Presencia en Michoacán del esbirro de Peña Nieto, Alfredo «Virrey» Castillo, sólo ha agravado la violencia y el baño de sangre

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
La Jornada

Senadores de PRD y PAN demandaron que se valore la separación de Alfredo Castillo como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, después del enfrentamiento entre grupos de autodefensas ocurrido la tarde del martes pasado en la entidad.

La senadora panista Luisa María Calderón hizo un llamado a recuperar el orden y la certidumbre en el estado para que las autoridades presten urgente atención a los llamados de alerta de las denominadas fuerzas rurales, pues según la legisladora los hechos que se suscitaron el martes pudieron haberse evitado.

Agregó que la violencia que prevalece en la región de Tierra Caliente no encuentra una respuesta viable «debido a la visión limitada del conflicto por las autoridades federales», que incluso ha provocado el surgimiento de grupos antagónicos dentro de las llamadas fuerzas rurales por la falta de control en los mismos.

«Hubo alguien que los legitimó y se dejó llevar por las autodefensas para encontrar a los cabecillas; les permitió hacer uso de armas exclusivas del Ejército y no detuvo a ninguno; les dio uniformes y les dijo que les iba a pagar», subrayó la senadora.

El coordinador perredista Miguel Barbosa señaló que es un hecho que la estrategia federal para Michoacán fracasó. El enfrentamiento entre autodefensa, «evidencia que debe ser revisada la figura y la presencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán».

Además, dijo el perredista, también evidencia que «las autodefensas no son fuerzas del orden, no son fuerzas policiacas regulares, siguen siendo grupos armados con rivalidades y, evidentemente, pueden ocurrir sucesos como el enfrentamiento del martes».

Con lo ocurrido, el Estado mexicano tiene que actuar con mayor inteligencia y eficacia para restablecer la convivencia social en un estado como Michoacán y en todo el país tener un proceso electoral y local que permita el acceso democrático de los ciudadanos a las urnas.

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