Genaro Lozano
Reforma
El metro politécnico está a poco más de dos kilómetros de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), en la zona contigua al cerro de Zacatenco, al norte de la Ciudad de México. En el metro hay un mural conmemorativo de la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que representa a Lázaro Cárdenas, al campo mexicano y la expropiación petrolera al lado del escudo del IPN. Dos estaciones antes, ya se siente el Politécnico cerca: tres estudiantes con credencial colgada en el cuello entran a un vagón, informan a los pasajeros sobre la situación en su escuela y solicitan apoyo para los estudiantes, en paro desde hace 13 días.
Salgo del metro y me encuentro con un alumno de la UPIICSA, una de las escuelas del Poli que se encuentran esparcidas por la ciudad. Caminamos a lo largo de la avenida Wilfrido Massieu, pasamos al lado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde en la entrada una veintena de estudiantes controla el acceso. Buscamos entrar, pero no podemos. Me identifico como columnista de REFORMA y pido hablar con alguno de los estudiantes, pero no me dan acceso. No quieren hablar con medios si no lo aprueba antes una Asamblea. Son los efectos colaterales del #YoSoy132. Proseguimos caminando y pasamos a lado de la Unidad Profesional López Mateos, del Planetario, del Centro de Lenguas. Por todos lados hay puertas cerradas, algunas controladas por policías bancarios, otras por estudiantes. Al llegar al Centro Cultural Torres Bodet damos vuelta a la izquierda. El terreno de Zacatenco es enorme.
A lo largo del camino, el estudiante que me acompaña me dice que él es un moderado, que no está a favor del nuevo reglamento aprobado e impulsado por la Doctora Yoloxóchitl Bustamante, la directora del IPN, pero que él está ambivalente con el paro. Me informa que sí hubo una consulta, que duró más de un mes, que había un largo cuestionario en línea, que sí hubo difusión, al menos en su escuela, y que él se sentía un poco culpable por no haber hecho caso de lo que decía la consulta, pero que al final, el nuevo reglamento sí cumplió con ese requisito de consulta previa, que por ello «ya se chingaron».
Al llegar a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) hay unas 40 personas deliberando: es una asamblea de personal administrativo. Entre ellos hay un hombre que lee detenidamente el nuevo reglamento interno, hace anotaciones con tinta roja y realiza un comparativo con el reglamento anterior, que data de 1988 y que fue revisado en 2004. «El nuevo reglamento atenta contra los derechos de los trabajadores del Poli, además está lleno de ambigüedades», me dice. Me señala una a una sus dudas y se concentra en los artículos 81 y 82 en donde ahora las relaciones laborales del personal administrativo quedarán sujetas a «normatividad aplicable», lo que sea que ello signifique. Una mujer del personal administrativo me dice «quieren cambios y ni siquiera arreglan los laboratorios, que están en ruinas». La Asamblea de administrativos de ESIME manifiesta su apoyo a los estudiantes en paro.
En el estacionamiento de la ESIME también hay profesores. Una de ellas me explica a detalle sus problemas con el nuevo reglamento. «Nos quieren evaluar, pero no nos dicen cómo» «Hay demasiada ambigüedad, también en la parte docente aplican la frase ‘normatividad aplicable’, especialmente para la evaluación». «Nos quieren evaluar como si fuéramos profesores de secundaria, sin diferenciar las distintas disciplinas», me comenta otro profesor quien se identifica como líder de una sección del sindicato de docentes. Mientras hablo con ellos, otro de los profesores, perteneciente a otro sindicato, toma un altavoz y declara: «La guerra contra la comunidad del Politécnico ya ha sido declarada, y lo hizo Yoloxóchitl y su deseo de instaurar un régimen fascista».
Los otros profesores coinciden. Para ellos, el nuevo reglamento aumenta las atribuciones de los directivos del Instituto, en perjuicio de los docentes, a quienes retira de la participación en las modificaciones de planes de estudio. Temen perder sus plazas docentes. En el fondo, también temen el cambio. El alumno que me acompaña les pregunta sobre la consulta que se hizo en agosto. Una profesora le responde que el sistema de Internet presentó muchas fallas, que no es solo un tema de «socializar» el nuevo reglamento, que son insuficientes los ocho días que ofreció Yoloxóchitl para poder entender los alcances legales.
Caminamos finalmente hasta la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la primera que inició el paro el 17 de septiembre pasado. Ahí está convocada una Asamblea de estudiantes a las 2 pm. Logro entrar al edificio tomado. Adentro hay unas 30 personas. Platico con un integrante del comité de prensa y propaganda. Básicamente coincide con los administrativos y con los docentes que he platicado. Me extraña que nadie menciona lo de la «lucha contra el capitalismo» y que las «reformas de Peña quieren entregar mano de obra barata», como he visto en varios medios.
La Asamblea da inicio y pide la destitución de Yoloxóchitl. «Si ella nos desconoció como estudiantes, es hora de desconocerla a ella, ¡que se jubile!». Docentes, administrativos y estudiantes apoyan la moción de la Asamblea. Pese al diálogo convocado con Gobernación, creo que Yoloxóchitl ya perdió su guerra.
