Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- El gobierno de Rafael Moreno Valle justificó la irrupción de esta madrugada en Chalchihuapan, donde policías abrieron puertas, causaron destrozos y apuntaron con armas a mujeres, ancianos y niños sin mostrar órdenes de cateo ni de aprehensión.
En un comunicado, el gobierno poblano argumentó que con la detención de un total de cinco pobladores y seis policías estatales, se dio por cumplida la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 11 de septiembre sobre el caso Chalchihuapan.
Al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a los mandos que estuvieron al frente del operativo del pasado 9 de julio en el que murió un niño, la Contraloría del Estado sólo determinó imponer una amonestación y una multa, cuyo monto no fue especificado.
En un comunicado emitido por el gobierno poblano, se informa que se comisionó a un funcionario de tercer nivel, José Montiel, consejero jurídico del gobernador, para ofrecer una disculpa pública a las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos.
Además, se anunció la creación de un fideicomiso público -cuyo monto no se especificó- con el fin de hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, “quienes podrán acudir, si así lo desean a la Dirección General de Víctimas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar el procedimiento correspondiente”.
El “acto de desagravio” estaba contemplado llevarse a cabo a las 7 de la noche en un salón del Centro de Convenciones Puebla, pero ni Elia Tamayo, madre del menor asesinado, ni ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió a escuchar el mensaje de ese funcionario, por lo que se desconoce el discurso pronunciado.
En cambio, unas horas después, el gobierno de Moreno Valle, envió al pueblo de Chalchihuapan un operativo policiaco que de nueva cuenta ameritaría la intervención de la CNDH por los abusos de poder y las ilegalidades que se cometieron, señaló el abogado Alejandro del Castillo.
Según el comunicado, la Fiscalía creada para investigar el caso, al frente de la cual se nombró como titular a José Antonio Pérez Bravo, resolvió la averiguación previa ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos.
“…en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez”.
Sin embargo, aunque otra de las recomendaciones que se da por cumplida es la “capacitación en derechos humanos de todos los servidores de hacer cumplir la ley en el estado”, en el operativo realizado por la madrugada en Chalchihuapan los policías no mostraron órdenes de aprehensión, ni de cateo, e ingresaron en las casas de forma violenta.
De acuerdo al testimonio de los vecinos, los elementos policiacos ni siquiera identificaban por nombre a las personas que serían detenidas, ya que era uno de participantes que iba encapuchado, quien señaló a los cinco pobladores que fueron arrestados.
Los policías rompieron vidrios y puertas con mazo, tumbaron una cerca con un vehículo, apuntaron con armas largas a mujeres, ancianos y niños, y se llevaron algunos de los detenidos en ropa interior, ya que los sorprendieron mientras dormían.
Incluso, un agente dio una bofetada a un niño de 12 años que trató de defender a su padre, mientras los policías vestidos de negro se lo llevaban por la fuerza.
“Nos trataron como si fueran los peores criminales y sólo somos gente de trabajo que no nos metemos con nadie”, dijo la esposa de uno de los detenidos.
Igual, se conoció este día que también fue detenido Leonardo Báez, presidente de la Junta Auxiliar de la Resurrección, aunque se desconocen los cargos en su contra.
Cuando habían transcurrido más de siete horas que los sacaron del pueblo, ubicado a menos de media hora de Puebla, los cinco detenidos estaban en calidad de desaparecidos pues no habían sido aún consignados ante ningún juez.
“Apenas están asignando nombres a las órdenes de aprehensión, para justificar las detenciones en Chalchihuapan”, denunció la diputada federal Roxana Luna.
En tanto que los policías denunciaron que los detenidos fueron engañados pues los citaron el viernes por la tarde para un supuesto curso, pero ya en las instalaciones se les ejecutaron las órdenes de aprehensión.
Cabe recordar que apenas hace días policías y habitantes de Chalchihuapan habían acordado unirse para protestar contra el gobierno de Moreno Valle. Ambos grupos se asumieron como víctimas de la llamada Ley Bala que impuso el mandatario.
Los policías denunciaron que aunque ese 9 de julio sólo actuaron por órdenes de sus superiores, el gobierno estatal les quiere cargar toda la responsabilidad sobre la muerte del niño y de los nueve heridos graves que hubo durante el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.
El abogado Hilario Gallegos informó que la detención del edil auxiliar de La Resurrección fue bajo cargos de resistencia a particulares pero, aseguró, que realmente tiene un fondo político.
Recordó que Leonardo Báez está por ganar un amparo en contra de las reformas al Código Municipal, que quitaron funciones a las Juntas Auxiliares y que fueron impulsadas por el gobierno de Moreno Valle.
