Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) asesorará jurídicamente a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, quien murió tras recibir un impacto de bala de goma lanzada por la policía estatal cuando reprimía una manifestación en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, informó que la agrupación estudiará el expediente judicial del caso ocurrido el pasado 9 de julio. Agregó que buscará reunirse con el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, para plantear el tema y determinar si es necesario algún pronunciamiento adicional al que hizo el anterior ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
En conferencia –a propósito de los resultados del Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia–, recordó que Elia Tamayo tiene tres demandas para exigir justicia tras la muerte de su hijo: La reparación del daño, que incluye castigar a los funcionarios locales responsables; una indemnización económica y una disculpa pública del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Pérez aseguró que para la madre del menor fallecido la detención de algunos policías municipales no representa el acceso a la justicia.
“Nosotros confiamos y tenemos la expectativa de que el gobierno de Puebla pueda reconsiderar la forma en que ha abordado este asunto”, aseguró.
A propósito del tema, el director ejecutivo de la Redim acusó que durante el VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia –realizado la semana pasada en Puebla–, el gobierno estatal mostró una actitud de censura y de acciones de intimidación hacia Elia Tamayo y los miembros de la Red.
“No estaba previsto que la señora participara en el congreso, pero cuando se presentó decidimos darle un foro, ya que además tenía contemplada una reunión con el Comité Internacional para exponer el caso del asesinato de su hijo. Sin embargo, se nos prohibió darle voz en el evento argumentando que no estaba previsto y además de ello se nos dio un trato que pensamos fue muy desproporcionado e innecesario, pues nos pusieron vigilancia todo el tiempo”, dijo.
En un comunicado, la Redim narró que el pasado jueves 13, Tamayo y sus defensores llegaron al Centro Expositor en compañía de congresistas de Alemania y Venezuela, pero no se le permitió la entrada.
Al día siguiente de este hecho, agregó, el gobierno de Puebla instrumentó un operativo de seguridad que generó inconformidad e indignación.
“La Redim se manifestó consternada porque el gobierno de Puebla desplegó un operativo de seguridad desproporcionado e innecesario, tales como vigilancia personalizada a integrantes de la red y el cierre de los accesos al Centro Expositor.
“Esto llevó a realizar una valoración junto con los congresistas de Alemania y Venezuela, para no presentarse el día viernes (14), previendo cualquier tipo de represalias”.
Ese día, apuntó, los adolescentes participantes en el encuentro, “indignados por las notas locales que describían lo ocurrido con la señora Tamayo”, solicitaron una explicación a los funcionarios de Puebla.
En asamblea con adolescentes y funcionarios de la entidad se hicieron varios acuerdos que fueron presentados en las conclusiones del VI Congreso Mundial.
Frente a los jóvenes que participaron en el encuentro, la Redim asumió diversos compromisos, como convocar a un próximo evento donde el tema central sea el seguimiento al caso de José Luis y la búsqueda de justicia.
Además, se estableció el compromiso de estudiar el caso “paradigmático” en el ámbito jurídico y en lo que corresponde a la política pública, “así como valorar con la defensa llevar el asunto a instancias internacionales si se agotan los recursos nacionales sin lograr el acceso a la justicia”.
Según la Red, también buscará crear una Comisión Internacional de seguimiento teniendo como base las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2VG/2014CNDH emitida el 11 de septiembre, que será integrada por adolescentes de varios países, defensores de derechos humanos y por organizaciones internacionales.
“Para la Redim, este congreso mundial y este acontecimiento puede ser una oportunidad para reconsiderar la estrategia equivocada que han tenido el gobierno de Puebla en el caso de José Luis, que permita resarcir los daños y sobre todo lograr que se acceda a la justicia”, puntualizó Juan Martín Pérez.
Por separado, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Niñas (Molacnats) denunció ante la opinión pública internacional la actuación del gobierno de Puebla al expulsar a Elia Tamayo del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
En un comunicado, la organización internacional se solidarizó con la demanda de justicia y castigo para los responsables del asesinato de José Luis Tehuatlie.
“Nos unimos a la lucha de su madre, la señora Elia Tamayo, quien pide justicia y el castigo a los culpables civiles y policiales”, puntualizó la agrupación que integra a niños y adolescentes de México, Venezuela y Bolivia.
Al hacer un balance de lo ocurrido durante el Congreso realizado en Puebla del 12 al 14 de noviembre, el Molacnats denunció que la mujer fue sacada del Centro Expositor cuando se disponía a reunirse con miembros de la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas para exponer la situación del asesinato de su hijo.
En ese sentido, el movimiento pidió a los miembros del comité organizador hacer una “profunda evaluación” del contenido, invitados, metodologías y la participación de los gobiernos en los lugares donde se realiza el encuentro.
Misraim Hernández, dirigente de Contingente Puebla, relató que el encuentro de los activistas con Tamayo ni siquiera se llevó a cabo en el marco de las actividades del Congreso, sino que era una reunión privada en un salón contiguo, pero aun así los representantes del gobierno poblano llegaron para decirles que la mujer tenía que abandonar el edificio.
Incluso dijo que cuando iban saliendo del lugar, en la puerta principal del corredor estaba Martha Erika Alonso de Moreno Valle, esposa del gobernador y directora del DIF estatal, quien ni siquiera hizo el menor intento de acercarse a la humilde mujer que sufrió la pérdida de su hijo por un proyectil que lanzaron policías estatales.
De su lado, Manfred Liebel, coordinador de la Red Europea de Maestrías sobre Derechos de la Infancia, denunció que aparte de que el gobierno poblano trató de prohibirles la reunión con la madre del niño asesinado, pretendía que la mujer saliera por la puerta trasera del edificio para que nadie la viera.
“El gobierno de Puebla expresamente nos prohibió reunirnos con la señora (Elia Tamayo) dentro de ese edificio, y quería obligarnos a salir del edificio por detrás para que nadie pueda vernos”, detalló.
Añadió: “Yo no acepto esta obligación de salir clandestinamente por atrás, tenemos el derecho por lo menos de salir como entramos. Estoy en contra de esa decisión del gobierno del Puebla de que no podemos usar este edificio público para hablar de un asunto público”.
Pide proteger a jóvenes
Sobre la situación que vive el país por el caso Ayotzinapa, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, llamó al gobierno federal a realizar verdaderas acciones preventivas contra la violencia y garantizar los derechos de la población, en particular la de los niños, niñas y adolescentes.
“Vemos con preocupación los acontecimientos y casos que se están dando y por ello estaremos presentando un llamado y solicitud al gobierno, desde la garantía de los derechos de los niños y adolescentes, para que se lleven acabo acciones preventivas”, dijo.
Al dar a conocer los resultados del Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el representante de la organización pro derechos de la infancia recalcó que “la violencia no se resuelve con la violencia”.
Sería un error fatal por parte del Estado, agregó y manifestó su preocupación “de que ya se está dejando ver esta posibilidad de uso de la fuerza si se ven agotados los diálogos”.
Pérez comentó que el caso de Ayotzinapa estuvo muy presente en el congreso, y fue mencionado tanto en las conferencias magistrales como por los ponentes nacionales e internacionales.
“El tema coloca hoy a México en la mirada internacional y por ello tiene que ser un desafío para lograr nuevas y mejores políticas públicas, pero sobre todo a reconocer que están trastocando a los derechos humanos”, dijo.
Según su opinión, el gobierno federal no puede responsabilizar al crimen organizado de esto, ya que “es una responsabilidad de Estado, y la mejor forma de corregirlo es primero aceptándolo”.
