Propiedades privadas en franja de Playa Jardín-Playa Azul ponen en riesgo sobrevivencia de la tortuga marina en Michoacán

Carlos Torres Oseguera
La Jornada

Lázaro Cárdenas, 6 de julio.- La franja de playa paralela al boulevard Playa Jardín-Playa Azul, zona de anidación de tortuga marina, se está convirtiendo en un territorio privado para dar paso a negocios de playa, lo que dificulta el acceso al campamento tortuguero del Balsas. Éste es el motivo por el que el año pasado, y todo indica que también este 2014, no se trabajó en la protección de un promedio de 2 mil nidos de tortuga que anualmente se resguardan en la zona.

Luis Reyes Arreguín, encargado del Centro de Protección y Conservación de la Tortuga Marina del lugar, dijo que en 2013 no se instaló porque las propiedades privadas del lugar impidieron el acceso al campamento, y para esta temporada que inicia el 15 de julio el gobierno no ha anunciado si habrá recursos para arrancar el programa de protección del quelonio, toda vez que se adeuda el pago a por lo menos 19 campamentos que se instalaron en el litoral de la Costa michoacana.

La franja de Playa Jardín a Playa Azul, subrayó Reyes Arreguín, es una importante zona de anidación de tortuga golfina e incluso de laúd, pero la invasión del espacio para enramadas y restaurantes está incidiendo en su falta de protección, propiciando el saqueo de huevo y que la presencia al alza de perros callejeros y gatos sea un riesgo más para los quelonios cuando salen a desovar.

Detalló que en su campamento, que opera desde hace más de 20 años, se resguardan por temporada más de 2 mil nidos, pero desde que el boulevard playero entró en operaciones hace cinco años la actividad comercial en la franja de playa se ha incrementado, sin que autoridad alguna defina un estatus por ser zona de arribo de tortuga marina.

Desde hace más de 25 años la tortuga marina está bajo protección en veda permanente. Para su amparo se instalan campamentos donde se rescatan los nidos de las playas y se concentran en viveros para su resguardo hasta el nacimiento de las crías.

Esta actividad es financiada por los gobiernos estatal y federal, que hasta 2012 puntualmente habían destinado recursos para el pago de los recolectores de huevos y campamenteros.

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