¿Dirá ahora que fue una mano extraterrestre la que lo lanzó?
Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Un grupo de organizaciones sociales pidió al Instituto Nacional de Protección de Derechos Humanos (Inprodh) y a Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) que participen “como garantes de la objetividad e imparcialidad” en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia de Puebla sobre el caso del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
En un desplegado difundido este jueves en medios nacionales, las agrupaciones destacan que los organismos defensores de los derechos humanos deben tomar cartas en el asunto, “toda vez que no confiamos en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Puebla, por la existencia de conflictos de interés”.
Además de reprobar los “excesos” de la policía estatal contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan –durante la manifestación del pasado miércoles 9 en la autopista Puebla-Atlixco–, la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Frente de Usuarios y Mototaxistas del Estado de Puebla, la Asociación y Expropiación de Cholula y el Frente Campesino exigen “garantías de objetividad e imparcialidad en las investigaciones para hacer justicia” al menor de 13 años.
También piden una indemnización para la madre del menor, Elia Tamayo Montes, y las personas que resultaron lesionadas en los hechos, así como la libertad “de los 35 presos políticos de Puebla y el alto a la criminalización de los movimientos sociales”.
Bajo el título “Un llamado al diálogo para Puebla”, las organizaciones destacan que este jueves se realizará en la Ciudad de México una mesa de diálogo con el gobierno de Puebla para encontrar una solución a las demandas planteadas, y reiteran al gobernador Rafael Moreno Valle “nuestra disposición al diálogo con garantías para solucionar nuestras demandas”.
Como último punto proponen que se legisle para crear una ley de participación ciudadana que brinde una solución democrática a los problemas generados por la “ley bala” y varias más, entre ellas la de expropiación y la que privatiza el agua.
Por separado, el procurador general de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá, reiteró que no hay evidencia de la utilización de balas de goma por parte los elementos de la policía estatal en la manifestación del pasado miércoles 9, y aseguró que el objeto que explotó cerca del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue lanzado por “infiltrados”.
“Si fueran balas de goma no tendríamos una lesión como la que tuvo el menor”, señaló Carrancá en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.
Añadió: “Es imposible que la Policía llevara balas de goma. En el momento del hecho la policía estatal está cerca del puente, donde hay una malla ciclónica y era imposible lanzar algún objeto”.
De acuerdo con el funcionario estatal, en la confrontación “un grupo de personas que yo los he diferenciado del grupo de manifestantes” lanzó cohetones a los policías.
Ese grupo, subrayó, estaba conformado por gente joven “que se cubrió el rostro”. No obstante, afirmó que ya tiene identificados a algunos de los que participaron en el enfrentamiento y serán detenidos una vez que se concluya la segunda etapa de la investigación y se integre la averiguación previa.
El procurador poblano reconoció que en el enfrentamiento los policías utilizaron gases lacrimógenos, pero eso –dijo– no pudo herir al menor, quien posteriormente perdió la vida.
Sin embargo, el pasado jueves 24 elementos de la policía estatal confirmaron al periódico Intolerancia que en el desalojo dispararon contra los pobladores de Chalchihuapan con cartuchos de gas lacrimógeno caducos, que al no estallar se convirtieron “en proyectiles contundentes” que hirieron a los manifestantes.
