Enrique Méndez
La Jornada
México, DF. El pleno de la Cámara de Diputados debatirá en su sesión del martes el informe preliminar de la comisión especial que investiga la agresión armada contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el cual se concluye que existió desaparición forzada de 43 alumnos, y que no se puede eludir que sufrieron una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Entre éstas, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales.
La comisión, integrada por siete legisladores y presidida por el panista Guillermo Anaya, expresa su preocupación por el hecho de que se pretenda “criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos””.
El reporte, entregado esta tarde a la Junta de Coordinación Política, revela, a partir de información proporcionada por el gobierno de Guerrero, que la Policía Federal y la Policía Estatal vigilaron “por horas” a los normalistas desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala.
Incluso, el gobierno estatal reportó a la policía de ese municipio el traslado en autobuses de los jóvenes desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre.
Diversas autoridades policiacas y militares fueron alertadas o conocieron de la balacera y la agresión, pero no intervinieron.
La comisión especial señaló que las autoridades estatales sí sabían de las actividades de los estudiantes, los siguieron y la policía del estado no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal de Iguala cometió contra los estudiantes.
