Armando G. Tejeda
La Jornada
Tras un tenso y áspero debate en el Congreso de los Diputados, la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) aprobó en solitario su polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, bautizada por la opinión pública como “la Ley mordaza”.
La nueva normativa criminaliza la protesta ciudadana e impone una serie de restricciones a los actos y movilizaciones civiles contra el gobierno, como la prohibición de concentraciones ante las instituciones del Estado, como el Parlamento y el Palacio de la Moncloa -sede del Ejecutivo-, así como la imposición de multas cuantiosas por manifestarse “sin autorización” de la administración o tomar fotografías de los policías durante sus actuaciones.
Un año después de que ser presentada ante el Congreso y enviada por el Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy, finalmente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana superó todos los trámites antes de su entrada en vigor. El último escollo era la aprobación en el Parlamento, que se superó con facilidad gracias a la mayoría absoluta del PP, que no admitió ni una sola de las centenares de enmiendas que presentaron el resto de los grupos parlamentarios.
Durante el debate, la oposición en pleno criticó la “vuelta al pasado” de la nueva ley, que supondrá más “represión” y una “barra libre para la policía” durante sus actuaciones para disolver protestas, que ya ni siquiera se podrán grabar ni emitir en medios de comunicación, al ser considerado delito graves. Para el vocero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Antonio Trevín “la ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria y con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial”.
Entre los puntos más polémicos de la nueva legislación destacan que a partir de ahora las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori sin intervención judicial. Y de esas faltas, las muy graves, supondrán una sanción de entre 30 mil euros a 600 mil; las graves con entre 600euros y 30 mil euros; y las leves con entre 100 y 600 euros.
Entre las faltas graves que penaliza la ley destacan: “La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
La diputada navarra Uxue Barkos exigió Gobierno que escuche a la sociedad y a la Unión Europea, cuyo comisario de Derechos Humanos, aseguró que «España pretende hacer legal lo ilegal”. Mientras que Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Cataluña, tildó la ley de “locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía”.
Nota redifundida en NOTIGODÍNEZ. Fuente
