Claudia Guerrero
Cd. de México (11 agosto 2014).- La opacidad en el manejo de los recursos millonarios en la Cámara de Senadores prevalece, a pesar de que se han multiplicado las iniciativas de ley, los acuerdos parlamentarios y los discursos a favor de la transparencia.
Desde hace más de cinco años, la Cámara alta mantiene congeladas diversas propuestas para obligar a los grupos parlamentarios a transparentar las subvenciones que les son asignadas y que superan los mil millones de pesos anuales.
El pasado 23 de julio, senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma para obligar al Congreso a transparentar toda la información sobre su operación y ejercicio de recursos.
Derivada de la reforma constitucional, la propuesta establece que toda la información del Congreso y sus cámaras será pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional.
De aprobarse, la nueva disposición de la Ley Orgánica del Congreso obligará a los legisladores a documentar cualquier acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencia o funciones.
Sin embargo, los legisladores tienen todavía varias «reformas» pendientes.
En 2009, la bancada del PRI en el Senado propuso una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que facultaría a su Contraloría Interna para auditar los gastos que los grupos parlamentarios han mantenido en la opacidad.
La iniciativa planteaba que la Contraloría pudiera investigar posibles irregularidades en el desempeño de los servidores públicos de la Cámara e imponer sanciones.
El 29 de agosto de 2013, el entonces presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, presentó dos iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara alta.
En el primer caso, planteó adicionar dos numerales al artículo 77, para establecer que los grupos parlamentarios remitieran trimestralmente a la Mesa Directiva el informe de los recursos que les fueron asignados y se publicaran en la página de internet del Senado, así como en la Gaceta, en sus versiones electrónica e impresa.
En la segunda, se le otorgaba a la Mesa Directiva la facultad de ordenar la publicación, en la página de internet del Senado, de la estructura desagregada de los órganos de gobierno y del Instituto Belisario Domínguez.
El legislador informó que, mientras las reformas eran procesadas, entraría en vigor un acuerdo parlamentario para obligar a las bancadas a presentar los informes trimestrales.
Al día de hoy, ninguna de las dos reformas ha sido aprobada y el acuerdo tampoco ha sido cumplido.
El 7 de febrero, el Ejecutivo promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia que establece, entre otras cosas, la obligación de los grupos parlamentarios de informar sobre sus gastos.
Cinco días después, legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM plantearon la creación de un nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios, que obligaba a publicar y actualizar sus sitios electrónicos con información financiera.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, donde no ha sido dictaminada.
