Diana Jiménez
E-Consulta
De 29 personas que fueron detenidas este año por oponerse a los proyectos del gobierno del estado, 14 han sido liberadas, seis de ellas por órdenes del Poder Judicial Federal, el cual les concedió amparos y les redujo las fianzas impuestas por un juez local.
Los 15 restantes continúan internados en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) que hay en la entidad, sin que hasta el momento tengan la posibilidad de obtener su libertad, pues los montos de las cauciones que les fijaron los jueces son muy elevados, los delitos que les imputaron son graves o simplemente porque la autoridad judicial les negó la libertad caucional.
Así se encuentran todavía los cuatro pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, comunidad del municipio de Santa Isabel Cholula, mismos que fueron asegurados el pasado 9 de julio durante una manifestación en la Vía Atlixcáyotl; en este caso la Procuraduría General de Justicia (PGJ) les redujo los cargos para que pudieran alcanzar fianza, por lo que se prevé que mañana o a más tardar el miércoles, sean liberados.
A ellos se suman los tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Puebla, Morelos y Tlaxcala, detenidos el pasado mes de abril por rechazar la construcción del Gasoducto Morelos y el Arco Poniente.
También siguen presos los ocho pobladores de San Francisco Ocotlán, localidad de Coronango, quienes al parecer participaron en un bloqueo de la autopista México-Puebla, como protesta por los operativos contra los mototaxis efectuados por la Secretaría de Transportes y la Policía Estatal.
Desalojos violentos con saldo de heridos y detenidos
Los primeros días de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) detuvo a José Luis Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, opositores del Gasoducto Morelos.
El primero fue asegurado en la capital del estado cuando salía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), luego de interponer una queja por la detención de Enedina, la cual ocurrió días antes en el municipio de Atlixco.
Posteriormente, la dependencia detuvo mediante orden de aprehensión a Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.
A los tres activistas les fue dictado auto de formal prisión sin derecho a la libertad caucional: a Flores por los delitos despojo, motín, extorsión; a Rosas por robo calificado así como oposición a que se ejecute una obra; y a Cordero por amenazas y privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos.
Coronango
La noche del 16 de junio, luego de un operativo contra mototaxis en los municipios de Juan C. Bonilla, Xoxtla y Coronango, los habitantes de San Francisco Ocotlán -localidad del último municipio referido- se inconformaron y bloquearon la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 113.
Debido a que los manifestantes se tornaron agresivos, ocho pobladores fueron asegurados durante un desalojo hecho por la Policía Estatal, ante lo cual sus abogados promovieron amparos argumentando que las detenciones se llevaron a cabo de manera arbitraria.
Se trata de Mauro Sarmiento Amaro, de 48 años; Ignacio Ramos Michihua, de 20 años de edad; Jaime Alberto Fernández de Jesús, de 20 años de edad; Daniel Hernández Palacios de 34 años de edad; Fausto Galicia Robles, de 47 años de edad; Antelmo Sánchez García, de 52 años de edad; Florencio Copalcua Hernández, de 25 años de edad, e Ignacio Sarmiento Amaro, de 52 Años de edad.
A éstos, se les fincaron los delitos de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que el juez penal de Cholula les fijó una fianza de 385 mil pesos por concepto de reparación del daño.
Cacalotepec
El 21 de junio, la Policía Estatal desalojó a un grupo de manifestantes de San Antonio Cacalotepec, localidad de San Andrés Cholula, el cual protestó por el pésimo servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Los detenidos fueron: María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitznahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés, acusados de los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.
Tras pagar una fianza de 170 mil pesos cada uno, finalmente fueron liberados.
Tehuacán
La tarde del 1 de julio, la Policía Estatal realizó un desalojo violento frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de Tehuacán y la carretera federal a Veracruz, donde habitantes de diversas comunidades de la Sierra Norte exigían la reapertura de las oficinas del Registro Civil en juntas auxiliares de Tehuacán y Ajalpan.
En esa ocasión fueron detenidos: Manuel Morales Guillermo, Eduardo Rivera Espinoza, Miliano Montalvo Montalvo, Domingo Guzmán Rivera Reyes, Abel Torres Martínez y Ramón Hernández Ramírez, quienes fueron consignados por los delitos de motín, lesiones, daño en propiedad ajena y otros.
Según la abogada de los acusados, después que un juez federal les concedió amparos, los detenidos tuvieron que pagar fianzas desde los 17 mil hasta los 20 mil pesos, mismas que fueron establecidas por la autoridad federal, toda vez que el juez de lo penal les impuso montos impagables que iban desde los 271 mil pesos hasta los 440 mil 550 pesos.
Chalchihuapan
Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero son los cuatro detenidos que siguen internados en el Cereso de Cholula, señalados de participar en la manifestación del 9 de julio, en esa comunidad, donde los pobladores solicitaron al gobierno estatal la restitución del registro civil en las juntas auxiliares.
Inicialmente la PGJ les fincó los delitos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso.
Al ser ocho delitos, algunos de ellos graves, los detenidos no tuvieron posibilidad de obtener su libertad bajo fianza, por lo que el juez penal les dictó auto de formal prisión; sin embargo, casi un mes después, la PGJ valoró otra vez el caso y finalmente determinó que sólo incurrieron en los delitos de delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.
Se espera que mañana o el próximo miércoles, los cuatro detenidos sean liberados.
