Redacción SinEmbargo
Ciudad de México (SinEmbargo).– Diez gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán están en la lista de los peores y más criticados gobernantes del año que termina, de acuerdo con un sondeo realizado por SinEmbargo entre activistas, politólogos y organizaciones civiles; la lista coincide, además, con algunas de las encuestas de popularidad difundidas por alguna prensa nacional.
La mayoría de los consultados coincide en que este grupo de servidores públicos tendió hacia la intolerancia, hacia la “persecución de activistas sociales, opositores y comunidades indígenas”.
Los peores calificados durante el año, son dos: Miguel Ángel Macera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Se les acusa de utilizar la fuerza pública para reprimir a grupos sociales; en el caso del poblano, también se le señala por haber impulsado la famosa “Ley Bala” que causó la muerte de un menor.
Moreno Valle también es señalado por organizaciones civiles de llevar su intolerancia a la crítica al extremo de perseguir y encarcelar a activistas y ciudadanos, mientras que, por otro lado, se empeñó en mantener a Facundo Rosas, un policía acusado de violaciones de derechos humanos desde que operó bajo el mando de Genaro García Luna, uno de los autores de la guerra contra las drogas desatada por el entonces Presidente Felipe Calderón.
Los otros mandatarios que componen esta lista también son señalados por “su cerrazón al diálogo” con los ciudadanos y “su intolerancia a la crítica”. Otros más se empeñaron en cerrar el paso a la protesta social, por su incapacidad al diálogo y la negociación con sus gobernados.
Además están los que se han empeñado en defender que en sus estados se vive con seguridad, mientras las cifras demuestran lo contrario. Es el caso del priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, una de las entidades con más habitantes en el país y el mayor número de homicidios, especialmente contra las mujeres.
Está presente también el Gobernador, hoy con licencia, Ángel Aguirre Rivero, uno de los principales protagonistas de la tragedia que ha conmocionado e indignado a México y al mundo: el asesinato y la desaparición forzada de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el municipio de Iguala, el pasado 26 de septiembre.
Y se incluye, en esta lista, a otro que, sin ser Gobernador constitucional, llegó en enero de este año a Michoacán con todo el poder otorgado por la Presidencia de la República: Alfredo Castillo Cervantes. De acuerdo con sus críticos, él ha ejercido desde entonces como un Virrey en la entidad y, lejos de traer la paz y el progreso a sus habitantes, que fue la misión central encomendada, ha provocado más divisiones en el estado mientras que la violencia está más viva que nunca.
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha visto caer su popularidad y aceptación entre los capitalinos en sólo 24 meses de su administración. Según la más reciente encuesta publicada por el periódico Reforma, el pasado 5 de diciembre, el mandatario registró uno de sus perores niveles de desaprobación: el 60 por ciento de la ciudadanía se dijo no estar conforme con ella. La principal crítica durante los últimos meses es la mala actuación se sus policías y la represión que han desatado contra las manifestaciones sociales que se han registrado en la Ciudad de México, lo mismo en contra de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y, en especial, las que se han efectuado en solidaridad con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El 29 de noviembre pasado, SinEmbargo publicó una nota donde varios activistas coincidieron en que Mancera Espinosa y sus policías le han servido a Peña Nieto como “garrote” durante los dos años que lleva al frente del GDF.
“Ese es Miguel Mancera, él no es un político de izquierda, él viene de una tradición conservadora, autoritaria formal del derecho”, consideró Jesús Robles Maloof, abogado defensor de derechos humanos.
Mancera Espinosa ganó las elecciones de 2012 con una coalición de izquierda, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por un extraordinario 64 por ciento de los votos; con ese porcentaje vapuleó a los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Isabel Miranda de Wallace, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel.
Pero la luna de miel duró poco. Luego de 24 meses de gobernar la capital del país, pasó de ser un político que despertaba simpatías, al que se señalaba como “el soltero del año” –como lo calificó una revista de sociales–, al “puño duro” del Presidente de la República en la capital del país, según acusan diversos activistas y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
El Gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, saltó a la mirada pública este año luego de que el Congreso local aprobó su “Ley Bala”, con la que se permitía el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado. El 9 de julio, sus policías, con el respaldo de esa ley, desalojaron violentamente a habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes mantenían un bloqueo sobre la autopista Atlixco-Puebla para exigir el regreso del Registro Civil en sus comunidades.
El saldo de los hechos violentos fueron varios heridos, entre ellos el menor de 12 años, José Luis Tehuatlie Tamayo, quien falleció días después, además de un hombre que perdió un ojo.
El mandatario ha sido acusado de “represor” por diversas organizaciones y grupos civiles de la entidad, quienes aseguran que hay al menos 45 presos políticos en lo que va de su administración.
Por el caso Chalchihuapan, unas seis personas se encuentran presas, entre ellas tres presidentes auxiliares: Leonardo Báez Serrano, de la Resurrección; el de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, y el de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quienes fueron recluidos en el penal de San Miguel, por negarse a entregar los servicios del Registro Civil.
Además, la construcción del Parque de las Siete Culturas en San Pedro y San Andrés Cholula, ha dejado a cuatro activistas y detractores encarcelados: el abogado Adán Xicale Huitle y su hijo, Paul Xicale Coyopotl, así como los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia.
El Proyecto Gasoducto Morelos, que se pretende construir en varios municipios de Puebla que colindan con el volcán Popocatépetl, es otro motivo de conflicto entre el Gobernador y la sociedad poblana. De acuerdo con sus detractores, más que beneficiar a las comunidades poblanas, el proyecto destruirá la riqueza natural del estado. El rechazo al proyecto ha llevado a varios líderes a prisión: Enedina Rosas Vélez, quien se encuentra en arresto domiciliario, y Juan Carlos Flores Solís, lo mismo que Abraham Cordero Calderón, líder campesino y ex presidente auxiliar de San Francisco Tepeyecac.
ÁNGEL AGUIRRE RIVERO
Ángel Heladio Aguirre Rivero, el Gobernador perredista con licencia de Guerrero, es uno de los personajes que mayor rechazo social generó en 2014. Luego de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, se mantuvo aferrado al cargo durante 27 días, con el apoyo brindado desde el Distrito Federal por la corriente del Sol Azteca conocida como “Los Chuchos”, conformada por Carlos Navarrete Ruiz, Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva. Sin embargo pidió licencia a su cargo el 23 de octubre.
“El día de hoy, con fundamento en el Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia a mi cargo. Estoy convencido que esta es un decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo que me vio nacer”, dijo ese jueves el Gobernador.
Aguirre Rivero manifestó en varias ocasiones que si su renuncia ayudaba a las investigaciones sobre el ataque a normalistas en Iguala, dejaría el cargo.
El 6 de octubre, Ángel Aguirre mencionó por primera ocasión: “Si mi renuncia ayuda a resolver el problema no tengo ningún inconveniente en irme, es un asunto de responsabilidad y obviamente yo tengo que asumir plenamente lo que a mí me corresponde”.
Leopoldo Soberanis Hernández, director de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero Unido, consideró en días pasado que “si el gobierno actuara conforme al marco legal, [Ángel Aguirre] merece un juicio político y darle cadena perpetua por haber encabezado un gobierno corrupto, con el caso de Iguala; me atrevo a decir esos grupos financiaron su campaña, que por eso no quisieron actuar contra estos criminales cuando denuncié que estaban masacrando al pueblo de Linda Vista, por eso el Procurador [Iñaki Blanco] me desmintió, porque para ellos las gente pobre no les importa”.
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS
El derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de una mina de Grupo México, no sólo significó el peor desastre ambiental de la industria minera en México, también sacó a relucir los beneficios que el Gobernador de la entidad, el panista Guillermo Padrés Elías, disfrutaba en su rancho enclavado en esa zona: una enorme presa privada que abastecía de agua a toda la propiedad, mientras que los habitantes de al menos siete municipios colindantes al caudal dependían del suministro del vital líquido a través de pipas.
El 9 de septiembre pasado, Padrés Elías protagonizó una confrontación con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, luego de que expulsara de la entidad a los funcionarios federales: César Lagarda Lagarda, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Jorge Carlos Flores Monge, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y Jorge Andrés Suilo Orozco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Comité Estatal de Protección Civil en Sonora, quienes investigaban el derrame de tóxicos.
En respuesta, tres días después, Peña Nieto designó a una comisión federal “con el propósito de llevar a cabo acciones inmediatas, oportunas y eficaces para evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo del derrame tóxico en el Río Sonora”. El mandatario estatal no fue incluido y, tras su berrinche, terminó por aceptarla.
El mismo 9 de septiembre, agricultores y pobladores dieron a conocer que Padrés Elías tiene un rancho con presa propia y varios pozos –ilegales, según la denuncia–, mientras que el resto de las comunidades no tenían agua ni para beber.
Además, tiempo después, decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales acusaron a Padrés de emprenden una campaña “racista y de odio” en contra de la Tribu Yaqui, también opositora a la construcción de un Acueducto que les robará su agua. El conflicto provocó la detención del vocero de los yaquis Mario Luna Romero, además del arresto de Fernando Jiménez, otro integrante de la etnia.
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
En días pasados se dieron a conocer los datos del Informe de víctimas de homicidio, de secuestro y extorsión, elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a noviembre de este 2014. Ahí, por sexto mes consecutivo, el Estado de México se posicionó como el más violento del país. La entidad contabilizó en ese lapso 2 mil 051 asesinatos. También registró el mayor número de secuestros: mil 042.
Sin embargo, el Gobernador de la entidad, el priista Eruviel Ávila Villegas, ha insistido en varias ocasiones en lo que va del año que la violencia en el Edomex se trata de un “fenómeno atípico y temporal”.
En agosto, unos 350 elementos de la Gendarmería Nacional arribaron a Valle de Bravo, municipio del Edomex, para sumarse a otros 500 elementos federales y estatales que ya resguardaban la zona luego de una ola de inseguridad. Pero el mandatario insistió en que el “acontecimiento extraordinario” que se presentó en un contexto de disminución de la violencia.
Meses antes, en marzo, la Secretaría de Gobernación (Segob), que preside Miguel Ángel Osorio Chong, anunció un operativo “región por región, municipio por municipio”, para atender la crisis de inseguridad. A estas intervenciones se sumó la instalación a principios de años de las Bases de Operaciones Mixta en la región de Tierra Caliente del Edomex y la implementación del Escudo Centro anunciado en enero de 2013, que buscaba contrarrestar la violencia en la Zona Metropolitana del país.
ALFREDO CASTILLO CERVANTES
Desde su llegada a Michoacán como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integra de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes ha tomado uno de los papeles más importantes de la administración del gobierno michoacano, incluso aún más que el mismo Gobernador, Salvador Jara, quien fue designado luego de que Fausto Vallejo dejara el cargo.
El ex Procurador Federal del Consumidor fue llevado a Michoacán por el gobierno federal para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de Autodefensa que surgieron en la entidad en una Fuerza Rural.
A casi un año de su llegada al estado, pocos resultados se han visto. El enfrentamiento que se registró el pasado 16 de diciembre en La Ruana entre hombres de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, y Luis Antonio Torres González, mejor conocido como “El Americano”, exhibió que la aparente calma que había registrado en el estado los últimos meses, no era más que eso, una apariencia.
En este contexto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el de Acción Nacional (PAN) exigieron que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, responda sobre qué está haciendo en la entidad, debido a que –según testimonios– la situación está igual que antes cuando iniciaron los grupos de autodefensas.
ROBERTO BORGE ANGULO
El Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, ha sido acusado por activistas y legisladores opositores, de represor contra quienes son críticos y piensan diferente a él. Un ejemplo de ello es el periodista y activista Pedro Canché, quien se encuentra en la cárcel luego de que difundiera un video donde criticaba fuertemente al mandatario.
Ya en presión, Canché denunció: “Considero que es una advertencia para todos los que hacemos en Facebook, Twitter, Youtube, y en redes sociales, periodismo y reflexiones en estos medio”.
En septiembre, la organización internacional Artículo 19 dio a conocer su informe: “El ejército borgista contra la libertad de prensa”, en el que denunció que Quintana Roo es un estado “no apto para ejercer la libertad de prensa”. Además concluyó que el mandatario priista es “intolerante” y “usa dinero público para atacar periodistas y, en sentido contrario a su mandato constitucional, promueve un contexto adverso para la libertad de expresión”.
Norma Madero Jiménez, presidenta del semanario Luces del Siglo, un medio de comunicación crítico de la administración pública de la entidad, dijo que en entrevista para SinEmbargo que “cualquiera que opine o diga algo o tenga una manera diferente de pensar, o no estar de acuerdo con lo que se hace en el estado” es objeto de represiones. De acuerdo con la organización Artículo 19, la portada de la revista ha sido clonada en 35 ocasiones en los tres últimos años del gobierno de Borge Angulo.
“Durante el gobierno de Roberto Borge, Quintana Roo sí se ha convertido en un referente, pero de hostigamiento y amenaza a la libertad de expresión, un derecho protegido a nivel internacional. La mayoría de los medios de comunicación locales están subordinados al gobierno estatal”, denunció Eduardo Martínez Arcila, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en la entidad.
MARIO LÓPEZ VALDEZ
El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, finaliza el año como el mandatario que ante el temor de la lumbre de la protesta social advirtió cárcel a quienes bloqueen vialidades, mientras que su Procuraduría General Justicia del estado abrió una investigación contra un grupo de médicos y enfermeros realizaron un manifestación en Culiacán.
Las manifestaciones en solidaridad por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, se han replicado también en Sinaloa, lo que ha alertado al mandatario estatal. “Como que la lumbre está muy cerca”, comentó. Antes, en agosto pasado, Malova promovió una ley que restringía el acceso a medios de comunicación a información considerada como delicada.
Además en la entidad gobernada por “Malova”, se han registrado varios asesinatos y agresiones contra periodistas. En el mes de abril el director del diario Noroeste, Adrián López Ortiz, fue víctima de una agresión por dos hombres que robaron sus pertenencias y aunque se habían retirado de la escena del crimen, regresaron a dispararle en la pierna.
Mientras que el pasado 3 de diciembre, el Gobernador advirtió que a partir de “ese momento” quienes bloqueen las vías generales de comunicación serán encarcelados y sujetos a proceso penal. Días después, el 7 de diciembre agregó que en la entidad las manifestaciones se pueden intensificar por lo que hizo un llamado a tomar mediadas hacia las personas que se manifiesten y provoquen desorden público.
MANUEL VELASCO COELLO
Diversas organizaciones civiles han denunciado que el Gobernador chiapaneco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, a dos años de tomar el cargo, su administración se ha caracterizado por la nula resolución de conflictos y por la difusión “excesiva” de la imagen del mandatario.
El pasado 5 de diciembre, Agustín Gómez Pérez, un joven indígena se prendió fuego frente al Congreso del Estado para exigir la liberación de su tío, el activista Florentino Gómez Girón. Un día después de este suceso, el luchador social fue puesto en libertad sin especificar los términos legales, sin embargo Agustín continúa hospitalizado y su estado es grave.
Ese día un video comenzó a circular por las redes sociales, en el cual las imágenes eran estremecedoras: un hombre se incendiaba a sí mismo con la ayuda de sus compañeros. La grabación mostraba el otro Chiapas, el de los conflictos sociales y las manifestaciones; a diferencia del que Manuel Velasco se ha esforzado por mantener, el de los logros gubernamentales.
El mandatario no sólo ha sido criticado, y hasta denunciado ante organismos federales que han desechado esas acusaciones, por el gasto excesivo en publicidad que su gobierno ha mantenido para difundir su imagen; sino también por su constante aparición en las revistas del corazón, por ejemplo en Quien, donde ha aparecido más de una veintena de ocasiones en dos años debido a la relación que mantiene con la actriz y cantante, Anahí Puente.
CÉSAR DUARTE JÁQUEZ
La manera en que la administración del priista César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, ha aumentado la deuda de la entidad hace recordar el “Moreirazo”, que se refiere al endeudamiento que el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdéz, dejó a su paso por la entidad, y que suma pasivos por 31 mil 973 millones de pesos.
Duarte ha hecho lo suyo en Chihuahua: la deuda del estado ya alcanza los 42 mil millones de pesos; esto es, casi 8 mil millones de pesos más que la deuda registrada durante el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, en 2011.
A mediados de noviembre, el Senador panista Javier Corral Jurado, y otros legisladores, denunciaron que el mandatario es uno de los socios mayoritarios del nuevo banco Unión Progreso en la entidad mientras la deuda de Chihuahua se triplicó en cuatro años.
Ante ello, Corral Jurado se sumó también a la denuncia realizada por el activista Jaime García Chávez en contra del Gobernador del estado de Chihuahua, por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.
MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ
Miguel Márquez Márquez, el Gobernador panista de Guanajuato, es otro de los mandatarios estatales que ha intentado minimizar la violencia que se ha registrado en la entidad en los últimos meses, incluso pese a las manifestaciones que la inseguridad ha generado en diversos municipios.
Entre octubre y noviembre, estudiantes, médicos, y ciudadanos salieron a las calles para exigir que cese la violencia en la entidad.
Durante la celebración de la edición 42 del Festival Internacional Cervantino (FIC), cientos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) marcharon para exigir justicia por la muerte de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, quien acudió a Guanajuato para asistir al FIC, y quien según versiones de sus compañeros y familiares fue asesinado luego de ser detenido por policías estatales.
Días después, dos asesinatos conmocionaron y alertaron a los ciudadanos de la entidad: el homicidio de una doctora y de un estudiante, ambos durante un asalto, en la ciudad de León, detonó diversas movilizaciones para exigir justicia y mayor seguridad.
Además un tema pendiente con el que finaliza el año la administración de Márquez Márquez, es el de los feminicidios en el estado.
De acuerdo a organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, como Las Libres, en Guanajuato se han registrado en este año más de 73 feminicidios, por ello han exigido que se declare una Alerta de Género. Sin embargo, hasta el momento solamente se han emitido recomendaciones al gobierno de Márquez para detener la violencia contra las mujeres en la entidad.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
La facilidad con la que Javier Duarte de Ochoa dicta frases polémicas lo ha puesto en boca de la opinión pública en muchas ocasiones este año. Una de ellas ha sido la que se difundió el pasado 14 de octubre:
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, dijo el mandatario un mes antes de que se celebraran los juegos Centroamericanos 2014 que tuvieron lugar en la entidad. Con ello Duarte quiso destacar que los índices delictivos en Veracruz se habían reducido.
Pero las cifras oficiales siguen contradiciendo al mandatario. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz ha registrado al menos 537 asesinatos en lo que va del año. Y durante los últimos tres meses las cifras de este delinto no han registrado una disminución significativa. En septiembre y octubre se registraron 43 homicidios, mientras que en noviembre fueron 42.
Previo a sus declaraciones, el 9 de agosto en el poblado de Juan Díaz Covarrubias del municipio de Hueyapan de Ocampo, ubicado en el sur del estado, un grupo de sicarios irrumpió de forma violenta en una fiesta infantil que se celebraba Hueyapan de Ocampo donde mataron a 3 personas, entre ellas un menor de edad, y dejaron a dos más heridas.
Ese mismo día, se dio a conocer que Guillermo Aparicio Lara, “El Willy”, presunto jefe de plaza de Los Zetas en Quintana Roo, fue acribillado en la entidad. Y un día después se dio a conocer en la prensa el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina localizada en Minatitlán, también al sur de Veracruz.
