La Procuraduría tiene 203 denuncias por malas averiguaciones, detalla Vega Arroyo.
Redacción La Jornada
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, dio a conocer que en lo que va de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene 203 quejas por el estado irregular de integración de las averiguaciones, así como la dilatación en la resolución de las mismas, y advirtió que la PGJE ya ha rebasado a otras instancias, como la Secretaría de Seguridad Pública, la cual, hasta agosto de este año, tiene 159 denuncias “por rezagos que van desde más de seis meses que no se hace nada”.
El ombudsman destacó que estas quejas son por averiguaciones que en su mayora llevan años, y en este sentido la CEDH se fija un tiempo de seis meses para la resolución, ya que el estándar internacional de derechos humanos sobre la determinación de una averiguación previa da puntos a seguir, como la complejidad del caso y el desahogo de las pruebas, pero a veces la autoridad no se justifica.
“Nosotros sí le hemos dicho a la Procuraduría el estándar que estamos midiendo para determinar si hay rezago; no sólo la temporalidad, sino la complejidad del caso y los casos que estamos diciendo no son tan complejos, no nos explicamos por qué entonces no se siguen los pasos correspondientes en las averiguaciones”, agregó.
Ante esto, aseveró que la PGJE no da “excusas válidas” para argumentar el rezago en temas que son relativamente fáciles: “ni siquiera nos dan un oficio de que pidieron informes, o ‘hice un citatorio y no vino’, o sea nada, no hicieron nada”, sostuvo.
Vega Arroyo ejemplificó el caso de la denuncia del activista Ramón Ortiz García, en la cual se emitió una recomendación por parte de la CEDH sobre la dilatación de la resolución: “la víctima nos refirió: ‘yo presenté una denuncia en junio de 2013 y resulta que es febrero de 2014 y no ha habido avances’; ahí iniciamos nosotros la queja, pero además nos dice: ‘me dieron tratamiento, me hicieron un dictamen pericial en agosto y es febrero y todavía no está integrada la averiguación previa’; o sea, hay un doble rezago en las instituciones”, detalló.
Comentó que, específicamente en este caso, la PGJE argumentó que el quejoso nunca asistió a ratificar su denuncia, cuando lo cierto es que sí lo hizo y no hubo ninguna actuación en ese periodo, “es más, la instancia no demostró que hubiese actuado después de que presentó la denuncia, fue hasta marzo de 2014 que la Procuraduría la citó para continuar más que nada por hacerle conocimiento de su dilatación en el caso”, por ello expuso que ya emitieron una recomendación a la Contraloría por el retraso en la investigación.
“Nuestro señalamiento es que ya se desahoguen todas y cada una de las diligencias y que ya se determine o no el ejercicio de la acción penal como lo han hecho en todas las ocasiones anteriores”, recalcó.
También habló sobre la primera recomendación que realizaron por el caso del niño Akin Jautzin, quien fue operado en el Hospital Central por un tumor en el cerebro y se le dejó una gasa, lo que lleva ya más de cinco años sin resolución: “ya tiene más de cinco o seis años el asunto y no lo han determinado. Se justifica la falta de un estudio, pero tampoco se ha solicitado, entonces, qué esperan para solicitarlo. Hace dos años que se pidió y ahora salen que lo van a requerir pero no lo han hecho”, enfatizó.
También habló de otras recomendación en donde se involucra una persona del Poder Judicial: “aquí lo que queríamos es que determinaran, no importa si es un servidor público o no, lo que se tiene que hacer es determinar si procede o no el ejercicio de la acción penal”, expresó.
Con todo estos casos y las quejas que se están recibiendo, Vega Arroyo añadió que lo que piden en las recomendaciones contra la PGJE es, primero, capacitar a los ministerios públicos, por lo menos en la zona donde se detecta la problemática, y dijo esperar que algunos aspectos se puedan sanear con la entrada de la reforma penal, pero, independientemente, y ante tanta frecuencia de denuncias, se debe hacer un estudio más profundo por parte de la CEDH para ver cuántos casos más hay, pues lo que se está haciendo es vulnerar el derecho a la procuración de justicia y no se está dando certeza jurídica a las personas.
