Redacción Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).- Por falta de pruebas, fabricación de delitos y declaraciones de testigos “inexistentes”, un juez federal ordenó la “inmediata liberación” de Ligia Canto Lugo, la abuela que busca recuperar a sus tres nietos desde 2012.
Los niños fueron sustraídos por su propio padre, el empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda, en violación a la custodia concedida a la parte materna.
La mujer, de 68 años de edad, fue arrestada hace 10 días en Yucatán y un día después fue recluida en el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de dirigir una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas de crédito.
No obstante, el juez federal constató que los cargos que le imputaba la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam eran inconsistentes, por lo que ordenó su inmediata liberación.
Alejandra Cartagena, abogada de la abuela de Isabella, Martín y Mariana, de cinco, seis y ocho años, respectivamente, aseguró que el juez “pudo constatar de forma muy clara que esto no fue más que una fabricación de delitos por parte del Ministerio Público federal, por lo que determinó su excarcelación por falta de elementos e informó que dará vista a la PGR para que persiga los delitos que se puedan desprender de esta situación, en la que el Ministerio Público supuestamente recibió el testimonio de personas a las cuales identifica con documentación que resultó ser falsa.”
Cartagena, también coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, precisó que las credenciales de elector de las dos personas que supuestamente testificaron en contra de Ligia Canto tenían varias anomalías, “por lo que solicitamos al Instituto Nacional Electoral que verificara su autenticidad, el organismo informó oficialmente que dichas credenciales eran falsas”.
También se realizó una inspección de los inmuebles que los falsos testigos dieron como su domicilio. En los edificios de departamentos, donde hay vecinos con más de 30 años de residencia, éstos aseguraron que nunca habían visto a esas personas. “Entonces, el juez pudo acreditar que en realidad estos testigos nunca existieron”, subrayó la abogada.
Señaló que después de recibir la notificación del juez, el agente del Ministerio Público la firmó “sin ninguna sorpresa” y responsabilizó a la Policía Ministerial sobre la falsa identidad de los testigos.
“Pero esos testigos nunca existieron, su supuesta declaración fue sólo simulada, tal como se desprende de las pruebas en favor de Ligia que fueron admitidas por el juez, y que lo llevaron a determinar su inmediata liberación”, apuntó.
En mayo de 2012, Ligia Canto y su hija Emma Gabriela Molina Canto iniciaron la lucha por la recuperación de Isabella, Martín y Mariana, quienes fueron raptados por el empresario tabasqueño Alberto Medina Sonda –socio de José Manuel Saiz Pineda, extesorero del gobierno de Tabasco–, luego de que la custodia de los menores le fue otorgada a la parte materna.
De acuerdo con Canto Lugo, el padre de los menores orquestó una campaña de “acoso judicial” en contra de ella y su familia para obligarlos a abandonar la búsqueda de los niños, cuyo paradero se ignora hasta la fecha.
Como parte de esa campaña, Emma Gabriela, la madre de los pequeños, fue detenida en mayo de 2012 por agentes judiciales que la trasladaron de Yucatán a Tabasco, donde su exesposo la acusó por robo de auto. La mujer pasó cuatro meses en una prisión, donde supuestamente fue sometida a sesiones de tortura para exigirle que cediera la custodia de sus hijos.
Un juez determinó que Molina Canto no había cometido ningún delito y la puso en libertad. No obstante, meses después otro juez del Distrito Federal emitió una nueva orden de arresto en contra de la mujer, esta vez por un supuesto fraude cometido en la Ciudad de México cuando ella estaba presa en Tabasco.
A pesar de esa irregularidad, la orden de aprehensión sigue vigente, razón por la cual la madre de los menores se encuentra escondida desde febrero de 2013. A partir de entonces la lucha por la recuperación de los tres menores recayó en su abuela materna, Ligia Canto.
El pasado lunes 11, durante una manifestación en Mérida, Yucatán, para exigir la libertad de Canto Lugo, los manifestantes compararon el caso con el de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, fundadora del albergue “La Gran Familia”, de Zamora, Michoacán, de donde fueron rescatadas 596 personas.
“¿Dónde está Ligia? En la cárcel, por pelear por su familia. ¿Dónde está mamá Rosa? En su casa por prostituir menores y tener amigos influyentes”, se leía en una de las pancartas exhibidas durante la manifestación de apoyo a Canto Lugo y su hija.
Por separado, la familia Molina Canto difundió una carta abierta dirigida a Peña Nieto y a instancias de procuración e impartición de justicia en México, así como a organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internaciones, y a la sociedad en general, para demandar justicia.
En la misiva pidieron auxilio para acabar con el acoso judicial emprendido por Medina Sonda, quien con delitos fabricados logró encarcelar a su esposa y su suegra.
“Somos una familia de ciudadanos y ciudadanas comunes, trabajadoras, y que luchamos en el día a día para afrontar los retos que la vida nos presenta. Pero ahora estamos de cara a la desgracia, la incertidumbre y el asombro de ver paulatinamente cómo nos van desapareciendo uno a uno, sin que exista la intervención de alguna instancia que nos proteja, detenga esta violencia y haga justicia”.
Subrayaron: “Primero fueron nuestros sobrinos Mariana, Martín e Isabella (Medina Molina), hijos de nuestra hermana Emma Gabriela Molina Canto y su esposo Martín Alberto Medina Sonda. Ese mismo día (25 de mayo de 2012) nuestra hermana fue detenida con violencia, trasladada al CRESET de Villahermosa y encarcelada cuatro meses por un delito fabricado por su aún esposo (…) Hoy nuestra madre tampoco está con nosotros, porque fue detenida y trasladada al penal de Puente Grande en Jalisco. En esa misma denuncia también está implicado nuestro hermano Guillermo y nuevamente Emma Gabriela”.
Y exigieron al empresario tabasqueño que “deje en paz a nuestra familia, que cese la violencia y la fabricación de delitos a nuestra familia, porque a todas luces es él quien a través de sus abogados quiere destruir la felicidad y armonía que nos une como familia y como ciudadanos comunes y corrientes”.
