Prohíbe «gobernador» priista de Sinaloa presencia de la prensa en escenas de crímenes

Javier Valdez Cárdenas
La Jornada

Culiacán, Sin. El pleno de los diputados locales aprobó reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado para prohibir a los medios de comunicación el acceso a zonas donde haya habido hechos delictivos, tomar videos y fotos a personas involucradas en hechos delictivos, en sesión extraordinaria realizada el miércoles.

En los cambios aprobados –que fueron propuestos por el gobernador Mario López Valdez–, se plantea que los medios periodísticos solo tendrán acceso a los boletines emitidos por las autoridades y autorizados por el titular de la Procuraduría de Justicia.

“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la Unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el artículo 52 Bis.

Además, agrega, en ningún caso se autorizará el ingreso de los periodistas a los lugares de los hechos, “la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”.

En otro apartado de este artículo se señala que ningún funcionario de la PGJE podrá dar información respecto a hechos delictivos a los medios de comunicación sin autorización del procurador.

“Solo la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico, y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no se afecte el desarrollo de la misma”.

La iniciativa fue enviada hace apenas dos semanas por el gobernador López Valdez y fue aprobada con una rapidez inusitada por los legisladores locales, que apenas el martes le dieron lectura y el miércoles, en sesión extraordinaria, fue aprobada por todos los diputados asistentes y sin un solo cuestionamiento. Las modificaciones buscan adecuar la legislación local a las nuevas disposiciones penales federales.

Retroceso e impunidad

En conferencia de prensa conjunta, Norma Sánchez y Gabriel Mercado, dirigentes de las organizaciones ciudadanas Iniciativa Sinaloa y Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio, condenaron los cambios realizados a la Ley Orgánica de la procuraduría local y advirtieron que se trata de un peligroso retroceso, cuyo objetivo es limitar la cobertura periodística y el acceso a la información. También, advirtieron, favorece las condiciones de impunidad que prevalecen actualmente en el ámbito de procuración de justicia.

“Solo la acción ciudadana puede meter reversa a este tipo de decisiones porque en el área de procuración de justicia se da mucho la opacidad de los servidores públicos”, dijo Sánchez.

Mercado manifestó que esto pone en riesgo a los periodistas, que podrían ser detenidos por policías si toman fotos o video de un hecho delictivo, y evitando así que los policías sean evidenciados si cometen irregularidades o alteran la escena del crimen. Dijo que hay versiones en actos policíacos que indican que los muertos cayeron en un enfrentamiento, cuando muchas veces esto no es cierto.

“¿Qué va a pasar con los medios, los periodistas que consiguen información y la publican? ¿Los van a detener? ¿Van a incurrir con esto en una ilegalidad?”, sostuvo.

– ¿Podrían las autoridades criminalizar el trabajo periodístico?

– Es un riesgo muy grave de que esto ocurra. Hay una intención muy clara del Estado de que sea solo su voz la que se escuche y vea, a través de boletines. Esto no puede ser.

Tanto él como Sánchez advirtieron que iniciarán diálogos con otras organizaciones para analizar estos cambios legales y ver la posibilidad de emprender medidas legales y actos de protesta para revertirlos, porque favorecen el escenario de corrupción e impunidad con que operan corporaciones policíacas y autoridades.

En esta ciudad capital, Marco Antonio Higuera Gómez, procurador General de Justicia del Estado, negó que las reformas aprobadas el miércoles tengan como objetivo coartar la libertad de expresión.

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