Guadalupe Irízar
Reforma
Cd. de México, México (29 octubre 2014).- Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, descalificó y rechazó las versiones de la PGR que pretenden ligar a un grupo de los jóvenes con criminales de Los Rojos y las ubicó dentro de una política de control de daños del Gobierno federal ante la presión nacional e internacional por el caso Iguala.
Rechazó de manera contundente la versión difundida por la PGR, a partir de testimonios de sicarios, de que habría una presunta infiltración de narcotraficantes en los autobuses de los normalistas e incluso alguna relación de los directivos de la escuela normal con los delincuentes.
«No, eso está totalmente fuera de lugar y la Normal Rural de Ayotzinapa, los estudiantes que participaron, que dieron su testimonio, son cerca de 50, están totalmente abiertos para emitir la declaración en la PGR y pueda descartarse esa línea de investigación», apuntó Rosales.
REFORMA publicó hoy que Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, confesó que su organización secuestró a los 43 normalistas de Ayotzinapa porque entre ellos, supuestamente, iban infiltrados con ellos 17 miembros de la banda rival de Los Rojos, de la célula de Santiago Mazari Hernández, «El Carrete».
En entrevista, aseguró que ya tenían algunos datos de esa versión difundida hoy por este diario, y consideró como muy probable el que ésta sea la base de lo que exponga el Gobierno federal en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde comparece por este tema.
«Nosotros ya teníamos conocimiento de lo que hoy publica REFORMA, ya teníamos conocimiento somero de eso; quiero decirte que esa línea ya está desde hace 15 días, sin embargo, es evidente que es la misma Procuraduría la que está privilegiando esa línea de investigación y tiene claro interés político de control de daños», apuntó.
Rosales dijo que les preocupa que privilegien esa línea de investigación, y que el mecanismo de control de daños de parte del Gobierno federal se desata ante la creciente indignación a nivel nacional e internacional.
«Pretenden reducir las graves violaciones de derechos humanos ocurridas el 26 y 27 (de septiembre) a una reyerta de grupos de la delincuencia organizada», comentó el representante de los normalistas.
‘Ajustan números’
Pareciera que el Gobierno federal, dijo Rosales, quiere construir una explicación y ajustar números de presuntos asesinados que han surgido en declaraciones de sicarios ante la PGR y eso surge ante la incapacidad y la imposibilidad para encontrar a los desaparecidos.
«Dentro de la tesis que ellos están manejando, que la PGR maneja, ellos ya establecen, ya tienen ciertos indicios de que 26 de los restos que han localizado pertenecerían a los estudiantes ¿no? Pero faltarían un total de 17 ¿no?», apuntó el abogado.
«Entonces hay una urgencia de la Procuraduría por cerrar el número de los desaparecidos y eso tiene que ver con que las fosas que habían encontrado en Cocula había una tendencia a decir que ellos son, cuando eso no está claro (…) para empezar no se encontraron grandes fosas en Cocula, entonces tampoco pueden establecer el eslabón que se perdió que es de los 17», apuntó el abogado.
Insistió en redireccionar la investigación y centrarse en la búsqueda de vivos y no sólo de restos en fosas que se multiplican en la zona y que no se pierda más tiempo.
Reiteró que sólo reconocerán como ciertos los dictámenes sobre las fosas que avalen los peritos argentinos.
Señaló que las autoridades de diferentes niveles no tomaron las precauciones necesarias ante la información que tenían de que iban los estudiantes a Iguala el 26 de septiembre, día de los hechos criminales.
Entre ellos mencionó al ex Gobernador Ángel Aguirre, a los elementos del Ejército destacados en la zona, y a los funcionarios de seguridad pública estatal y municipal.
Vidulfo Rosales, quien llegó a la Ciudad de México la mañana de este miércoles para asistir a la reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, dijo que irán a Los Pinos los padres de los 43 normalistas desaparecidos y de los muertos ese 26 de septiembre, así como una comisión de cinco estudiantes representantes de la Normal y cinco personas más de la comisión civil de enlace con las autoridades.
«Nosotros esperamos que se redireccione la búsqueda en vida, que no se criminalice a los estudiantes, que el Gobierno mexicano pueda pedir asistencia técnica para la utilización de elementos tecnológicos de punta que permitan hacer una investigación desde otra óptica que hoy por hoy no se está haciendo y la reparación del daño integral a los familiares de los ejecutados y la atención a los lesionados», resumió el abogado.
