No es un crimen «local», como pretenden hacerle creer a los imbéciles no informados. Quieren erradicar la lucha social iniciada por Lucio Cabañas y mantenida por los normalistas rurales, y lo hacen a través del terrorismo «de Estado». Es lo mismo de todos los sexenios: persecución, criminalización y asesinato DESDE EL RÉGIMEN.
Arturo Cano
La Jornada
Chilpancingo, Gro., 21 de octubre. Antes de Iguala, Ayotzinapa había tenido otros encuentros con la delincuencia organizada.
La madrugada del 15 de noviembre de 2012, un grupo armado atacó un autobús donde viajaban tres normalistas, el chofer y su esposa. Volvían de Atoyac, adonde habían llevado a un grupo que participó en una marcha para exigir justicia en el caso de los dos estudiantes asesinados en la Autopista del Sol en diciembre de 2011 (en aquella ocasión, los gobiernos de Ángel Aguirre y Felipe Calderón se culparon mutuamente, y la justicia sigue pendiente).
A la altura de Tierra Colorada, según el relato de los normalistas recogido por el corresponsal Sergio Ocampo, desde una camioneta Ram negra con vidrios oscurecidos dispararon al aire y obligaron al chofer a detener la unidad.
El grupo armado “agredió a los compañeros Omar Barrientos Pino, Gilberto Román Hernández y Yassaed Iván Montalvo Pineda… el chofer les reclamó porque lo iban golpeando, y le respondieron que iban a quemarlos vivos a él y a los normalistas ‘por andar haciendo esas chingaderas’” (secuestrar un autobús de la empresa Estrella Blanca).
El gobierno de Ángel Aguirre dio entonces la versión de que el autobús se volcó como resultado de “un incidente vial”.
Amenazas
El otro hecho ocurrió este año. A principios de septiembre, el “habilitado” de la escuela (se llama así al profesor que se encarga de ir por los cheques de todos a la Secretaría de Educación) comenzó a recibir amenazas telefónicas: le exigían que entregara la nómina de la escuela para poder determinar la “cuota” que cada docente o empleado debía pagar.
El 15 de septiembre no hubo labores en la escuela. El director, José Luis Hernández Rivera, cuenta que él y otros profesores esperaban a un ingeniero encargado de algunas obras, pero éste les avisó que no llegaría y se retiraron de la escuela a las 11 horas.
Poco después, dos individuos se presentaron a las puertas del plantel y le dijeron a la única empleada que quedaba que “venían por lo de la cuota”. “Incluso se sentaron a esperar un buen rato”, pero al ver que era cierto que el director no volvería, se retiraron.
Una versión indica que las amenazas provenían del grupo delincuencial conocido como Los Ardillos, pero el profesor Hernández Rivera asegura que “nunca dijeron a qué grupo pertenecían”.
Los trabajadores fueron informados de lo ocurrido; el “habilitado” pidió ser relevado del cargo y, tras tomar algunas “medidas de seguridad”, no han vuelto a recibir amenazas.
El director de Ayotzinapa habla cerca de la puerta donde los familiares de los 43 desaparecidos celebran su enésima reunión. Les informan que el comité estudiantil está rindiendo declaración en Chilpancingo, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Los padres aprovechan la presencia de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, para informar un acuerdo tomado en asamblea:
“Antropólogo, ¿se acuerda que nos dijo que había un sacerdote que quería venir a darnos una información?”
Barrera asiente con un gesto. Los padres se refieren, claro, al sacerdote y defensor de migrantes Alejandro Solalinde, quien ha manejado la versión de que los desaparecidos están muertos y fueron “quemados vivos”.
Retoma la voz el padre que hizo la pregunta: “Pues acordamos que no queremos que venga, que si tiene alguna información, la entregue a la PGR”.
“Sí, que la entregue en la PGR”, dice fuerte, desde las gradas, una de las madres, como si alguien no hubiera escuchado.
Apoyo armado
La jornada de protestas de hoy arranca antes del amanecer. No han dado las seis de la mañana cuando miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC), armados, bloquean todos los caminos que pasan por Tixtla. Las camionetas de transporte colectivo no se dan abasto para llevar a la gente que cruza los bloqueos a pie para tratar de llegar a Chilapa y a la Montaña.
En el crucero que va hacia Tlapa, el mando lo lleva una mujer treintañera, en cuya familia hay normalistas de Ayotzinapa: “Nosotros tenemos presos (Nestora Salgado y Gonzalo Molina, entre otros), pero están vivos. En cambio los normalistas tienen desaparecidos, que no sabemos si están vivos o muertos. Es escalofriante”, va contando, mientras se levanta la capucha para dar sorbos a su vaso de café.
Mientras la fila de autos y camiones crece, la comandante reseña la historia de su organización, las divisiones, el acoso del gobierno, la prisión de Nestora “por misoginia”, aunque vuelve siempre a “lo que importa hoy”: hallar a los normalistas.
Mientras la CRAC-PC mantiene el bloqueo, la marcha nuestra de todos los días tiene lugar en Tixtla. Unas 3 mil personas, entre pobladores, maestros de la Ceteg y normalistas de todas partes del país, hombres y mujeres que ahora se acomodan en los dormitorios de una sola escuela.
El desfile concluye con un mitin bajo los monumentos consagrados a Vicente Guerrero e Ignacio Manuel Altamirano, dos ilustres tixtlecos (la frase del segundo, “Antes que la compasión está la justicia”, es la escenografía de la protesta).
Se anuncia, para terminar, la toma “indefinida” del ayuntamiento, que funciona en una casa donde vivió el general Guerrero.
El rector y el incendio
No han regresado todos a la escuela cuando Ayotzinapa recibe la visita del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña, a quien se ha mencionado –a la michoacana– como posible interino en caso de que Ángel Aguirre deje el cargo.
Saldaña es acompañado por un nutrido grupo de colaboradores y por los dirigentes de los dos sindicatos de la institución. Han traído despensas y artículos de higiene personal, además de alguna donación en efectivo.
En la puerta, Omar García, uno de los dirigentes de la normal, le espeta: “Aquí, fuera protagonismos”. Se prohíbe entonces tomar fotos.
El estudiante también reprocha al rector que se hayan suspendido clases cuando los normalistas marchan. “Para desmovilizar” a los universitarios que quieren apoyar, dice (sólo ocurrió una vez, dice un colaborador del rector; han sido como cinco, reclama un normalista).
Ya dentro de la escuela, Saldaña y sus acompañantes se reúnen con un grupo de familiares de los desaparecidos. El rector evoca sus orígenes humildes (“que me causaron una gastritis que no me permite ni comer”), el apoyo que Ayotzinapa dio a la lucha por la autonomía universitaria en 1960 y su intervención para que tres estudiantes de la UAG secuestrados en la Tierra Caliente fueran liberados por sus captores.
También se declara católico. Poco antes, se ha informado que la universidad, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa y la escuela normal convocan a una “marcha-peregrinación” este jueves, de Ayotzinapa a la catedral de la capital guerrerense (más o menos unos 20 kilómetros).
Ya entrado en un apoyo “de todo corazón”, el rector se ofrece como mediador entre los familiares y el gobierno federal.
“¿Mediador? Si tenemos interlocución directa”, dice un dirigente estudiantil, quien refiere que los primeros contactos con el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron dos reuniones con el subsecretario de Gobernación, pero que después ha sido “con puros de arriba”.
El 10 de octubre, dice, los recibieron en la sede de la PGR el titular de esa dependencia, Jesús Murillo Karam, además del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En esa reunión, agrega, estuvieron también el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, y el secretario particular del Presidente, Aurelio Nuño.
La jornada concluye con el incendio de la sede estatal del PRD, a cargo de normalistas y maestros. Además de la quemazón, dejan su huella sobre el amarillo peerredé de una pared: “Traidores narcogobiernos”.
