Noé Zavaleta
Proceso
XALAPA, Ver. (apro).- Familiares de desaparecidos recriminaron hoy al gobernador Javier Duarte por faltar a su palabra de recibirlos cada 15 días para “revisar” expediente por expediente e intensificar la búsqueda de sus seres queridos.
En el marco del Foro Regional para la Elaboración del Primer Programa de Atención Integral a Víctimas, evento al que no acudió Duarte de Ochoa, familiares de personas “levantadas”, “secuestradas” o que simplemente se fueron sin dejar rastro, recriminaron ante la prensa y autoridades que el “discurso oficial” se quedó muy lejano de la realidad, pues al día de hoy pocos casos han sido resueltos.
Los inconformes, provenientes de municipios como Xalapa, Cosamaloapan, Xico, Córdoba, Veracruz, Orizaba y Boca del Río, expusieron caso por caso las negligencias y arbitrariedades policiacas y de la propia autoridad ministerial.
Pedro Mavil, del municipio de Xico, expresó que su hija Gema Mavil Hernández se trasladó a la capital del estado, y según testigos fue secuestrada en pleno Centro Histórico, a sólo cuatro cuadras del Palacio de Gobierno, donde supuestamente hay videocámaras y un fuerte dispositivo de seguridad.
Cinthya Llinas también reprochó a autoridades estatales que su hijo Mario Espinosa Llinas, de 21 años, desapareció desde enero pasado cuando salía de su trabajo como “staff de seguridad” en un bar de Xalapa y nada se ha vuelto a saber de él.
Minerva Espinoza Ramos denunció que su esposo Guillermo Quijano desapareció desde junio de 2012 en Tlapacoyan, en medio de una ola de secuestros y extorsiones, y que hasta el momento la Subprocuraduría Regional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no han desplegado algún operativo para poner fin a la inseguridad en la zona, ni buscar a los desaparecidos.
Los quejosos coincidieron en que ya han solicitado la reapertura de expedientes, los videos de las cámaras de vigilancia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), reanudación de investigaciones ministeriales, así como la toma de muestras de cuerpos que han aparecido en algunas narcofosas y, en la mayoría de los casos, han recibido una negativa del gobierno de Duarte para tener acceso a esas diligencias.
En la entidad se tiene un registro de 665 desapariciones forzadas, producto de “levantones”, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales –Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación–, así como detenciones arbitrarias.
De ese total, según las estadísticas de la PGJ, 144 fueron casos involucran a menores, lo que ha provocado la indignación ciudadana.
La mayoría de los familiares de los desaparecidos, según documentó Proceso en su edición 1959, se queja por el “tortuguismo” con que se conducen autoridades de la PGJE y demás instituciones encargadas de velar por la seguridad pública: Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Unidad Especializada Antisecuestros y Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
