Martín Hernández Alcántara
La Jornada (Foto: El activista indígena Delfino Flores falleció en prisión a las 91 años. Moreno Valle le negó arraigo domiciliario)
El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT) advirtió que se debe hacer un análisis de los más de 30 presos políticos encarcelados por el régimen de Rafael Moreno Valle, por su legítima oposición a proyectos o el mero ejercicio de su derecho a la libre manifestación y asociación. Advirtió que tampoco se debe dejar en la impunidad a los civiles y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial que han contribuido a su encierro.
En una entrevista con esta casa editorial, el vocero de la organización, Felipe Rodríguez Narro, advirtió: “no se debe solo enfocarse a los tres presos políticos que los medios, por la propia actividad que desempeñan ellos, han proyectado. Me refiero a la comisaria ejidal Enedina Rosas, al vocero del Frente de Pueblos (en Defensa del Agua y de la Tierra), Juan Carlos Flores y al líder campesino Abraham Cordero Calderón. Las organizaciones, los defensores de derechos humanos, pero sobre todo las autoridades debemos enfocarnos a todos los presos”.
En ese sentido, el activista indicó que es necesario que la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial de Puebla: “informen sobre la situación legal de los presos, su estado de salud físico y mental, para garantizar su integridad y, sobre todo, que se justifique su estancia en la cárcel, lo cual evidentemente hará claro que esas personas han sufido un abuso, un exceso de la autoridad”.
Refirió que CDDHPT, a partir de esta semana, iniciará contactos con los familiares, abogados y organizaciones que están abocados a lograr la libertad de los presos políticos.
“Para nosotros es indispensable que, ante el clima de violencia que hay en México y que en Puebla también se ha recrudecido, conocer cuál es la situación de estas personas presas injustamente o que habiendo cometido faltas o delitos, están sometidas a procesos presuntamente irregulares o hasta injustos, como han reportado algunos medios de comunicación”, indicó.
Añadió que “también es necesario hacer una revisión de la situación de censura y hasta opresión que han denunciado los medios de comunicación. El Centro Nacional de Comunicación Social acaba de publicar un trabajo documental en el que las denuncias de asfixia económica por parte del gobierno del doctor Rafael Moreno Valle Rosas son en verdad graves, pues se les niegan convenios de publicidad o se les condicionan a cambio de que no sean críticos”.
Explicó que en este caso, “hay un ejercicio patromonialista del presupuesto, pues no se entiende que los recursos son públicos y aunque no hay una obligación legal para que se contraten espacios en los medios por parte del gobierno, sí hay una obligación moral por apoyar la diversidad mediática, la pluralidad y por fomentar la crítica”.
El pasado 1 de septiembre, presentó un trabajo consignando que de abril del presente año a la fecha habían sido detenidos 33 poblanos por ejercer su derecho a la libre expresión, la moviliazación o la garantía de trabajo.
Tal vez el caso más emblemático de cómo se aplica la justicia morenovallista sea el de San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar de San Andrés Cholula, donde un grupo de vecinos fue reprimido el pasado 21 de junio, tan solo por protestar por el pésimo servicio que ofrece la Red Urbana de Transporte Artículado, mejor conocida como el metrobús.
Fueron aprehendidos en esa ocasión los labriegos María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitznahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés, acusados de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín.
Varios de ellos interceptaron a tres unidades de la ruta alimentadora de la red urbana de Transporte Articulado, debido a su inconformidad para que las unidades de ses sistema presten su servicio en la zona, pues la comunidad quiere que sean solo los camiones locales los que ingresen a la junta.
No solo no hubo una respuesta consiliatoria o siquiera mediadora de parte del gobierno de Moreno Valle, sino que, además de reprimir a los inconformes, se cometió la injusticia de detener a Juana Macuitl Cóyotl y Angélica Macuitl Cóyotl, madre e hija respectivamente, quienes únicamente pasaban por el lugar de la manifestación en dirección al médico pues la segunda padece del hígado.
Otro de los grupos sociales más golpeados por el morenovallismo ha sido el de los mototaxistas, pues a pesar de que ese sector de transportistas fue uno de los que más lo apoyó para que llegara a la gubernatura, al asumir al poder se dedicó a perseguirlos y hasta hizo promulgar una ley que prohibiera el uso de triciclos motorizados para el transporte público.