Fermín Alejandro García
La Jornada
Sin duda el actual sexenio será el de los mayores robos en materia de obra pública en el estado. Uno de los proyectos más recientes y publicitados, por los gobiernos federal y de Rafael Moreno Valle Rosas, es el llamado viaducto elevado o segundo piso de la autopista México–Puebla, que tendrá una inversión de unos 10 mil millones de pesos, pero un reciente estudio de un grupo de profesionales del ramo arroja que ese costo estaría inflado en unos 4 mil millones de pesos, que es una cifra superior al presupuesto anual del ayuntamiento de la capital de la entidad.
Hace ocho días se inició la obra y ya empezaron a surgir una serie de datos preocupantes que exhiben un proyecto hundido en la opacidad y la sospecha de que se trata de un abuso de grandes magnitudes. Dicha vialidad tendrá una extensión de 13.3 kilómetros, cuatro carrilles, estará concesionada por 30 años y su construcción –que tardará dos años– estará a cargo de dos polémicas empresas: OHL y Pinfra, esta última ligada a los intereses de Raúl Salinas de Gortari.
En un inicio el proyecto parecía que iba a estar controlado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, pero poco a poco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal se fue apropiando de este asunto, bajo el argumento de que se trata del compromiso 040 que Enrique Peña Nieto hizo en campaña, antes de ganar la presidencia de la República. Aun así, el mandatario poblano sigue presumiendo la obra como una de las más importantes de su gestión.
Las números raros que han aparecido en este asunto es que en un principio la obra se presupuestó en 11 mil millones de pesos, y de un momento a otro, sin que mediara una explicación, se ubicó la inversión en 10 mil millones de pesos, como si la diferencia de mil millones de pesos fuera algo insignificante.
Ahora dicho viaducto, que se ubicará entre Chachapa y San Miguel Xoxtla, se ha fijado con una inversión de 10 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones de pesos provienen del gobierno federal y el resto lo aportarán las empresas concesionarias que fueron elegidas por la administración morenovallista.
Con los anteriores datos parecería que no hay nada raro en este asunto, sino fuera que la Academia de Prospectiva de Ingenieros, que es un cuerpo colegiado de profesionistas en la materia, hizo un estudio de la obra y llegó a la conclusión de que solicitando una inversión elevada, el segundo piso de la autopista México–Puebla se puede hacer con un presupuesto que no rebasa los 6 mil millones de pesos; es decir, 4 mil millones de pesos menos.
El planteamiento incluye crear un consorcio de la construcción para ejecutar el proyecto y generar un número elevado de empleos por más de dos años.
Ahí no termina todo, la Academia de Prospectiva de Ingenieros ha hecho un estudio a conciencia de los problemas viales que implica atravesar la autopista en cuestión, a la altura de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, y llegó a la conclusión de que se pueden hacer diversas obras que resolverían los conflictos de tránsito, y para ello se requeriría una inversión de apenas 2 mil 500 millones de pesos, lo cual es 7 mil 500 millones pesos menos de los que se van a gastar en el viaducto elevado.
La propuesta de la Academia de Prospectiva de Ingenieros, que era muy atractiva, junto con la de otras asociaciones o consorcios, no fue tomado en cuenta porque al final el contrato se otorgó sin que hubiera una licitación que demostrara que las empresas elegidas eran la mejor opción.
El contrato se le quedó a la compañía de capital español Obrascón, Huarte y Laín (OHL), que ha sido consentida del gobierno de la República en los dos últimos sexenios y que en Puebla tiene varias obras, además de que se proponía construir el libramiento norte, que enfrenta una fuerte oposición de varias comunidades rurales que ven amenazadas sus zonas de cultivo.
La segunda empresa es Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), que es la actual concesionaria de la vía Atlixcáyotl.
Pinfra es encabezada por David Peñaloza Sandoval, y antes esa compañía se llamaba Tribasa, que tuvo su esplendor hace cuatro sexenios, por lo que siempre se especuló que fue impulsada o que tuvo capital de Raúl Salinas de Gortari, el llamado hermano incomodo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Peñaloza Sandoval apenas hace unos años estaba quebrado y debía mucho dinero a los bancos, y ahora es uno de los mexicanos que recientemente ingresaron a la lista de Forbes por tener más de mil millones de dólares en sus cuentas bancarias.
Hasta ahora nadie conoce el proyecto ejecutivo de la obra, por lo cual no existe plena certeza de que efectivamente se necesitan 10 mil millones de pesos para construir ese segundo piso, que dará fluidez al paso diario de unos 11 mil vehículos.
Aunque en Puebla no nos debemos espantar de que esto ocurra. Se cree que el Centro Integral de Servicios que el gobierno morenovallista construyó en Angelópolis costó unos 800 millones de pesos, pero se acabarán pagando unos 3 mil 500 millones de pesos. O se dice que el viaducto Zaragoza, que fue la primera obra faraónica de Moreno Valle, habría costado unos 70 millones de pesos, aunque en realidad se presupuestó en más de 500 millones.
El problema de fondo en Puebla es la inexistencia de una sociedad civil que exija cuantas claras a nuestros gobernantes. Por eso nuestra burocracia dorada se sirve con la cuchara grande, con impunidad y burla al sentido común.
