Patricia Méndez
E-Consulta
Al menos 10 diferentes concesiones que implican la explotación de autopistas, organismos, inmuebles y servicios públicos, han sido concretadas en el transcurso de la actual administración estatal (2011-2014), las cuales alcanzan periodos de hasta por 30 años e involucran, en su mayoría, a consorcios nacionales e internacionales.
Dos de los contratos fueron revocados ante incumplimientos por parte de las firmas involucradas, no obstante, de manera previa a los procesos de cancelación, estas se vieron inmersas en diversos escándalos financieros.
Comprometida red carretera hasta por 30 años
En el transcurso del actual sexenio, que encabeza Rafael Moreno Valle, se concretaron cinco diferentes concesiones de igual número de vialidades, de las cuales, tres están a cargo de la firma Pinfra, a través de su Grupo Concesionario de México; otra más es presidida por esa misma empresa y por el consorcio español OHL, mientras que la concesión de otra vía más fue entregada y, posteriormente, retirada a OSA que es filial de Oceanografía.
En noviembre de 2012, la administración estatal cedió a la empresa Pinfra, que dirige el empresario David Peñaloza Sandoval, una concesión para explotar, operar, conservar y mantener por un periodo de 30 años las vías Puebla-Atlixco, Apizaco-Huauchinango y Virreyes-Tezuitlán, a cambio de una contraprestación por un monto de 2 mil 494 millones de pesos.
Durante el 2012, dichos contratos dejaron recursos por 328 millones 842 mil millones de pesos a la firma de Peñaloza.
Por otra parte, en diciembre de 2011 el gobierno del estado declaró desierta la licitación 001 -CCP/2011 que previamente abrió para encargarse de la construcción, operación y explotación de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, conocida como Autopista AUDI pues tiene como destino la armadora que se construye en San José Chiapa, para después entregarla de manera directa a la firma Osa Constructora y Edificadora, filial de la empresa Oceanografía, por un periodo de 30 años.
En marzo pasado y en medio del escándalo que protagonizó Oceanografía -que preside Armando Yáñez-, por una investigación de lavado de dinero y por fraude en contra de Banamex, la administración estatal “rescató” la concesión bajo el argumento de que la empresa incumplió con los plazos de construcción y está por licitar la vialidad nuevamente.
Durante el presente mes de agosto, el gobierno del estado entregó en concesión, también por 30 años, al consorcio conformado por las empresas Pinfra y OHL la construcción, mantenimiento y explotación del segundo piso de la autopista México-Puebla, cuya longitud es de 13.3 kilómetros y para la cual se destinó una inversión por 10 mil millones de pesos que será cubierta por ambas empresas, el gobierno estatal y el federal.
Puebla, una entidad concesionada
A concesión, servicio de agua, transporte y alumbrado
Los servicios de agua, transporte y alumbrado público también sufrieron modificaciones durante el transcurso de la actual gestión estatal, pues estos fueron concesionados por diversos plazos a empresas particulares.
En el 2013 inició operaciones la primera línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mejor conocida como Metrobús, con un recorrido que abarca el tramo entre Chachapa y Tlaxcalancingo, para la cual previamente la administración estatal integró la empresa Servicios Articulados de Puebla (SAPI) en la que participaban los 192 transportistas o concesionarios de ese programa.
Tras la denuncia de un adeudo o desfalco por 211 millones de pesos por parte de los concesionarios, quienes acusaron malos manejos, el gobierno del estado rescató la concesión y encargó la operación del programa a Carreteras de Cuota Puebla (CCP).
El servicio del suministro de agua potable también fue sometido a la figura de la concesión, pues en septiembre de 2013, la administración poblana abrió un concurso de licitación –que fue clasificado como confidencial–, en el que en abril resultó ganador el consorcio Concesiones Integrales, conformado por las empresas Grupo Agua de México (AM), Tecnología Intercontinental (Ticsa) y Epccor Servicios (Epccor), y cuyo fideicomiso es administrado por el Grupo Financiero Monex, según se dio a conocer recientemente.
Además, el Grupo Financiero Interacciones, que es propiedad de la familia Hank Rohn, financió el pago de una prestación –que se estima en 1 mil 400 millones de pesos– que Concesiones Integrales debió pagar al estado por la obtención de la concesión.
Lo anterior, como parte de una iniciativa enviada en septiembre de 2013 al Congreso local por Rafael Moreno Valle para autorizar la concesión de 25 Sistemas Operadores de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) en los municipios, incluido el de la capital, y una segunda para que 17 municipios celebren contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) con particulares para sistemas de alumbrado público.
Hasta ahora, la mayoría de los municipios ha rechazado ambas posibilidades para concesionar los servicios de agua y alumbrado, a excepción de Tlacotepec de Benito Juárez, Huejotzingo y Chalchicomula de Sesma que sí recurrieron a capital privado para renovar sus luminarias.
Concesión de verificentros por 20 años más y para foráneos
Entre marzo y abril la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) clausuró los 83 centros de verificación vehicular que hasta esa fecha operaban en la entidad, con el argumento de que incurrieron en violaciones a la normativa de su funcionamiento.
Posteriormente, el gobierno del estado extinguió el programa de verificación vehicular y emitió una nueva licitación para operar un total de 17 nuevos establecimientos, concurso que fue ganado por igual número de empresas ancladas en el Distrito Federal (DF), las cuales iniciarán operaciones a partir de octubre.
Inmuebles no escapan a concesiones
Para construir el Centro Integral de Servicios (CIS), en el 2012 la administración estatal concretó un esquema PPS con la firma Alfa Proveedores y Contratistas (Apycsa), que es filial del Consorcio Aristos S.A.B. de C.V., para que en un periodo de 23 años este recuperara la inversión que hizo en el proyecto cuyo costo final ascenderá a 3 mil 860 millones de pesos.
Recientemente, Apycsa de la familia Abed Rouanett, solicitó un crédito por un monto de 885 millones de pesos para cumplir con pago de pasivos derivados de la construcción, disponibilidad de espacio y mantenimiento del inmueble.
En tanto, para la construcción e instalación de la Rueda de Observación que se ubica en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, el gobierno poblano firmó con la empresa Maurer German Wheels un esquema PPS por un periodo de 25 años para que esta recupere su inversión en la atracción, la cual asciende a 100 millones de pesos, aunque el gasto total fue de 400 millones de pesos en el parque que la rodea.
MIB
Otro inmueble cuya construcción, operación y mantenimiento se concesionará a través de un PPS por un periodo de 23 años será el Museo Internacional Barroco (MIB), cuya construcción arrancará el gobierno del estado en la presente semana, a fin de no retrasar las labores por el proceso de licitación SFA-CP-APP-2014/002 que aún no concluye.
Hasta ahora la empresa La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon, se perfila para obtener el contrato de construcción del MIB, cuya inversión superará los 1 mil 400 millones de pesos, a través de un consorcio en el que sumó a tres firmas más, las únicas que quedan en el concurso de licitación abierto por el gobierno del estado de Puebla.
