Arturo Rodríguez García
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El Peña Nieto asumió hoy 10 acuerdos planteados por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, como resultado de una reunión celebrada en la residencia oficial de Los Pinos.
Con la promesa de “profundizar” y en su caso “rediseñar el plan de búsqueda” de los normalistas, la integración de un mecanismo de comunicación que pretende evitar filtraciones de información y más facilidades para el trabajo del equipo argentino de antropología forense en la identificación de restos humanos, Peña Nieto mencionó los primeros tres acuerdos.
En un mensaje a medios de comunicación, pronunciado en el salón Adolfo López Mateos, Peña Nieto expuso que la prioridad sigue siendo encontrar a los desaparecidos. Insistió en su indignación personal e institucional.
A bordo de tres autobuses, las familias y estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” arribaron a la residencia oficial alrededor de las 13:00 horas y salieron después de las 20:00 horas de este miércoles. La reunión se prolongó, pues con anticipación, las familias convocaron a una conferencia de prensa a las 5:00 de la tarde.
Durante el encuentro con el Peña Nieto, habrían expuesto distintas preocupaciones, inquietudes, molestias y testimonios, además de presentar el pliego petitorio de 10 puntos, que en todos los casos aceptó el gobierno federal.
El cuarto acuerdo consiste, según Peña, en que a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se les reconozca como una comunidad estudiantil agraviada a la que se le respetan y respetarán sus derechos humanos, su honra y reputación, además de acatar la secrecía en la averiguación previa.
Dicho acuerdo se suscribió luego de que hoy se publicó en medios de comunicación la supuesta implicación de estudiantes con un grupo delictivo, conforme a las declaraciones judiciales de Sifronio Casarrubias, el detenido líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
Además, se suscribió el compromiso de que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá las investigaciones relacionadas que realice la Procuraduría estatal, a fin de evitar doble indagatoria.
Otro aspecto acordado en la reunión consistió en la instrucción de agilizar la “asistencia técnica” que el Estado México solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encausar las medidas cautelares solicitadas a recomendación de ese organismo internacional.
Un sexto punto consiste en investigar toda conducta que pueda resultar relevante para el caso, a fin de evitar la impunidad, así como la integración de un grupo de trabajo para “analizar” los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando perdieron la vida dos estudiantes en un operativo de desalojo.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador Jesús Murillo Karam, el consejero jurídico de la «Presidencia», Humberto Castillejos Cervantes, y el jefe de la Oficina de la «Presidencia», Aurelio Nuño, entre otros funcionarios, Peña Nieto se comprometió a resarcir el daño a los deudos de las seis personas fallecidas el pasado 26 de septiembre, así como a los heridos del ataque en Iguala.
También ofreció un plan de atención a víctimas, pero las familias decidieron dar respuesta en una semana.
En el noveno acuerdo, Peña Nieto se comprometió a realizar un programa de redignificación de las escuelas normales rurales del país, que se desarrollará a partir de la integración de una mesa de trabajo.
Durante su mensaje, Peña Nieto expresó:
“Habremos de ir al final de las investigaciones, dar con los responsables y aplicar la ley tope donde tope”.
