Rubicela Morelos Cruz
La Jornada
Cuernavaca, Mor. A 13 días de que la Junta Política y de Gobierno del Congreso local dio entrada a los juicio de procedencia contra los diputados Alfonso Miranda (PT) y Manuel Martínez Garrigós (PRI), la Comisión de Gobernación y Gran Jurado no ha iniciado los procesos de desafuero de ambos legisladores.
La Fiscalía General del Estado, acusa a Miranda de abuso de autoridad y ultrajes en contra de policías de investigación criminal, luego que los uniformados retuvieron, en junio de 2014, un camión del legislador presuntamente porque la serie del vehículo estaba “remarcada”, pero tres meses después se lo tuvieron que entregar porque el legislador comprobó que el camión era de él. A Garrigós, la Fiscalía, pretende fincarle un proceso penal por peculado agravado, por un desvío de 76 millones de pesos cuando fue alcalde de Cuernavaca.
Fue el pasado 5 de noviembre de 2014 que el titular de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Dorantes, solicitó ante el Congreso local un juicio de procedencia contra el legislador Miranda; en tanto la solicitud de juicio de procedencia, contra Garrigós, la solicitó el fiscal el pasado 30 de octubre 2014. Pero fue hasta mediados de noviembre pasado que los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarios determinaron la procedencia de esas dos solicitudes de la fiscalía.
“(Hoy) ya tiene 13 días que la Junta Política y de Gobierno determinó que si había procedencia en las dos solicitudes del fiscal del estado y tuvieron a bien notificar a la comisión de Gobernación y Gran Jurado, yo quiero decir con mucha tristeza, y a la vez sorpresa porque no ha habido una respuesta de parte de la comisión de Gobernación y Gran Jurado, ya que la presidenta (de esa comisión Amelia Marín (PAN) se ha negado a recibir estas solicitudes”, aseguró la presidente de la mesa directiva del Congreso local, Lucia Meza.
La diputada del PRD, Lucia Meza, confirmó que los delitos que se les acusan a los legisladores son: abuso de autoridad y ultrajes y peculado agravado, “de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su articulo 25, nosotros le damos entrada, nosotros no juzgamos ni prejuzgamos sin es viable por ese tipo de delitos o no, solo verificamos que de acuerdo a la ley se cumpla y con el 136 y el 142 de la Ley de Responsabilidades si cumplen con esos requisitos, son los requisitos para darle procedencia sí cumplen adelante le damos entrada”, afirmó la legisladora del PRD.
