Redacción Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) revocó una reserva de información invocada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar entregar la relación con el número, grado y unidad, batallón o compañía de los elementos que participaron los hechos registrados en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, donde 21 presuntos delincuentes fueron ejecutados extrajudicialmente y uno más cayó abatido en un enfrentamiento con las fuerzas federales.
El organismo revocó la reserva toda vez que, concluyó, se trata de datos genéricos que no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos a proceso.
A través de la Procuraduría General de Justicia Militar, la Sedena respondió al particular que solicitó la información que ésta se encontraba reservada por estar vinculada a una averiguación previa y a un expediente judicial por delitos militares, “que no han causado estado”. Luego, el Comité de Información de la Sedena confirmó la clasificación.
Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el Ifai, turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que argumentó que el pasado 25 de septiembre la Sedena emitió un comunicado en el que informó que se pusieron a disposición de un juzgado militar a un oficial y siete elementos de tropa.
Además indicó que su petición es para que se precise el número total de elementos, grado y unidad a la que pertenecían, datos que no vulneran la investigación. Sin embargo, en los alegatos la Sedena reiteró su respuesta original.
En su análisis del caso, la comisionada validó el argumento del particular respecto de que en su comunicado la propia Sedena informó de la puesta a disposición de un oficial y siete elementos de tropa ante el Juzgado Sexto Militar, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa.
Es decir, añadió, “se advierte que el ministerio público castrense ya ejerció acción penal, por ende no se pondría en riesgo las diligencias que realizó el órgano investigador”.
Asimismo, Kurczyn Villalobos destacó que los datos sobre el grado, unidad, batallón y/o compañía a la que pertenecían cada uno de los militares, están en diversos archivos administrativos, desde antes que cometan algún tipo de delito: expedientes personales, registros de asistencia de las unidades o batallones, así como en los libros de control de los Grupos de Procesados y Sentenciados.
Dar a conocer los datos requeridos por el particular, subrayó la comisionada, no implica que sean extraídos de la indagatoria o del expediente que obra en el Juzgado militar.
Además, los datos requeridos son genéricos y no hacen identificables a los servidores públicos que están sujetos al proceso, recalcó.
A ello se suma, dijo, que en ocasiones anteriores la Sedena ha entregado información similar a la requerida, como en la solicitud número 0000700115413, en la que dio a conocer el registro de cuatro generales en juicio por diversos delitos.
Kurczyn Villalobos, consideró “de gran relevancia” dar a conocer la información, ya que los militares como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio de la ciudadanía.
“Sobre todo cuando en la actualidad nos encontramos ante una crisis en materia de derechos humanos. En ese sentido, se garantiza la máxima publicidad, prevista en el artículo sexto de la Constitución, y se ofrece a la sociedad la claridad necesaria para confiar en quienes deben resguardar la seguridad nacional y la paz pública”, argumentó.
A propuesta de la comisionada, el pleno del Ifai revocó la respuesta e instruyó a la Sedena a proporcionar la información genérica, en los términos señalados.
