Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 denunció que la Comisión de Acción a la Información de Puebla (CAIP) se exhibe como un órgano que carece de autonomía, que es servil al poder público y que olvidó su obligación constitucional de publicar toda información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos.
Esto, luego de que, en lugar de responder a un fallo judicial positivo que obtuvo el periodista del medio digital Lado B, Ernesto Aroche, sobre la entrega de información de gasto en publicidad oficial y comunicación social del gobierno de Rafael Moreno Valle, la CAIP determinó interponer un recurso de revisión ante los tribunales.
En un comunicado, Artículo 19 refiere que, en mayo, Aroche obtuvo un fallo por parte del Juzgado de Distrito que exige a la CAIP pronunciarse sobre la entrega de información del gasto en publicidad oficial y comunicación social; pensiones y jubilaciones y servicios generales de la administración estatal.
Esa información tiene que ser otorgada por la Dirección de Puebla Comunicaciones y la estatal Secretaría de Finanzas y Administración, las cuales habían rechazado atender una serie de solicitudes de información presentadas por Aroche en abril de 2013.
La resolución que emitió el juzgado, en lugar de ser acatada, fue impugnada a través de dos recursos de revisión: uno interpuesto por la CAIP y otro por la Consejería Jurídica estatal, “curiosamente ambas instituciones alegan lo mismo”, denuncia Artículo 19.
“El recurso de revisión interpuesto por la CAIP es el reflejo de la falta de autonomía y de servilismo respecto del poder público en detrimento de la transparencia y el derecho de acceso a la información”, señala la organización que promueve el derecho a la libertad de expresión.
“La CAIP olvidó su obligación constitucional de publicar toda información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos”, agrega.
Es decir, “ignorando todos los avances que ha habido en la materia para garantizar efectivamente este derecho y hacer prevalecer el principio de máxima publicidad, esa comisión olvidó su carácter de garante y se convirtió en la contraparte del ciudadano mandándolo a tribunales”.
En lugar de esto, Artículo 19 advierte que el órgano garante de la transparencia en Puebla debió cumplir el fallo del juez para obligar al gobierno estatal a entregar la información en la modalidad solicitada.
La organización pide al presidente de la CAIP, José Luis Javier Fregoso Sánchez, que explique públicamente las razones por las que decidió llevar a tribunales a Aroche quien, en un ejercicio periodístico, busca informar a la sociedad sobre el gasto del gobierno del estado.
“Puebla se ha destacado por implementar prácticas intimidatorias y dilatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convirtiéndose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial de las Entidades Federativas”, expone la organización.
También refiere que el gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene vigente la opacidad que caracterizó al sexenio de Mario Marín en gastos destinados a publicidad y comunicación social.
Artículo 19 confía “en que la determinación del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa, en el que se encuentra radicado el recurso de revisión 245/2014, se apegue a derecho, sin que medie ningún tinte político en su resolución final”, puntualiza el comunicado.
Debe destacarse que apenas la semana pasada, Alexandra Herrera Corona rindió protesta como integrante de la CAIP, pese a que unos días antes se desempeñaba como directora del Registro Civil de la administración morenovallista.
Los otros dos integrantes del órgano de transparencia de Puebla igual se distinguen por tener antecedentes que los ligan con el mandatario estatal.
Fregoso Sánchez, actual presidente del organismo, fue asesor de Martha Erika Alonso, esposa del gobernador, durante la campaña electoral de 2010, mientras que González Magaña fue asesor de la coalición Compromiso por Puebla que postuló a Moreno Valle.
