Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (03 noviembre 2014).- La Suprema Corte de Justicia desechó la solicitud del PRI para realizar una consulta popular en la que se planteaba reducir el número de legisladores federales de representación proporcional.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la pregunta sugerida por el PRI, apoyada por más de 1.8 millones de ciudadanos, que planteaba reducir de 200 a 100 los diputados plurinominales, además de desaparecer las 32 senadurías asignadas por este principio.
La pregunta priista fue desechada porque el Artículo 35 de la Carta Magna prohíbe las consultas en materia electoral, así como en todo lo relacionado con el Artículo 40 de la propia Constitución, que contempla los principios del sistema democrático.
Apenas el pasado 8 de julio, la Corte había establecido, al revisar leyes de Durango, que el número de integrantes de un órgano legislativo sí califica como materia electoral, lo que prácticamente había sentenciado de antemano el destino que tendría la consulta del PRI.
Pese a dicho precedente, el 20 de agosto el dirigente nacional del PRI, César Camacho, insistió en presentar al Senado el aviso de intención sobre su consulta, lo que dio inicio al proceso para recabar firmas de apoyo.
«Si bien la reducción de diputados es un tema de definición orgánica del Poder Legislativo, lo cierto es que también implica de manera indisoluble un tema electoral, en tanto que se reduce la participación de los partidos y se afectan los efectos de la votación de los ciudadanos sobre el grado de representatividad», explicó Fernando Franco, autor del proyecto de sentencia.
«La prohibición es tajante, no amerita casi interpretación, tratándose de principios del 40 o de materia electoral (no procede la consulta), es el principio constitucional, es a lo que esta Corte se ciñe», agregó el Presidente Juan Silva Meza.
Jorge Pardo rechazó que el número de legisladores sea materia electoral propiamente dicha, pero aún así consideró improcedente la consulta, pues se afectarían los principios del 40 de la Constitución.
Aunque no habrá consulta popular, nada impide al PRI presentar una iniciativa de reforma Constitucional para lograr la reducción de legisladores.
La decisión de la Corte implica el fracaso total del primer ejercicio sobre consultas populares desde la introducción de esta figura a la Constitución, pues la semana pasada, también fueron rechazadas solicitudes del PRD y Morena sobre la reforma energética, así como del PAN sobre aumento al salario mínimo.
El Instituto Nacional Electoral gastó 30 millones de pesos en la infraestructura necesaria para validar los varios millones de firmas que apoyaron las consultas planteadas por los cuatro partidos, requisito necesario para que las peticiones llegaran a la Corte.
El Constituyente fijó amplias restricciones a las materias de consulta, que no proceden, además de temas electorales, en todo lo relativo a ingresos y gastos del Estado, restricción a derechos humanos, seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
