Consecuencias negativas no sólo para los 31 condenados a muerte, sino para casos futuros.
Jesús Aranda
La Jornada
El «gobierno» mexicano encontrará en un futuro ‘‘obstáculos muy significativos’’ para salvaguardar los derechos de los mexicanos ‘‘en situación delicada’’ en Estados Unidos, aseveró el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor, quien agregó que la llamada ‘‘preclusión procesal’’ –avalada por la justicia del vecino país– tendrá consecuencias negativas no sólo para los 31 connacionales condenados a muerte, sino para casos futuros.
Al participar ayer en la presentación del libro La Corte Internacional de Justicia en la protección de los derechos del individuo: caso Avena, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sepúlveda Amor dijo que esa tesis de la justicia estadunidense ‘‘es algo perverso’’, porque implica que si un individuo en primera instancia no reclamó su derecho a ser apoyado por el consulado de su país –con base en la Convención de Viena– no podrá hacerlo en otras instancias.
En el acto de presentación del libro, encabezado por el ministro presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, el también ex canciller mexicano y quien formó parte del jurado que condenó a Estados Unidos en el caso Avena, advirtió que la situación de los connacionales en el vecino país es ‘‘sumamente crítica’’ y ‘‘absurda’’, pues ya sea por ignorancia o por falta de conocimiento, o porque las autoridades no les han informado sobre el derecho a recibir protección consular al momento de ser detenidos, quedarán en estado de indefensión en el proceso penal que se inicie en su contra.
Fallo histórico
Al comentar el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de marzo 31 de 2004, en el que condenó a Estados Unidos por haber violado la Convención de Viena y le ordenó reponer el procedimiento de 52 mexicanos sentenciados a muerte, el ex canciller advirtió también que una vez que la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el Congreso debe emitir una ley que establezca la obligación de los tribunales locales de respetar y cumplir los fallos de la CIJ –lo cual no ha hecho–, el gobierno mexicano debe hacer gestiones ante el Congreso de ese país para que se apruebe una legislación en ese sentido y se implemente la resolución favorable a nuestros connacionales.
En caso contrario, advirtió, ‘‘vamos a enfrentar dificultades muy serias para salvaguardar la integridad de los connacionales mexicanos que están en el pabellón de la muerte’’.
Por otra parte, el juez de la Corte Internacional de Justicia advirtió que si el «gobierno» mexicano no quiere ser acusado en un futuro ante la propia CIJ, por no cumplir con lo establecido en la Convención de Viena en los casos en que sean detenidos extranjeros en territorio nacional acusados de delitos graves, tiene que implementar mecanismos para que cuando las corporaciones policiacas realicen una captura de ese tipo pregunten primero si la persona aprehendida es mexicana, y que de no ser así, le hagan saber su derecho a contar con la protección consular prevista en el mecanismo internacional.
