Yamillete García Vargas
Quadratín
MORELIA, Mich., 31 de octubre de 2014.- En Michoacán se cometen 700 mil delitos al año de los cuales sólo dos mil 400 llegan a los tribunales para obtener una sentencia condenatoria, aseguró el asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal (Setec), Bernardo León Olea.
Tras participar en una reunión de valoración con los diputados del Congreso local sobre la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en una Fiscalía autónoma, el asesor explicó que tales cifras fueron reveladas en la Encuesta Nacional de Victimización 2013 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por lo que en la entidad hacen falta más ministerios públicos que policías para reducir los índices de impunidad.
Indicó que de los 700 mil delitos cometidos, alrededor del 10 por ciento se denuncian, “y de estos sólo un 4 por ciento tienen una averiguación previa o llegan a tribunales, lo cual es muy poquito”, por lo que consideró que con las nuevas funciones que tendrán los policías y los ministerios públicos en el nuevo sistema de justicia penal, permitirá reducir el 90 por ciento de asuntos que se quedan en el archivo.
“De los 700 mil delitos, el 90 por ciento de las víctimas prefiere tragarse el delito que ir a una agencia de ministerio público, por eso el modelo de ministerio público tiene que cambiar” puntualizó Bernardo León.
En este sentido, el asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, consideró que en el presupuesto si les tienen que dar más dinero y no recortarle a la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría”.
Finalmente, indicó que no es indispensable que la PGJE se convierta en Fiscalía para garantizar el éxito del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán, mismo que entrará en vigor el 7 de marzo del próximo año, aunque sí debe cumplirse con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el otorgamiento de autonomía a la Procuraduría.
