ampliamente cuatro temas: 1) los territorios, tierras, recursos, océanos y aguas de los pueblos indígenas; 2) actividades del sistema de Naciones Unidas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas (con propuestas que no han garantizado plena efectividad, como la creación de un órgano o alto representante; ya existen el relator, el foro permanente, el comité de expertos, aun cuando piden que tenga representación indígena); 3) aplicación de los derechos de los pueblos indígenas; 4) prioridades de los pueblos indígenas en materia de desarrollo con consentimiento libre, previo e informado. Este texto de Alta sirvió de base para el borrador cero, en el que se destaca: “17) Desarrollar un proyecto de plan de acción para todo el sistema, enfocado en las siguientes áreas prioritarias: a) erradicación de la pobreza; b) la violencia contra las mujeres y los niños indígenas; c) el derecho a la comunicación; d) la interculturalidad de la salud y la educación; e) ocupaciones, medios de vida, emprendimiento; f) el desglose y los indicadores de datos; g) establecimiento de grupos de apoyo interinstitucionales a nivel nacional; h) las personas indígenas con discapacidad; i) fortalecimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos”. Todos estos temas son por supuesto importantes, pero preocupa que los estratégicos ya referidos no aparezcan en los puntos del supuesto plan de acción, solo aparecen incluidos en los clásicos “deberán”. Con un plan así México saca estrellita formal, porque también en esos rubros practica su consuetudinaria simulación.
