Lorena Morales
Reforma
Cd. de México (18 octubre 2014).- Legalizar la asignación de mil 650 millones para obras y proyectos que los 66 legisladores decidan ejecutar, sólo agudizará el problema de corrupción que existe por esta mala práctica en la Asamblea Legislativa, advirtieron especialistas en transparencia.
La bancada del PAN impulsa hacer ley dichos recursos, lo que expertos consideran podría ser utilizado en promesas de campaña o gestiones ciudadanas.
«Se supone que el presupuesto se debe aprobar para lo que hace el Ejecutivo; el Legislativo tiene que representar únicamente. En el DF tiene la facultad de gestiones, pero para eso son los módulos y para eso se le asignan recursos de otra forma.
«Institucionalizarlo como lo plantea el PAN, no va a resolver el problema que causa ahorita y simplemente lo va a agudizar más porque la cantidad va a ir aumentando más», opinó el especialista de la asociación civil Impacto Legislativo, Diego Díaz Iturbe.
En la propuesta que Acción Nacional presentó, se pretende crear la figura de Presupuesto de Gestión Ciudadana, equivalente al 1 por ciento del Presupuesto de Egresos del DF, que para este año equivaldría a 25 millones de pesos por diputado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis.
La especialista en rendición de cuentas, Maricarmen Nava, exigió poner lupa en las asignaciones que se realizan por la falta de transparencia que hay en el manejo de recursos.
«Me parece que hay una confusión, una cosa es asignar recursos a participación ciudadana y otra es decir que se pueda que los ciudadanos elijan en qué se utiliza cierto porcentaje de los recursos y que se someta a consulta pública.
«Y otra cosa es que haya la discrecionalidad de que cada legislador los asigne. La propuesta concreta sería utilizar el Presupuesto de Egresos basado en resultados», alertó Nava.
La presidenta de esa Comisión, Esthela Damián, rechazó la propuesta al decir que es mal momento para discutirla y dejó pendiente la explicación de cómo se puede eliminar la práctica de etiquetar esos recursos.
«No creo que sea un asunto que deba quedarse en la norma, más bien tendríamos que ir al revés.
«Tendríamos que ver cómo eliminamos ese tipo de prácticas que no generan ni agrado ni transparencia ni las mínimas condiciones para que esto se apruebe», dijo.
Al cuestionarla sobre si en este periodo eliminarán esa práctica de asignar dinero a proyectos que los diputados elijan, y que no está fundamentado en ninguna normatividad, Damián respondió que se tiene que discutir de qué manera los legisladores solucionan sus gestiones ciudadanas.
