Oswaldo Salazar
La Jornada
CUERNAVACA. El Congreso del Estado modificó el Decreto por el que autorizó al Gobierno de Graco Ramírez la contratación del crédito de los 2 mil 800 millones y le ordenó transferir al Poder Legislativo 500 millones de pesos para que sea la cámara de diputados la que lidere y aplique este recurso etiquetado para la construcción de su nueva sede.
La decisión apoyada por todos los diputados de las bancadas de la izquierda, incluyendo a los del PRD -salvo Jordi Messeguer que votó en contra y David Martínez que abandonó el recinto-, evidenció además el rompimiento de los legisladores del sol azteca con el mandatario estatal que, según trascendió, realizó sin éxito múltiples llamadas a los de su partido para tratar de desactivar la rebelión.
En la recta final de la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública solicitó modificar el orden del día para incluir una iniciativa con carácter de urgente y obvia resolución, para modificar el Decreto número 936, por el que el Congreso autorizó en octubre de 2013 al gobierno de Graco Ramírez la contratación del millonario empréstito.
Desde la Mesa Directiva la presidenta Lucia Meza Guzmán trató de impedir la modificación de la agenda, sin embargo el presidente de la Junta Política, el panista Javier Bolaños, exigió que la petición se sometiera a votación.
En una nueva maniobra, el perredista Jordi Messeguer solicitó abrir un receso en la plenaria para abordar el tema, al argumentar que la premura de la presentación de la propuesta seguramente evidenciaría su endeble fundamento; sin embargo el receso fue rechazado.
Sin embargo, con una mayoría integrada por las bancadas del PRI, PAN, PSD, PT, MC, PVE y PNA, la propuesta de integrar la iniciativa al orden del día fue aprobada, pero de manera inmediata, la presidenta Meza Guzmán hizo uso de su facultad y envió de muto propio la sesión a un receso “por un tiempo de 10 minutos”, que finalmente se prolongó por más de dos horas.
Al regreso de la encerrona que protagonizaron únicamente los diputados del grupo parlamentario del PRD ya no hubo marcha atrás y la iniciativa fue aprobada con 25 votos a favor, no sin antes presenciar el reclamo de Jordi Messeguer que acusó a sus compañeros de que “pareciera que les encanta hacer negocios con la obra pública”.
Dijo que al ordenar entregarle los 500 millones de pesos al Congreso, los diputados “quieren ganar ahorita lo que no ganaron en las urnas” y acusó que la decisión “además de una mala broma es un chantaje vil, vulgar y descarado”.
La iniciativa destaca que el próximo 10 de octubre se cumplirá un año de que se aprobó y emitió el decreto que autorizó el millonario crédito y que hasta este día el Poder Ejecutivo no ha podido adquirir el terreno, presentar el proyecto ejecutivo, licitar la obra, ni tampoco iniciar los trabajos de construcción del nuevo recinto del Congreso del Estado para el que se etiquetaron 500 millones de pesos del monto total del empréstito.
Y que ante estas circunstancias se consideró procedente “modificar el decreto de estudio, con el fin de que los recursos destinados este proyecto sean reasignados en favor del Congreso del Estado para que se convierta en líder del proyecto y puedan iniciar los trabajos relativos a la adquisición del predio adecuado y la construcción referida” de la nueva sede.
En el artículo 2 del decreto en mención se estableció que el poder ejecutivo del Estado de Morelos debería destinar estos recursos exclusivamente para financiar la ejecución de obra pública, la adquisición o manufactura de bienes, o la prestación de servicios públicos en 11 rubros específicos.
Entre los rubros en listados se encuentra la construcción de vialidades, la inversión en desarrollo agropecuario y rural, en infraestructura de agua, drenaje y alcantarillado, en educación, electrificación, fomento económico y turismo, salud, modernización catastral, seguridad pública, procuración de justicia, sistemas y tecnologías de información, y destaca el renglón de la “infraestructura y acciones para la prestación de servicios públicos y gubernamentales” donde se incluye la construcción del nuevo recinto legislativo para lo cual el Poder Ejecutivo reservó la cantidad de 500 millones de pesos.
La modificación al decreto fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación o para que le realice observaciones a más tardar en diez días. De publicarse, el Gobierno del Estado, según los artículos transitorios de la iniciativa, tendría que realizar el depósito de los 500 millones de pesos durante los siguientes diez días.
Instruyen una auditoria especial a aplicación del crédito
Previamente, con el respaldo de todas las fuerzas políticas incluyendo a la bancada del PRD -salvo los diputados Jordi Messeguer, Teresa Domínguez y David Martínez, que votaron en contra-, el Congreso ordenó una auditoria especial a la aplicación de los 2 mil 806 millones de pesos, ante la opacidad con que el gobierno del Estado ha incumplido en rendir informes trimestrales al respecto, tal y como se le mandató al autorizar el endeudamiento.
La Comisión de Hacienda fundamentó que en el artículo 12 del decreto que autorizó el crédito, se ordenó la creación de la Comisión Especial de Vigilancia del Poder Legislativo, cuya función sería supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta aplicación de los recursos de los financiamientos autorizados.
Y dado que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado no envió a los integrantes de esta Comisión Especial ningún documento, oficio, comunicación o material, donde se informara el monto, forma y términos de los créditos o empréstitos contratados, ni la información de la aplicación de los recursos correspondientes, se consideró necesario ordenar la auditoria especial.
La auditoría especial al proceso de contratación, ejecución y comprobación del gasto de los créditos contratados por el Gobierno del Estado deberá realizarse en un plazo perentorio de 30 días naturales y no se circunscribirá a la revisión que se practique a la Secretaría de Hacienda, sino que abarcará la Secretaría de Obras Públicas, la de Desarrollo Agropecuario y a todas aquellas dependencias del Poder Ejecutivo que han recibido recursos financieros derivados del crédito.
